Por primera vez, la ex presidenta Cristina Kirchner será indagada hoy por la Justicia por un caso de corrupción. A las 10, comparecerá ante el juez federal Julián Ercolini, que la interrogará por haber favorecido al empresario preso Lázaro Báez en la entrega de obras públicas mediante una "maniobra criminal" destinada a enriquecer a su "amigo y socio".
La ex mandataria -anticiparon sus allegados- no contestará preguntas y se defenderá con una alocución en la que pedirá la nulidad del llamado a indagatoria y que se amplíe la investigación a todos los empresarios que recibieron obra pública, incluido Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.
Mientras esto ocurra en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, donde está el juzgado de Ercolini, todo el edificio se encontrará blindado con un operativo especial de seguridad pedido por la Cámara de Casación Penal, que prevé tres policías por piso. En la calle, se prevé presencia de militancia kirchnerista.
En abril pasado, Cristina Kirchner fue indagada en la causa del dólar futuro, donde está acusada de haber ordenado operaciones en el mercado de futuros provocando una pérdida para el nuevo gobierno. Está procesada por el juez Claudio Bonadio.
Cristina Kirchner ingresará el lunes al despacho del juez acompañada por su abogado, Carlos Beraldi. Allí la esperarán los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que pidieron su indagatoria en dos escritos de 200 páginas cada uno en las que enumeran las pruebas de la maniobra.
El trámite tiene sus formalismos. Primero debe completar sus datos personales, de los que tomará nota el secretario que lleva la causa. En ese momento, el juez le hará saber sus derechos. Una vez concluido esto, el magistrado le dará a la ex presidenta la oportunidad de celebrar una entrevista con su abogado, previa a la indagatoria. Tras la reunión, le relatará el hecho por el que se la acusa y la lista de pruebas en su contra, según indicó Hernán Cappiello en La Nación.
A partir de allí se le informa que tiene derecho a defenderse o que, si lo prefiere, puede negarse a declarar sin que ello implique ninguna presunción en su contr.
La ex presidenta buscará remitirse a un escrito, que ya anticipó, en el que pide la nulidad de la causa y hará algunas consideraciones. En caso de que decida contestar, Ercolini tiene preparadas unas cinco carillas con preguntas, y los fiscales Pollicita y Mahiques, otras tantas.
Cristina Kirchner deberá responder por haber montado desde lo más alto del Poder Ejecutivo, con intervención de sus funcionarios, una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de obras viales en favor de su socio y amigo Lázaro Báez por un total de 16.000 millones de pesos. Esto habría permitido la comisión de irregularidades en las contrataciones y la no concreción de las obras, a pesar de que el Estado pagó por ellas y lo hizo con sobreprecios.
El juez reformulará la acusación realizada por los fiscales cuando delimitaron el objeto de investigación. En ese momento, Pollicita y Mahiques sostuvieron que durante los últimos doce años "existió una decisión desde la cúpula del Poder Ejecutivo de enriquecer con fondos públicos al empresario Lázaro Báez", y que el plan comenzó antes de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, en 2003. Para hacerlo, se realizó una "adjudicación irregular de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, en donde desde 2003 y hasta 2015 el empresario Lázaro Báez recibió contratación con fondos públicos por más de 16.000 millones de pesos, lo que significó que prácticamente el 80% de las obras adjudicadas en esa provincia fueran en favor de un amigo del matrimonio Kirchner".
1. La conversión de Lázaro Báez de empleado bancario a empresario de la construcción dos semanas antes de la asunción de Néstor Kirchner.
2. La exportación a nivel nacional de la estructura provincial montada con "el propósito criminal buscado". Para eso fueron nombrados en el gobierno nacional funcionarios que acompañaban al matrimonio presidencial desde la intendencia de la ciudad de Río Gallegos y la gobernación de Santa Cruz para cubrir puestos clave en el área de adjudicación, ejecución y control de las obras públicas. Allí surgen los nombres del ex ministro de Planificación Julio De Vido; del ex secretario de Obras Públicas José López, el de los bolsos con nueve millones de dólares, y el de Nelson Periotti, a cargo de Vialidad Nacional. Los tres están citados esta semana a declarar con Ercolini. Mañana será el turno de De Vido.
3. Ya montada la estructura, los fiscales describieron que la tercera etapa de la maniobra era la elección de Santa Cruz como el territorio para llevarla a cabo. Allí se concentró la mayor parte de la obra vial, con un 11,2% del presupuesto total. Es el equivalente a lo adjudicado en La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, San Luis, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones. Además, es un 11% más de lo que recibió Buenos Aires.
4. El cuarto pilar de la acusación de los fiscales ante este "plan sistemático", como lo denominaron en sus escritos, fue "la asignación direccionada" de la obra pública vial en Santa Cruz a Báez. Así, se montó una matriz basada en el descontrol.
5 Es muy difícil que Cristina Kirchner se ponga a responder estas acusaciones. Su abogado atacará el meollo del caso por nulidad y la ex presidenta ensayará una defensa política de su gestión.
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Horas antes de declarar ante el juez federal Julián Ercolini, la ex presidenta Cristina Kirchner se desahogó a través de 16 tuits consecutivos. Críticas a Mauricio Macri, a la Justicia y al juez Claudio Bonadio aparecen allí, al igual que su denuncia sobre la "persecución" a la que -asegura- estaría sometida
Después de doce años de gobierno kirchnerista y U$S 2.200 millones dirigidos a Lázaro Báez en contratos viales, por primera vez Cristina Kirchner deberá declarar en una causa por corrupción que busca desentrañar el “direccionamiento de la obra pública” a favor del “amigo presidencial”. Es la investigación más compleja y más incómoda para la ex Presidenta que deberá explicar los mecanismos que durante su Gobierno permitieron que el empresario K, monotributista hasta 2003, gane el 78,4% de los contratos viales que se licitaron en Santa Cruz.
Además de la ex presidenta -imputada como co autora de la presunta matriz de corrupción-, por los Tribunales de Comodoro Py pasarán esta semana Julio De Vido (ex ministro de Planificación Federal), José López (ex secretario de Obras Públicas), el propio Báez y 13 ex funcionarios nacionales y de la provincia de Santa Cruz. La ex presidente dará inicio a una semana judicial caliente para el kirchnerismo.
Los 17 imputados deberán declarar ante el juez federal Julián Ercolini durante los próximos 28 días. La causa, según los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, investiga un “plan criminal” en “detrimento del erario público” para beneficiar a Báez, que durante el gobierno kirchnerista logró contratos viales por U$S 2.200 millones ( $ 33.800 millones al tipo de cambio actual).
Con un respaldo más moderado de la militancia -a diferencia de cuando declaró en la causa del dólar futuro que armó un acto político-, Cristina Kirchner será la primera en declarar hoy a las 10 y presentará un escrito técnico en sus argumentos pero con algunas definiciones que ya había anticipado. Repetirá que Lázaro Báez no es su amigo, buscará desmentir que el ranking de obra pública coloque primero al Grupo Austral y exigirá la realización de una “verdadera auditoría” de la obra pública . Durante el fin de semana, desde el Sur, intentó despegarse de quien administró sus hoteles y con quien tuvomúltiples y millonarias transacciones inmobiliarias,s egún informó Lucía Salinas en Clarín.
La ex presidenta llegó ayer a Buenos Aires desde El Calafate en el vuelo 1821 de Aerolíneas Argentinas. A diferencia de otras veces, esta vez no hubo una movilización masiva para recibirla. Pasó la noche en su departamento del barrio porteño de Recoleta.
Hace diez días los fiscales ampliaron las acusaciones contra la ex Presidenta revelando más mecanismos que favorecieron al empresario K en 19 contratos. Consideran que la responsabilidad máxima corresponde a Cristina Kirchner a quien señalaron de sosteneral menos 13 negocios inmobiliarios con Báez.
En función de estos negocios buscan reforzar “los vínculos entre la ex familia presidencial y Báez”, que además fue responsable de gerenciar tres hoteles de Cristina Kirchner hasta 2013. Así, reafirman las tesis del dictamen inicial: “la inserción del amigo presidencial en el negocio de la construcción vial”, y un "plan direccionado" exclusivamente para colocarlo como “el principal beneficiario de los contratos”. Pollicita y Mahiques hablan de un “plan criminal” para destinar sumas millonarias al Grupo Austral, con un dato no menor: era el único holding al que Vialidad Nacional no le adeudada ningún certificado al 10 de diciembre, cuando el kirchnerismo se retiró de la Casa Rosada.
A Cristina Kirchner se la acusa de “enriquecer a una persona de su confianza a través de la canalización de fondos públicos hacia la provincia de Santa Cruz por intermedio de la obra vial”. Algo que la ex Presidenta negó, señalando que lejos de ser Austral Construcciones la más favorecida, se encontraba en el número 38 del ranking de constructoras, un listado que oficializó el año pasado Julio De Vido. Según la auditoría de Vialidad Nacional que dirige Javier Iguacel, Báez fue quien recibió más fondos en contratos y en el sur concentró el 78,4 % de todas las licitaciones.
La Justicia sospecha además de un direccionamiento de fondos del área de Planificación Federal hacia Vialidad, para poder así "cubrir las erogaciones de las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez, el único contratista de obra pública vial al que no se le adeudaba nada".
La investigación, una de las más emblemáticas sobre la obra pública K, se originó con la denuncia que realizó en 2008 Elisa Carrió por “asociación ilícita” que incluye a los Kirchner, a funcionarios y empresarios K como Báez.
La imputación de la ex mandataria, se originó después de la documentación aportada por Vialidad Nacional que denunció penalmente la "discrecionalidad en la obra pública" a favor del Grupo Austral. Sobreprecios del 65 por ciento, pagos de certificados por obras no iniciadas, imposibilidad técnica de la empresa para afrontar la cantidad de contratos otorgados, son algunas de las principales acusaciones del organismo vial.
