Análisis. Para el especialista de la PUCP, este proyecto minero puede salir a flote con una reingenería. Sandro Maccasi considera que la empresa cometió muchos errores. Su imagen adversa del pasado y su mala estrategia de comunicación.
Arequipa. Tía María es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere impulsar un proyecto minero en una zona de influencia agrícola. El especialista en prevención de conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Sandro Macassi, hizo un análisis de este conflicto desatado en el valle de Tambo, provincia de Islay que rechaza la actividad minera.
Southern llegó a Tambo hace siete años con una imagen adversa. Según el especialista, arrastraba los pasivos de la refinería de Ilo, cuyos humos llegaron en la década de los setenta hasta Islay y malograron los cultivos. Con Tía María en marcha, no hubo una estrategia de relaciones comunitarias ni preocupación por el agua que demandaba la mina para sus operaciones. Solo se enfocaron que el proyecto traería beneficios económicos.
"El discurso era que dinamizarían la economía. Importaron un modelo con beneficios sociales para otras regiones, sin tener en cuenta las características del valle", indicó Macassi.
Para el especialista, ese discurso funciona para poblaciones pobres que fácilmente aceptan la oferta de la empresa, no tienen otra opción. Pero el valle tiene un desarrollo económico propio, no es fácil de convencer. Por el contrario, percibieron a la minería como una amenaza para la producción agrícola.
También hubo un maltrato de los representantes de la minera a los pobladores. Sus programas de capacitación para jóvenes y mujeres no funcionaron. Ello desencadenó hasta en tres episodios de crisis y creció la polarización. Con las observaciones que hizo la Unops (Naciones Unidas) al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) agravó la situación. Se le hizo cientos de observaciones al EIA.
Los agricultores dudaron por la ambigüedad que mostró la empresa frente al uso del agua. Southern anunció en su EIA que querían abastecerse primero de un acuífero y luego del mar. Se rompió la confianza.
Pese a los problemas que enfrenta el proyecto, el especialista considera que Tía María puede salvarse si hace una reingeniería en varios aspectos. Primero se debe garantizar el agua para el valle. Después cree que se debe ceder la concesión a otra empresa con mejores credenciales ambientales y social y quizá así en 10 años se puede retomar el proyecto cuprífero.
Macassi también resaltó que el conflicto social no solo fue por los errores de la empresa, sino también por la inacción del Estado. Eso costó cinco vidas. Se suma los errores de los dirigentes que quisieron negociar el conflicto con la empresa.
Tía María es un solo caso. En la actualidad existen 145 conflictos socioambientales activos y latentes. De ellos 91 están relacionados a la actividad minera, le siguen los de actividade hidrocarburíferas (25) y luego de energía con 13, etc.
Para el especialista, los conflictos son procesos sociales. Tienen causas estructurales, históricas, pero también se alimentan de percepciones y valoraciones erróneas o falsas. Estas se agudizan con acciones de fuerza y ruptura de comunicación conduciendo a periodos de crisis, donde se presenta la violencia. Despúes del conflicto siguen los periodos de negociación que terminan en acuerdos, pactos o mesas de diálogo,
Un conflicto no se inicia cuando se anuncia la confrontación. Las marchas de protesta, tomas de locales u obstrucción de carreteras tiene un estado de maduración.
Hay muchos conflictos que llegan a este nivel, porque han pasado por diferentes etapas donde se han desperdiciado oportunidades para su solución. Cuando estalla el conflicto genera la ingobernabilidad del Estado.
La mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en Apurímac (24 casos), Áncash (22) y Puno (18).
También aclaró que no todo conflicto llega a una etapa de confrontación o de manifestación violenta. Hay algunos donde la intervención del Estado es oportuna.
