FRANCISCO OLIVERA
Elcuencia meteorológica: la última revelación del ministro Francisco Cabrera, que anunció esta semana que el Gobierno quiere un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, encontró a la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) en Cartagena, bajo un aguacero y en medio de la niebla. En realidad es normal ese tiempo en octubre. Pero ahí estaban Adrián Kaufmann, Daniel Funes de Rioja y Luis Betnaza cuando, con sus sorpresivas declaraciones desde Washington, el jefe de la cartera de Producción le agregó inquietudes a un sector que está de por sí atribulado por la recesión y que, seguramente, debatirá los pros y los contras de la apertura económica el martes, en su próxima reunión interna. Sobre llovido, mojado.
No es que la UIA entera se oponga a la medida. Su comisión directiva dirá en estos días que cree en lo que el Gobierno llama una "integración inteligente con el mundo", pero también es probable que advierta sobre actividades fabriles que, con un acuerdo semejante, quedarán bastante expuestas porque no son competitivas. "No vamos a entregar sectores en perjuicio de otros. Y no habría que copiar tratados de países que no tienen industria: no somos Chile", adelantaron en la central.
El trío de Cartagena acababa de recibir un panorama optimista. Estaba como invitado a la Cumbre de Jefes de Estado y Gobiernos de Iberoamérica, y ese miércoles, durante un almuerzo en el Centro de Cooperación Española, tuvieron el gusto de escucharle a la economista costarricense Rebeca Grynspan, una de las líderes de la Secretaría General Iberoamericana, una proyección alentadora: Venezuela será el año próximo el único país de la región con caída en la actividad, e incluso Brasil, el de menor crecimiento, se expandirá 1,7%.
Una tenue esperanza en tiempos difíciles, con caídas de producción fabril que la consultora FIEL acaba de fijar en 8% para septiembre. Los empresarios no han terminado todavía de reponerse de la sacudida que significa para algunos de ellos tener que negociar un bono de fin de año, algo que no todos dicen estar en condiciones de pagar y que asumieron hace diez días, cuando firmaron el acuerdo social con los gremios y la Iglesia. Los funcionarios de la Casa Rosada lo explicaron ese día con estimaciones de Alfonso Prat-Gay, que estaba en la reunión: la propuesta es recomponer el poder adquisitivo de los asalariados porque la inflación quedará este año en 37% y la paritaria osciló el 30%.
l futuro no es tan negro, transmitió el jefe del Palacio de Hacienda, porque se trabaja para un alza de precios de 17% en 2017. "La próxima paritaria va a ser entonces de base cero", completó Mario Quintana, vicejefe de Gabinete y coordinador de la iniciativa. Fue una discusión larga y tensa. Que obligó, por lo pronto, al ex Farmacity a reescribir el texto del acta que había llevado. Se suavizó por ejemplo el párrafo del pago del bono, que pasó de ser imperativo a plantearse como parte de una negociación, y se cambió la fórmula del monto: los 2000 pesos en cuestión ya no fueron la "referencia base", sino una "referencia/base". La importancia de los signos de puntuación: una barra ortográfica puede ser un mundo en una paritaria. El diablo se esconde en los detalles, incluso con clérigos en la mesa.
Los empresarios creen todavía que fue una emboscada. Se quejan, por ejemplo, de que el Gobierno venía ya negociando las condiciones con la CGT durante los 15 días previos y que ellos fueron convocados apenas 48 horas antes y con el borrador escrito. Sospechan una obviedad: la Casa Rosada ha elegido, con éxito, privilegiar su relación con los sindicatos. "Con el kirchnerismo por lo menos había algunos empresarios elegidos", observó anteanoche el dueño de un grupo nacional. Son en realidad desencuentros de larga data entre Macri y el establishment, ese ámbito del que proviene el Presidente, que recrudecieron en las últimas semanas. Es probable que tanta susceptibilidad les condicione el juicio, pero muchos empresarios interpretan ahora cada palabra, cada gesto, cada comparación del Ministerio de la Producción entre lo que cuesta un jeans en la Argentina y otro en Miami como parte de una obsesión general contra toda la dirigencia fabril. "Están pudriendo la relación", concluyeron en la UIA.
Es cierto que el Presidente los ha acusado varias veces en la intimidad de prebendarios y que se espanta ante cualquier insinuación de acuerdos corporativos en público. Son prejuicios que tuvo que superar para la mesa que le pedía Bergoglio. Habrá que admitirle también que esas reuniones multisectoriales parecen a veces, en estética y en funcionamiento, un recuerdo del pasado reciente. Es inercia kirchnerista. "Me pregunto si acá están representadas las pymes", se envalentonó ese día Francisco Gutiérrez, representante de la Unión Obrera Metalúrgica, y provocó la reacción de uno de los aludidos, Funes de Rioja. "¿Cada uno va a juzgar acá la representatividad del otro?", se ofuscó el líder de Copal.
El Gobierno aprovechó la experiencia con un triple objetivo. Mejoró la relación con el Vaticano, presentó la iniciativa como paraguas para próximas convocatorias sectoriales (su plan inicial) y, lo más relevante, evitó el paro de la CGT. Que esa puesta en escena haya bastado para frenar a una organización muy poco habituada a ceder ante gobiernos no peronistas explica el escaso afán de protesta que tenían los gremios: sólo la evaluaban ante la posibilidad de ser superados por las bases, la CTA o las organizaciones sociales.
Mucho más elocuente que todas las vacilaciones sindicales juntas fue en realidad el silencio de Hugo Moyano, a quien parte de su entorno ha escuchado últimamente criticar los ímpetus de su hijo Pablo, el más duro en la sede de Azopardo. Pero, por razones que podrían ir desde una comprometida situación judicial hasta el simple olfato de que no llegó la hora, el jefe del clan camionero ha elegido por ahora el camino de la mansedumbre. Él mismo admite en confianza que la reunión que tuvo con Macri el 25 de agosto en la quinta de Olivos, donde comieron milanesas y hablaron hasta de los cuidados personales de la salud, fue extremadamente cordial.
Dice además que quedó impresionado al ver a Juliana Awada saliendo amable a saludarlo con delantal de cocinera y que, al volver, le contó en broma a su mujer: "Juliana me aconsejó lo mismo que vos: hacer pilates. Pero se ve que cocina, cosa que nunca hiciste". Hay que reconocerle a la primera dama al menos sintonía en las metáforas: la gimnasia es la recomendación que Prat-Gay suele hacerles a los industriales para que, al cabo de cuatro años, puedan competir. Como si la sospecha empresarial fuera cierta: que está todo orquestado y la rutina incluye un fitness anticorporativo.
NÉSTOR SCIBONA
La negociación política del presupuesto 2017 muestra mayor vocación por subir gastos que por bajar impuestos, lo que condiciona inversiones
Hay más sumas que restas en la negociación del presupuesto nacional para 2017 en el Congreso, sin que aún esté claro cómo cerrarán las cuentas fiscales de 2016 hasta que se definan los difusos alcances del bono de fin de año a cargo del sector público para apuntalar transitoriamente el consumo.
La situación fiscal sigue siendo la pata floja de la política económica, porque la suba del gasto impide bajar impuestos para impulsar la inversión privada y el crecimiento sustentable de la economía, con nuevos empleos.
A lo largo de estos meses, hubo consenso en que, con minoría en ambas cámaras legislativas, el Gobierno no tenía alternativa al gradualismo para reducir el creciente déficit heredado de la gestión CFK. Ahora, el consenso es que el año electoral que se avecina impondrá una pausa en el camino de reordenar las cuentas públicas, nacionales y provinciales. No sólo por la necesidad política de reactivar cuanto antes la economía y bajar la inflación, sino también porque hay bastante margen para financiar el déficit fiscal con más endeudamiento (externo e interno) y menos emisión de pesos, aunque implique más gasto y riesgos a futuro.
na prueba es que la Casa Rosada busca fertilizar los demorados "brotes verdes" a través de varias medidas para impulsar la demanda por vía fiscal, a semejanza de la era K aunque sin desvíos de fondos por corrupción.
Para asegurar la aprobación del presupuesto, cada acuerdo entre el oficialismo y la oposición implica sumar gasto público en distintas partidas, o bien redistribuirlo desde la Nación hacia las provincias. Por ahora resulta prematuro determinar si superará los 2,36 billones de pesos previstos en el proyecto original. Esta cifra ya incluye incrementos de 26,2% en los salarios de la administración nacional y de 32% en la inversión pública. También la "reparación histórica" para más de dos millones de jubilados y pensionados, a cubrir mayormente con la recaudación del blanqueo. A lo sumo, la negociación apunta a limitar desbordes en el gasto y el endeudamiento nacional y provincial.
Las restas, en cambio, se focalizan en la reducción gradual de los subsidios a las tarifas de energía; el déficit de las empresas públicas y cortes puntuales, como el fin del aporte estatal al Fútbol para Todos. Aun así, este ahorro fiscal sería similar al gasto extra (unos $ 2000 millones) que la Casa Rosada acaba de acordar con el gobierno de Córdoba para cubrir este año parte del déficit de la caja jubilatoria provincial hasta que se armonice con la Anses. Mientras tanto, paga jubilaciones de privilegio de hasta $ 220.000 mensuales a jueces y legisladores retirados.
Si la economía vuelve a crecer el año próximo, mejorarán los ingresos fiscales, aunque quizá menos de lo previsto (26,2% interanual) si el impuesto inflacionario disminuye a costa de altas tasas positivas de interés que desalientan la inversión productiva.
Pero este esquema deja además poco margen para reducir la presión tributaria récord heredada de la era K y que afecta la competitividad de la economía. Si bien este año se puso fin a las retenciones, la reducción de 5 puntos adicionales para la soja en 2017 debió ser postergada, con excepciones regionales. Y el ajuste del mínimo no imponible de Ganancias no sólo fue carcomido por la mayor inflación, sino que, tras la sanción del presupuesto, tendrá otro round con el proyecto para actualizar las escalas y ampliar el abanico de alícuotas. Aún se desconoce si esa actualización alcanzará a los autónomos y los topes de facturación para los monotributistas, un paso indispensable para un gobierno que busca estimular el espíritu emprendedor. En cambio, la ley pyme incluye alivios fiscales y financieros, así como desgravaciones impositivas para invertir .
Aunque el presupuesto 2017 fue elaborado con proyecciones macroeconómicas mucho más realistas, está lejos de resolver los principales problemas de la política fiscal. Y si bien se anunció un sendero para bajar gradualmente el déficit hasta eliminarlo en 2019, tampoco se explicitaron las políticas para alcanzarlo.
Desde el flanco del gasto público, se actualiza el cálculo del ejercicio anterior, sin incluir reformas en la enorme estructura estatal heredada, que no puede ser financiada con la alta presión tributaria. Esto vale para todas las jurisdicciones. A ello se suma la ausencia en muchas áreas de una burocracia profesional, que obliga a disponer más nombramientos, permanentes o transitorios.
Una mirada rápida del Boletín Oficial basta para advertir que diariamente las palabras más utilizadas en decretos y resoluciones son "desígnase" o "prorrógase la designación" de funcionarios. En este sentido, sería necesario negociar en una mesa de diálogo un sendero plurianual de reestructuraciones funcionales, similar al fijado para los subsidios o el déficit de las empresas públicas. Por caso, ArBus mantiene una flota de 35 ómnibus para transportar a unos pocos pasajeros desde el Aeroparque hasta cuatro puntos de la Capital Federal o hasta Ezeiza. Y el conflicto gremial que días atrás paralizó varias horas los trenes suburbanos tuvo como reclamo el encuadramiento jerárquico del Belgrano Cargas y la rehabilitación de Ferrobaires, que emplea a 2700 trabajadores y dejó de funcionar hace varios meses debido a alarmantes carencias de infraestructura.
Desde el flanco de los ingresos, todos los cambios introducidos este año no dejan de ser parches, a cuenta de la reforma tributaria integral que, con suerte, podría ponerse en marcha a partir de 2018, según lo establece la ley de blanqueo. Mientras tanto, quienes ahora destinen los fondos depositados a la compra de bienes registrables se encontrarán (al margen del impuesto especial del 5 o 10%) con un costo de patentamiento equivalente al 10% del precio de un vehículo 0 km y de casi 9% para escriturar un inmueble. Cuando finalice el régimen, la presión impositiva a enfrentar sobre el patrimonio regularizado seguirá siendo una incógnita.
Más que aumentar el endeudamiento a largo plazo para financiar más gasto corriente, sería justificable destinarlo a programas para bajar progresivamente la presión tributaria. Así podría tener éxito la apuesta oficial de reducir el peso relativo del Estado en la economía mediante un crecimiento del PBI basado en mayores inversiones productivas.
