La provincia de Buenos Aires presentó una serie de $ 165 millones de un programa total por $ 750 millones para que las intendencias compren maquinaria vía este sistema
La obra pública es el eslabón de la cadena productiva que la administración de Cambiemos busca por todos los medios que empiece a despegar para reactivar parte de la economía.
En medio de una carrera de toma de deuda de casi todas las administraciones provinciales que en un principio se utilizaría para incentivar las obras, y de números negativos en el sector de la construcción cayó 13,1% en septiembre la provincia de Buenos Aires lanzó un fideicomiso con el fin de que los municipios puedan endeudarse de esta manera para la compra de bienes de capital necesario y no se destine a gasto corriente.
Ayer, con la presencia del ministro de Economía de la provincia, Hernán Lacunza, y el titular de Provincia Leasing, Santiago Gallichio, se lanzó el primer Fideicomiso Financiero por $ 165 millones con la intención que sea utilizado por las administraciones municipales como herramienta de financiamiento de la obra pública.
Este fideicomiso es la primera parte de un programa por $ 750 millones principalmente para la compra de maquinaria. Desde el Ministerio incentivarán a los intendentes para que utilicen la herramienta, que será colocada en el mercado de capitales, para obras en segmentos como el agro, la industria, construcción, el sector público, la adquisición de maquinaria, etc.
La presentación se realizó en el auditorio del Banco Valores, entidad financiera que actúa como organizador, fiduciario y colocador; por lo que estuvieron presentes Juan Nápoli y Norberto Mathys, presidente y vice de la entidad.
"Esta es la primera serie de un programa mucho más amplio que llega a los $ 750 millones que tiene como objetivo que los municipios generen deuda para obra y no para gasto corriente", explicó Mathys en conversación con El Cronista.
"La semana que viene se realizará la colocación y a partir de ese momento los municipios va a poder hacer un contrato de leasing para adquirir maquinaria para la construcción en donde la Provincia llevará adelante un mecanismo de cobranza debitando el pago mensual directo de la cuenta del municipio, y nosotros actuamos como fiduciarios", agrego el ejecutivo.
La emisión del fideicomiso securitizará derechos de crédito originados en contratos de leasing sobre bienes y equipos a municipios bonaerenses, emitiendo un título fiduciario senior por $128.570.880 con calificación AAA, un bono semisenior de $19.780.135 y un certificado de participación de $16.483.446.
Por su parte, el ministro Lacunza hizo referencia a que después de un año de gestión "logramos que casi la mitad de los municipios se encuentren en equilibrio fiscal siendo que 109 de los 135 municipios a diciembre de 2015 eran deficitarios".
Por último, Nápoli se mostró optimistas y dijo que la entidad que preside será "el principal depositario de fondos de inversión por sinceramiento fiscal".
Con cambios para favorecer a la industria nacional y a las pymes, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró ayer emitir dictamen de comisión del proyecto para crear un régimen de Participación Público Privada (PPP) en el desarrollo de la obra pública.
El acuerdo, que involucra al Bloque Justicialista y a la mayor parte del Frente Renovador, se alcanzó luego de una reunión del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, con la cúpula de la CGT y otros sindicalistas, preocupados por los efectos del nuevo régimen.
Entre otros cambios, los sindicalistas se aseguraron que los bienes y servicios contratados durante las obras tendrán "como mínimo un tercio de componente nacional". La versión anterior del dictamen, ya modificado durante el fin de semana a pedido del massismo, fijaba ese porcentaje en un 25%.
La iniciativa, cuyo tratamiento había fracasado durante la sesión del miércoles pasado en un traspié doloroso para el oficialismo, será debatida hoy en el recinto, junto con el presupuesto y los superpoderes. De aprobarse volverá al Senado, donde fue votada el 21 de septiembre, por amplia mayoría. En Diputados, la aprobación parece asegurada, pese a que un sector del massismo, con Facundo Moyano y Felipe Solá como caras visibles, mantiene su rechazo a la iniciativa.
A lo largo de 33 artículos, el proyecto habilita al Estado a adjudicar contratos, por medio de un régimen especial y más flexible, a empresas que se provean su propio financiamiento, dinero que podrán recuperar después de terminada la obra. Si hacen una ruta será con el peaje; si hacen una represa, con la venta de la energía durante los años que dure una eventual concesión por parte del Estado. En 2017, esta modalidad podrá alcanzar hasta un 5% del presupuesto. El kirchnerista Axel Kicillof advirtió que podrá llegar a afectar hasta un tercio del total de la obra pública.
La discusión será ardua: para el oficialismo, el régimen es una pieza clave para atraer inversiones y desarrollar proyectos de obra pública para los que el Estado no tiene financiamiento; el kirchnerismo, la izquierda y diputados de otros bloques sostienen que está hecho "a medida" de las empresas, y que representa una "entrega" de la soberanía nacional.
Para conseguir el respaldo del Frente Renovador, uno de los artífices del fracaso de la sesión del miércoles pasado, el oficialismo introdujo varios cambios al dictamen. Además del mínimo de componente nacional en los contratos de PPP, se dispuso que los procedimientos de contratación deberán promover la participación de las pymes, y el fomento de la industria y el trabajo nacional.
Además se crean mecanismos para fortalecer el control. Una comisión bicameral de seguimiento de los contratos PPP tendrá acceso a toda la información, sin poder oponérsele cláusulas de confidencialidad. La unidad de PPP, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, estará alcanzada por la ley de libre acceso a la información pública.
El choque de posiciones se produjo ayer durante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto. "Después del presupuesto, éste es el proyecto más importante que ha generado este Congreso a efecto de la integración federal. En un país en que falta ahorro, este mecanismo de financiamiento es esencial", dijo el macrista Eduardo Amadeo, en el inicio del debate.
Sobre el final, la respuesta corrió por cuenta de Kicillof. "Vamos a estar ante un régimen de contratación de casos particulares, desde el cordón cuneta y la cloaca hasta una usina eléctrica. Todo sin respetar el derecho administrativo argentino", sostuvo.
Uno de los puntos más cuestionados es la prórroga de jurisdicción, en casos de litigios, a favor de tribunales arbitrales. "Es una ley hecha para darle todas las garantías al privado, dejando al Estado en desventaja. Con la inflación que tenemos, a los 5 meses los privados van a reclamar ante tribunales internacionales. Lo veo en los concesionarios de las rutas", dijo Moyano, que anticipó que votará en contra. En el oficialismo responden que la prórroga de jurisdicción ya estaba prevista desde 2005, por un decreto firmado por Néstor Kirchner y Roberto Lavagna.
Sí
El debate por el proyecto del PPP generó una gran interna en el bloque del Frente Renovador (FR). Marco Lavagna y Juan Brugge hablaron a favor de la iniciativa. José Ignacio De Mendiguren se opuso en un principio, pero tras los cambios en el dictamen, que favorecen a la industria nacional y a las pymes, cambió su posición y comprometió su respaldo al proyecto.
No
Facundo Moyano y Felipe Solá conservan su resistencia a acompañar la iniciativa, a pesar de que el proyecto volvió a comisión, donde se le hicieron cambios. El hijo de Hugo Moyano cree que algunos diputados más pueden sumarse a su posición, pero no pretende desafiar la autoridad de Massa, que bajará la orden de aprobar el dictamen con las modificaciones.
