La industria minera canadiense que tiene inversiones en México, ha levantado la voz para reclamarle al gobierno federal, las “condiciones desfavorables” en materia fiscal y también por cuestiones de seguridad, reclamos que han llegado hasta la oficina del presidente.
La Cámara de Comercio de Canadá en México (CanCham), mandó una carta al presidente Enrique Peña Nieto en donde las empresas mineras de ese país con operación en territorio nacional, acusan la debilidad del Estado de Derecho y falta de apoyo de las instituciones para que mantengan sus inversiones.
En el documento, enviado el pasado 27 de octubre, la CanCham describe “que los esfuerzos realizados por la Secretaría de Economía y sus dependencias para atraer inversiones pierden efectividad cuando los mineros canadienses se enfrentan a un clima complejo para la conducción de los negocios”, una vez establecidos en el país.
“La realidad que se vive en México ha hecho que el país bajara del número 24 al 37 en el ranking global de percepciones de inversión del Instituto Fraser para 2016”, destacaron.
Refieren que también hay incertidumbre jurídica, sobre todo en temas de tenencia de la tierra pero también en otras áreas, que tienen que ver con regulaciones ambientales y seguridad.
“MAG Silver y Excellon Resources tienen inversiones importantes paradas en los estados de Chihuahua y Durango por incertidumbre jurídica relacionada con la tenencia de la tierra”, señaló la CanCham.
“Otro ejemplo ha sido las propuestas de Áreas Naturales Protegidas en zonas de Zacatecas y Hidalgo, donde mineras de origen canadiense han hecho cuantiosas inversiones en exploración y pago de concesiones, con el riesgo posteriormente agregado de cambio radical en las reglas para el desarrollo de potenciales proyectos”, comentaron.
También acusan sobre condiciones fiscales cada vez más desfavorables, pues dicen que la imposición de los nuevos derechos sobre la minería en el 2013 golpeó fuertemente a la inversión.
Y a pesar de esto, las empresas mineras de Canadá, poseen más de 70% de los proyectos de exploración, desarrollo y producción de metales preciosos como oro y plata del total de las empresas con capital extranjero que operan en México, según cifras de la Secretaría de Economía (SE).
Pero para las empresas mineras canadienses, México comienza a ser un país que ha perdido el brillo y por las complicaciones que menciona la CanCham, pierde potencia en materia de competitividad.
“Países que compiten por la inversión minera como Australia y Argentina redujeron los impuestos sobre la industria en los últimos años. La mayoría de los países mineros no han cambiado su estructura fiscal para el sector”, agregaron.
Esto lo ratifica el informe del Instituto Fraser, que asegura que “México perdió el atractivo para la inversión minera global en 2015 en contra de países como Chile y Perú en América Latina”.
Según la cámara canadiense, sus empresas sufren de una política de recaudación agresiva del SAT, con el número de auditorías en aumento, cosa que se vuelve cada vez más complicado para ellos.
“Al mismo tiempo, el SAT toma mucho tiempo para rembolsar el IVA a las empresas, con atrasos de un año o más para varias empresas grandes y para pequeñas exploradoras, que son las que más necesitan flujo de capital por encontrarse en la fase más riesgosa de la actividad minera, y sin ganancias”, destacaron.
Finalmente, también señalaron que el número de empresas exploradoras que abandonan México en los últimos años crece de forma alarmante, lo cual afectará el número de proyectos mineros avanzando en los próximos años “porque la exploración es la base de la industria”.
Y a pesar de las exigencias de la Cncham, reportes de organizaciones sociales han señalado sistemáticamente a las empresas mineras canadienses de estar involucradas en hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.
Según un informe del Proyecto para la Justicia y la Rendición de Cuentas Corporativa (JCAP, por sus siglas en inglés), una organización de abogados canadienses, han documentado estos casos.
“En los últimos 15 años, seis proyectos mineros operados por empresas canadienses en México estuvieron vinculados con hechos violentos: ocho personas fallecieron, dos desaparecieron, 14 fueron heridas, 35 fueron detenidas y 83 enfrentaron la justicia2, dice el JCAP.
De acuerdo con el JCAP, cuatro de cada diez empresas mineras que operan en América Latina son de origen canadiense y "entre 2000 y 2015, al menos 28 de ellas estuvieron involucradas en afectaciones a los derechos humanos en 14 países del subcontinente".
“Con base en este padrón, la organización observó la “proximidad” entre los proyectos, la violencia y la criminalización, así como la “posible complicidad” de las mineras en contextos de violaciones a derechos humanos”, dice el JCAP.
En su informe el JCAP, un conglomerado de abogados y estudiantes en derecho que aporta ayuda legal a las comunidades afectadas por las actividades extractivas de empresas canadienses, señaló que en sus reportes de actividades, “las empresas mineras ocultaron tres de cada cuatro eventos que provocaron muertes, así como nueve de cada diez casos que generaron heridos”.