CARLOS PAGNI
Mauricio Macri depende de un ecuatoriano para explicar sus movimientos. Para mantener la simetría, Cristina Kirchner encontró otro. Rafael Correa expuso anteayer la tesis con la que el populismo latinoamericano intenta responder a las acusaciones de corrupción que pesan sobre sus gobiernos. Las investigaciones judiciales son la coartada de una persecución política. Correa defendió a la viuda de Kirchner, a Dilma Rousseff y a Lula da Silva.
El ex presidente brasileño pidió el jueves pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo defienda de ese hostigamiento.La ex presidenta ordenó a sus colaboradores que convoquen para hoy, a las 9, a una concentración que escenifique esa teoría. Una hora más tarde ella estará entrando al juzgado federal de Julián Ercolini, quien la indagará sobre la asignación de obra pública que benefició a Lázaro Báez, su presunto testaferro, en Santa Cruz. Esa provincia recibió durante el kirchnerismo el 11% de los negocios que se distribuían en todo el país. El 80% se adjudicó a Báez. El actual director de Vialidad, Javier Iguacel, denunció que, al asumir, su dependencia adeudaba $ 14.000 millones a los proveedores. La única empresa con la que estaba al día era Austral. Báez es el opulento empresario que donaba fortunas a la familia Kirchner alquilando sus hoteles, que nunca se ocupaban. Según la ex presidenta, esa generosidad no tenía que ver con las licitaciones que ganaba. Antes de ser perseguido político, Báez fue multimillonario. Más temprano había sido cajero del Banco de Santa Cruz.
Los encargados de organizar la manifestación de hoy frente a los tribunales de Retiro fueron el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el secretario privado de la señora de Kirchner, Carlos López. Los colectivos con militantes corren por cuenta, sobre todo, de La Cámpora y de los intendentes de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y de La Matanza, Verónica Magario. Hebe de Bonafini fijó: "Armemos quilombo antes de que la toquen". Anoche, "que la toquen" significaba que le allanen las propiedades. Los más pesimistas pensaban en una detención.
Bonafini administró el programa Sueños Compartidos, con el que Sergio Schoklender desviaba fondos destinados a viviendas para los más necesitados. Se los entregaba José López, imputado con Cristina Kirchner por las licitaciones de Báez. López es el funcionario que revoleó 10 millones de dólares tras los muros de un convento. Bonafini, Schoklender, López: más perseguidos políticos para las denuncias de Correa.
La teoría del ecuatoriano había sido expuesta dos días antes por Máximo Kirchner en La Matanza. Durante un homenaje a su papá, el diputado sostuvo que las investigaciones sobre su mamá son como las que apuntan contra Lula: un escarmiento "a los que se quisieron llevar a todos puestos". Según el accionista de Hotesur, "nos corren con la vaina de la corrupción. Recibieron de [Jorge] Videla Papel Prensa. Que no nos vengan con ese cuento. Puede pasar en cualquier gobierno. Pero no en todos los gobiernos se decide defender al pueblo. Si Lula hubiera entregado a los trabajadores podría tener una mansión en la Luna y nadie le diría nada". Habrá que creerle: por algo tiene una inmobiliaria.
Cristina Kirchner agregó otro argumento vía Twitter: ¿por qué se investiga sólo a Báez y no a otros empresarios? Como de costumbre, señaló a Paolo Rocca y a Ángelo Calcaterra, el primo hermano de Macri. Celosa de la igualdad ante la ley, propuso crear una comisión en el Congreso. Cree que si se estudiara el tema sin prejuicios quedaría claro que su familia no se dejó sobornar sólo por quien sería su testaferro, sino también por casi todos los contratistas del Estado. A la abogada exitosa le anda haciendo falta un abogado.
Ella cree no necesitarlo porque incurre en un reduccionismo que está en el núcleo del nacionalismo populista: todo es política. Los desequilibrios jamás se explican por inconsistencias técnicas, sino por conflictos de poder. Pensó así todas sus políticas. Y piensa así los tribunales.
Esa creencia, clásica en la izquierda, en los Kirchner se alimenta de la práctica. La ex presidenta está convencida de que los jueces son peones del poder porque durante su mandato los utilizó de esa manera. Cristina Kirchner no puede confiar en los magistrados que la investigan, porque son los mismos que, cuando estaban a sus órdenes, le suministraron impunidad.
La exposición del kirchnerismo a los tribunales corre un velo sobre el papel de la Justicia en la expansión de la corrupción. La campaña electoral del año próximo se organiza con criterios policiales. El jueves pasado, Eduardo Valdés y Víctor Santa María realizaron su propio homenaje a Néstor Kirchner. La consigna parecía ser "procesados abstenerse". Hablaron Filmus, González García, Taiana y Alberto Fernández, quien permite imaginar un reacercamiento de su jefe, Sergio Massa, con el grupo. Uno de los oradores explicaba ayer: "No tenemos por qué avergonzarnos por la corrupción de otros". Empezó el armado de las listas en la Capital.
En la provincia también la variable judicial es decisiva. Daniel Scioli y Florencio Randazzo están dispuestos a colaborar con sus candidaturas para contener a un peronismo que, de otro modo, iría a Massa. Pero temen sobresaltos. Scioli sospecha que le reabrirán la causa por enriquecimiento ilícito que el juez Raele y el fiscal Paolini cerraron por orden de Ricardo Casal. Randazzo es investigado en dos juzgados federales. Ambos temen que Massa, para desalentarlos, estimule a los jueces contra ellos.
Hay también otro recelo: que Elisa Carrió compita en la provincia y siembre de denuncias el campo de batalla. Carrió produjo la semana pasada una nueva baja: Alberto Pérez, el jefe de Gabinete de Scioli, fue llamado a indagatoria. También apunta a Massa y Jorge Macri. Los vincula con el fiscal Julio Novo, procesado el viernes.
La incógnita principal es otra: ¿puede Macri influir sobre la Justicia para ofrecerles garantías a estos colaboradores del PJ? Dicen que Scioli se lo preguntó hace tres semanas. ¿Randazzo habrá consultado a Rogelio Frigerio cuando comieron la semana pasada? Tal vez la inquietud hay que llevársela a Angelici, a Silvia Majdalani, al ex fiscal Eduardo Miragaya y a otros tantos gestores judiciales. Es la existencia misma de estos "influyentes" la que induce la pregunta. La manipulación judicial ya forma parte del sentido común. El debate sobre si Macri querrá o no que Cristina Kirchner vaya presa parece natural.
En su Discurso de la primera década de Tito Livio, Maquiavelo sostuvo que una de las causas del derrumbe de Florencia fue la carencia de un sistema acusatorio respetable. Por deficiencia, según él, las imputaciones eran percibidas como calumnias. Alrededor de las calumniados se forman facciones. Como la guerra entre facciones sustituye a la Justicia, se termina hundiendo la república.
CLAUDIO SAVOIA
En Tribunales, en los despachos públicos y los medios, pero también en los bares y las esquinas de cualquier barrio, es la pregunta más repetida del año: "¿Cristina va a ir presa?" Claro, tanto los interrogadores como quienes ensayan distintas respuestas suelen proyectar la simpatía o la bronca contra la ex Presidenta, acusada en varias causas como autora de muchos y graves delitos. Esos expedientes vienen avanzando con velocidad desigual, y a veces incoherente. Mientras algunas pruebas se acumulan frente a la mirada atónita de la sociedad, el kirchnerismo denuncia una persecución. Y otra vez, las razones jurídicas -y los tiempos necesarios para evaluar documentación y testimonios recogidos- se mezclan con los deseos que, se sabe, no entienden de razones. Sobre este suelo pantanoso, en el que es tan fácil hundirse, hay otra pregunta que apenas si llegó a formularse: ¿Hay razones para que alguno de los jueces que la investiga dicte una prisión preventiva sobre Cristina?
En el último mes, Clarín consultó a media docena de fiscales y jueces de todas las instancias del fuero federal, y a un fiscal general del fuero ordinario, para escuchar sus reflexiones al respecto. Ninguno será identificado, porque su opinión podría ser cuestionada en alguna futura intervención. Todos, además, se saben bajo el asedio de la periódica cosecha de dólares en cajas de seguridad, conventos o dragones oportunamente vaciados; la multiplicación de estancias y riquezas en la Patagonia por parte de Lázaro Báez o algún otro empresario amigo del poder K, y otras evidencias lo suficientemente potentes como para cuestionar cualquier intento de equilibrio y mesura. Sin embargo, lo intentan.
La ley es clara: todos son inocentes hasta que en un juicio justo y con posibilidades de ser apelado a una instancia superior se demuestre lo contrario. Y sólo cuando una persona es condenada debe ser detenida. Según el fiscal federal Federico Delgado, esa tradición no es tan antigua. "Desde el año 2004, en la Argentina se divorció la letra de la ley de lo que los jueces dicen que la ley dice", explica con provocación docente. "Según el código de procedimiento, la libertad de una persona es una cuenta. Todo delito que tiene una pena mínima de 4 años y una máxima de 8 no admite la excarcelación. Si tiene un mínimo menor a cuatro y un máximo mayor a 8, el acusado podría estar en libertad, siempre que no tenga antecedentes o más causas. Ese sistema era previsible", dice.
¿Qué ocurrió entonces? "Todo cambió. Cuando la llamada visión progresista impactó en los tribunales, con el fallo Barbará de la Cámara del Crimen, empezó a imponerse la interpretación de que la regla es la libertad del imputado durante todo el proceso. Y que esa regla sólo se quiebra cuando hay elementos 'objetivos' que permitan 'presumir fundadamente' la existencia de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación." Para Delgado, la traducción fáctica de esa nueva interpretación perjudica masivamente a los acusados pobres, quienes atiborran las cárceles. "La visión progresista es la más regresiva de todas, porque le da a un juez el poder absoluto sobre la libertad de las personas."
El magistrado sólo debe justificar ahora que hay peligro de fuga o de entorpecimiento. En varios expedientes -incluso en manos de jueces que investigan a Cristina-, el hecho de tener mucho dinero, poder e influencias es un agravante a tener en cuenta. ¿No es más fácil para ellos escaparse, alterar pruebas o corromper a testigos para que las causas no progresen? En los tribunales se discuten ejemplos que podrían incomodar a la ex Presidenta. "En la causa Hotesur fue ostensible su intervención para frenar y luego correr al juez Bonadio, y luego se descubrió que habían borrado su nombre de las actas de esa sociedad con liquid paper, es un escándalo", sintetiza un renombrado camarista. Un fiscal que en el último año intervino en causas trascendentes afirma que "el ocultamiento de la información sobre las empresas y movimientos de dinero de Lázaro Báez por porte de la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, podría ser un claro ejemplo de entorpecimiento de la justicia. Esta hipótesis ya se está hablando en Tribunales", comenta el acusador, en referencia al llamado Cristileaks.
Otra fuente de argumentos sobre una posible detención de la viuda de Néstor Kirchner es la hasta ahora dormida denuncia del fiscal Alberto Nisman por el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA. Los persistentes -y hasta ahora exitosos- intentos por evitar que esa acusación siquiera se investigue podrían interpretarse como una interferencia bastante evidente. De hecho, en una denuncia conexa que lleva el juez Bonadio se pidió a la Cancillería información sobre cómo se elaboró el Memorándum de Entendimiento con Irán, puenteando los carriles normales para negociar esos pactos internacionales.
Un magistrado cuyo despacho está en el primer piso de Comodoro Py entiende que "para una prisión preventiva también hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos imputados. Y cuando una persona tiene más de un proceso en su contra, de la sumatoria de penas que le podrían llegar a aplicar puede determinarse que la eventual pena a aplicar sea de cumplimiento efectivo, lo cual puede determinar una prisión preventiva". En criollo: si alguien está acusado por muchos delitos y con penas altas, es razonable que lo encarcelen antes de la condena.
El mapa de las imputaciones contra Cristina es complejo. Un repaso por las principales dice que ya
está procesada por administración infiel en perjuicio de la administración pública (2 a 6 años de pena); que hoy deberá declarar en indagatoria por haber conducido una asociación ilícita (5 a 10 años, de cumplimiento efectivo) para cometer varios delitos; en el caso Hotesur la acusan de malversación de fondos públicos (2 a 10 años), abuso de autoridad (1 mes a 2 años), lavado de dinero (3 a 10 años) y asociación ilícita vinculada a la obra pública (5 a 10 años); en Los Sauces, de enriquecimiento ilícito (2 a 6 años), falsificación de documentos públicos (1 a 6 años) y cohecho (1 a 6 años). En la ruta del dinero K, por lavado de dinero (3 a 10 años). Y en la causa por traición a la Patria, que lleva Bonadio, la pena es de 10 a 25 años. Mejor no hacer
