Andalgalá recibió $8.166.057, mientras que Aconquija obtuvo $2.281.815.

El emprendimiento La Alumbrera fue el que más recursos aportó en concepto de regalías. Andalgalá receptó más de 10 millones de regalías El emprendimiento La Alumbrera fue el que más recursos aportó en concepto de regalías.

Mediante resolución de la secretaría de Minería de la provincia (119), se autorizó a emitir los pagos en concepto de regalías mineras correspondientes al cuarto trimestre del 2014 para los municipios, según consta en el Boletín Oficial (Nº 87). Los fondos provienen del yacimiento Bajo La Alumbrera, Minera del Altiplano y Minera Maktub. En este marco, el departamento Andalgalá receptó 10.470.537 pesos.

En total, entre reparticiones primarias y secundarias, que son las que se destinan a las comunas, se oficializó el depósito de un total de 33.894.586 pesos en concepto de regalías mineras.

Este monto es el total diferenciado, puesto que se excluye lo que se transfiere a la Tesorería General de la provincia. En este último concepto, la cifra es de $24.963.658.

De acuerdo a lo que estipula la norma de repartición de regalías, los departamentos que reciben un mayor monto en este concepto son Belén y Andalgalá.

Entre ambas subjurisdicciones la suma es de $20.941.074.

En este marco, sólo minera La Alumbrera bajó a Belén un total de $10.447.872. Entre las reparticiones, la ciudad cabecera se lleva $3.669.292; es decir, el 35 por ciento del total.

En los demás distritos, los porcentajes varían entre el 4 y el 13 por ciento, siendo Hualfín el segundo con mayor ingreso, lo que le deja para el periodo citado como pago un monto superior al millón de pesos -$1.538.223-.

En tanto, para el departamento Andalgalá el yacimiento le bajó el mismo monto de $10.447.872. Sin embargo, en este caso, sólo se dividen en dos las jurisdicciones, siendo por un lado la cabecera departamental y por el otro, Aconquija.

El primero recibió $8.166.057 -el 78 por ciento de acuerdo a la repartición-, mientras que para el segundo se le depositó $2.281.815.

Cabe acotar que tanto para Belén como para Andalgalá los aportes de Minera del Altiplano como Maktub SRL son mínimos en comparación a La Alumbrera. Para el caso, en la “Perla del Oeste” el aporte en conjunto de las dos últimas firmas mencionadas alcanza solamente los $22.664.

Por otra parte, se asignaron los pagos correspondientes a la distribución secundaria de regalías mineras a los restantes municipios de la provincia. Con respecto a estos recursos de distribución, el yacimiento otorgó un pago por un total de $12.418.042.

Así, a los 13 departamentos que conforman este apartado se les depositará la suma de $746.276 a cada uno, con sus respectivas divisiones porcentuales para cada distrito incluido dentro de su jurisdicción.

Dentro de la distribución secundaria se incluye a Santa María, pero en los recursos que recibe este departamento se contempla el hecho de que provee con el agua necesaria para transportar el material a través del mineraloducto.

Así, a este departamento se le abonó una suma de $2.716.446 (sólo por La Alumbrera), dividido entre la cabecera con un 55 por ciento -$1.494.045- y San José.

Leonardo Domínguez

La gestión de Uñac ve bien volver atrás y que los municipios las puedan destinar solamente a obras.

Hace poco, la bloquista Graciela Caselles aseguró que habría que volver al viejo sistema que permitía usar las regalías mineras únicamente en obras. Lo dijo la correligionaria y amiga del iglesiano Mauro Marinero, el mismo que utilizó los recursos extraordinarios que provienen de Veladero para contratos y becas, y agrandar la planta de personal.

Sea como sea, con autoridad o no, el tema está planteado y según fuentes calificadas del oficialismo, en Casa de Gobierno ven con buenos ojos poner de nuevo el corsé y dejar sin efecto el decreto giojista que permite aplicar una parte de ese dinero a gasto corriente. Un hecho que traza la línea a seguir es el fondo minero creado por la gestión uñaquista, que sólo se puede destinar a infraestructura y emprendimientos productivos para el desarrollo de las comunidades influenciadas por la actividad.

En el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento, Caselles se incomodó al hablar de cómo Marinero utilizó las regalías. Y con más incomodidad aún, anunció que le iban a plantear a sus socios del PJ un cambio en la reglamentación de la ley, para volver en el tiempo. No es otra cosa que bajar el decreto de Gioja y retomar el viejo mecanismo que limita el gasto a obras de infraestructura que generen un desarrollo sustentable de los departamentos con minería a gran escala.

En Paula y Libertador se muestran cautos y no hablan de la cuestión públicamente. Pero fuentes del entorno íntimo de Uñac levantaron el pulgar y afirmaron que la idea cae bien, aunque sin dar por hecho que la llevarán a la práctica. “Es algo que ya se venía hablando”, contaron. El gobernador Sergio Uñac y su ministro de Minería, Alberto Hensel, dieron hace poco una señal de qué piensan. Con una parte de la multa que le aplicaron a Barrick por el derrame de 2015 en Veladero y el 20 por ciento de lo que se lleva el Ejecutivo por regalías, constituyeron un fondo y resolvieron que vaya nada más que a financiar proyectos productivos en los departamentos y obras de servicios para instalar emprendimientos de otras actividades que el día de mañana suplan la ausencia de la minería. Ni un centavo para gastos comunes del Estado.

Las regalías representan el 3 por ciento del precio al que las empresas mineras venden el metal en el exterior y hoy se distribuyen en tres partes: 33 por ciento va al municipio donde está la mina, 55 al Ejecutivo provincial y el 12 restante, a la Dirección de Minería.

La primera ley para regular el sistema se sancionó en el año 2000 y uno de los debates más fuertes pasó por cómo evitar que el dinero se fuera en cuestiones estériles ni que dependiera de la discrecionalidad del intendente y sus necesidades electorales. Teniendo en cuenta que vienen de recursos no renovables, como los minerales, se impuso que los municipios sólo podían usar las regalías en obras. Para no dejar dudas, se prohibió expresamente que fueran a gastos corrientes. Iglesia empezó a recibir regalías por Veladero en 2006 y Marinero asumió un año después.

En su gestión armó un plazo fijo con esos dividendos y usó los intereses para contratar gente y llenar el municipio de empleados. En 2010, cuando el caso iglesiano ya era escándalo, el por entonces gobernador José Luis Gioja amplió casi indiscriminadamente el destino. Modificó el decreto reglamentario de la ley y autorizó a las comunas a gastar el 20 por ciento en acción social y juicios y en sostener los servicios de seguridad, salud y educación, es decir gastos diarios, sueldos o cualquier otro que dispongan los jefes de distrito.

Desde entonces, el bloquista profundizó el arte de dilapidar. Iglesia recibió hasta agosto 444 millones de pesos y Marinero se justifica diciendo que hizo, entre otras cosas, cordones, cunetas y polideportivos, sin contar los contratos y las becas que se multiplicaron en su gestión.

En realidad, nunca hubo una detallada rendición de cuentas y a pesar de haber contado con plata que nunca antes tuvo, el departamento no tuvo una transformación profunda y sostenida ni se potenciaron actividades productivas a gran escala que den empleo y riquezas extra el día que Veladero no esté.

Caselles dijo que van a llevar el planteo a la Legislatura a través de los diputados bloquistas. No sería necesaria esa vía, porque bastaría con otro decreto dictado por el actual gobernador. Sin embargo, para cerrar la puerta a los manejos discrecionales haría falta otra ley. La administración giojista promovió una ley que modificó la original y si bien mantuvo la prohibición de pagar personal con las regalías, estableció que en la reglamentación se pueden hacer excepciones y eso convalidó la decisión de abrirle la puerta a otros gastos. Conclusión: la norma vigente da la posibilidad de que una sola persona (el gobernante de turno) disponga en qué se invierte el dinero.

Incrementar el ingreso en concepto de regalías mineras, ése es el posicionamiento oficial que hoy tiene Santa Cruz respecto al debate abierto entre nación y provincias con la intención de alcanzar el nuevo Acuerdo Federal Minero.

En la actualidad, la Ley de Inversión Minera N° 24.196, en el artículo 22, establece que los dueños de los recursos "no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor del mineral extraído”, aunque aún no hay una decisión a cuánto deberá trepar ése índice.

La Agencia de Noticias Mineras (ANM) supo que la decisión política que tiene nuestra provincia es dar un debate abierto sobre todo lo relacionado al acuerdo mencionado, pero no será firmado por la Secretaría de Minería de Santa Cruz en caso que este pacto federal no avance en este sentido.

En este contexto, las provincias que integran la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) tienen previsto por estos días iniciar una serie de intercambio de información respecto a las necesidades que hoy presenta cada territorio en cuanto a la actividad minera, una vez concluido ese intercambio avanzarán en una misma estrategia para recién firmar el Acuerdo Federal Minero.

"Primero debemos tener un conocimiento acabado sobre el estado real en el que se encuentra cada uno de los proyectos en las provincias mineras de todo el país, se debe realizar un estudio pormenorizado sobre la producción de cada emprendimiento para saber cuánto más puede aportar cada firma a los ingresos que hoy pretenden los gobiernos”; señalaron fuentes gubernamentales a esta agencia de noticias.

"Lo que buscamos hoy es tener los números sobre la mesa de manera clara y precisa para recién comenzar a tomar decisiones, es difícil que lleguemos a fin de año con un acuerdo bajo el brazo”, dispararon desde el Gobierno de Santa Cruz a contra mano de las aspiraciones de Mauricio Macri que recomendó a sus funcionarios trabajar a destajo para que en diciembre próximo el Acuerdo Federal Minero esté  vigente.

Pero el eje de discusión de fondo sigue siendo el mismo. Sucede que en Argentina el régimen tributario actual permite al estado nacional quedarse con el 90% de los impuestos que pagan las mineras por desarrollar sus actividad, mientras que las provincias perciben el 10% restante, aunque estas sean las dueñas del recurso no renovable. Éste es el esquema que se busca modificar.

"El estado nacional deberá abrir si o si este debate, pues caso contrario no habrá un nuevo Acuerdo Federal Minero”, deslizaron funcionarios del gobierno de Santa Cruz a Agencia de Noticias Mineras.

"A libro cerrado no se va  a firmar nada, el acuerdo primero será tratado en el seno de la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) y luego tiene que ser tratado en el Congreso de la Nación antes de convertirse en ley” había indicado semanas atrás la senadora por Santa Cruz (FPV) María Esther Labado.