Luego de las exposiciones de los representantes de Edenor y Edesur, las distribuidoras con clientes en ciudad y la provincia de Buenos Aires, llegó el turno de los defensores del Pueblo, y luego, de los consumidores y lasasociaciones que los nuclean.
Distintas agrupaciones destinaron entre 5 y 10 minutos a sus discursos ante autoridades del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y miembros del Gobierno, y ante todo, dispararon contra los años anteriores, por el cobro de subsidios y la falta de inversión de las compañías, luego de que anunciaran un aumento de hasta 50% para clientes residenciales, que escalaría a un 70% para pymes.
Y enfatizó: "No tenemos ventanilla para ir a cobrarles a las empresas cuando hay cortes de tres, cuatro, cinco días". Si bien propuso una sanción por incumplimiento cuando se corta el servicio, no especificó el monto.
Por su parte, la presidente del Centro de Educación al Consumidor (CEC), Susana Andrada, les demandó a las empresas "que coloquen cuadrillas, generadores de electricidad y agua potable a disposición de las familias que sufrirán cortes en el suministro eléctrico durante el verano, principalmente para las interrupciones extensas".
Del cargo fijo a la fecha de vencimiento
Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor (CEC), presentó un panorama de incertidumbre sobre el cargo fijo que se verá reflejado en las boletas de luz, aquel que no cambia sin importar el consumo de megawatts.
"Un R1, como un matrimonio que vive solo en un departamento, pagaba $7 de cargo fijo y ahora va a pagar 76 pesos por mes. El R9, el consumo más alto, pagaba $221 de cargo fijo, y pasa a pagar 76 pesos. No entiendo la inequidad", dijo Andrada.
Además, pidió que la tarifa social amplíe el umbral de consumo en los meses más fríos de junio, julio y agosto de 300 a 500 kilowatts, "porque en muchas áreas del Conurbano no hay acceso a la red de gas y calefaccionan con electricidad".
La presidente de Acción al Consumidor (ADELCO), Claudia Collado, trajo otra vez los cortes de luz a la audiencia. "Hacer un reclamo es una odisea. No nos atienden, o nos atienden mal", aseguró.
Por su parte, Osvaldo Riopedre, de ADECUA, puso el foco en los vencimientos de las facturas de luz, y del sobrecosto de pasarse con el pago y llegar al segundo vencimiento. "En una borda, si se paga $325,36 con el primer vencimiento del 1 de noviembre, el segundo vencimiento es el 7 de noviembre y es de "332,49. El interés anual de pagar en el segundo vencimiento es del 886,41 por ciento".
A su vez, criticó el salto en el pago de la boleta cuando un usuario cambia de categoría, una categoría en la que luego debe permanecer al menos 12 meses sin importar si el exceso de consumo fue sólo de un mes.
La ronda de algunas asociaciones de consumidores fue cerrada por HéctorPolino, quien buscó más que nada polemizar con un tono de voz elevado y su frase final: "Somos usuarios de un servicio público esencial. El concepto de cliente entraña a un concepto equivocado. Por favor, que nos traten como usuarios, no como clientes, porque nosotros no los elegimos".
LA UIA PIDIÓ QUE NO SE LE CARGUE EL MAYOR PESO DEL
AJUSTE TARIFARIO A LAS INDUSTRIA
La Unión Industrial Argentina reclamó hoy que no se discrimine a la demanda productiva en la corrección tarifaria del servicio de distribución eléctrica al “hacerle cargar la mayor parte del ajuste”, rechazó los cortos plazos en los que se pretenden aplicar las correcciones y alertó sobre los efectos de los aumentos en la inversión y el empleo.
Así lo planteó esta tarde el Jefe del Departamento de Infraestructura de la UIA, Alberto Calsiano al promediar esta tarde la Audiencia Pública que se lleva adelante en el porteño Teatro de la Ribera para analizar los incrementos tarifarios del servicio de distribución de las empresas Edenor y Edesur, para la Capital Federal y partidos del Gran Buenos Aires.
“La energía es un recurso estratégico y la UIA no se opone a un ajuste de tarifas que sea justo y razonable” admitió el representante sectorial al aclarar que “se opone a la discriminación tarifaria por la que se pretende que la industria cargue con la mayor parte de la recuperación del sector” energético.
En ese sentido, Calsiano planteó que “la normalización tarifaria debe ser escalonada en el tiempo y previsible” y que la cantidad, calidad y seguridad del servicio “no deben ser la variable de ajuste de la recomposición tarifaria”.
En un análisis coyuntural de los incrementos propuestos, el dirigente dijo que ante un comercio global amesetado y competencia internacional cada vez mayor “es relevante fomentar la competitividad del sector industrial transable por el cual debe reevaluarse la lógica de que la industria pague el costo medio del sistema mientras que otra parte de la demanda continua recibiendo subsidios”.
“Los costos de nuestra industria son cada vez más elevados y aumentarlo aún más repercutirá negativamente en la inversión y sobre la capacidad de generación de empleo industrial”, advirtió Calsiano en nombre de la entidad que nuclea a 115.000 establecimientos, emplea a 1,3 millones de trabajadores y aporta el 25 por ciento de la recaudación nacional.
La UIA cuestionó las propuestas de las concesionarias de mantener subsidios cruzados vigentes en el sistema desde comienzos de la década pasada “para lo cual plantean dos versiones de incremento tarifario al efecto de reasignar costos y moderar el efecto de la tarifa residencial”, con el consecuente perjuicio al usuario industrial.
Los usuarios industriales “no fueron los que traccionaron la demanda ya que su consumo creció al 1% mientras el al residencial lo hacía al 4% anual”, planteó en la Audiencia al también considerar que ante los aumentos del 1 de febrero y los propuestos hoy “no es razonable aplicar semejantes incrementos en un período de tiempo tan escaso”.
En otros tramos de su presentación de 10 minutos, el dirigente de la UIA demandó la urgente normalización de los entes de control, la necesidad de una tarifa social hasta tanto dure la situación de emergencia, la no transferencia de la responsabilidad estatal del subsidio a una parte de la demanda, y realizar un exhaustivo seguimiento de caldiad y seguridad de abastecimiento.
En consecuencia, la entidad reclamó que se reduzca el valor agregado de distribución (VAD) inicial solicitado por las empresas y se adecue a las mejoras de calidad establecidas en las propuestas para los próximos años.
INTENDENTES DEL CONURBANO PIDIERON UNA TARIFA SOCIAL DE FÁCIL ACCESO
Los intendentes del Gran Buenos Aires que se presentaron hoy en la Audiencia Pública por la suba de la tarifa de energía eléctrica, pidieron la implementación de una tarifa social “amplia, de fácil acceso” y criticaron a las empresas a las que acusaron de no invertir fondos propios.
Las presentaciones estuvieron a cargo del Intendente de San Martín, Gabriel Katopodís, de Esteban Echeverría, Fernando Gray, la representante del municipio de Florencio Varela, Graciela Gianetassio, y el Jefe de Gabinete de Avellaneda, Pablo Vera, ante unas 50 personas que escuchaban desde la amplia platea del Teatro de la Ribera, en el barrio porteño de La Boca.
“Proponemos una tarifa social amplia inclusiva y ágil, junto con otra para las pynes y los comercios.”, dijo Katopodis, palabras que fueron repetidas, con sus matices, por los otros representantes comunales.
Gianetassio, fue más allá en el pedido y dijo que la tarifa social “debería ser fijada por los municipios”.
En todas las exposiciones, los representantes de las intendencias cargaron contra lo que denominaron “la falta de inversión” por parte de las empresas Edenor y Edesur.
Así, Katopodis destacó que “son las empresas tienen que tomar el riesgo de hacer esas inversiones y no nosotros financiarlas. En la actualidad es el duelo de una empresario PyME la que tiene que hacer las obras para ampliar su energía y no Edenor”.
Por su parte Grey destacó que en Esteban Echeverría, en el suroeste del Gran Buenos Aires, se preguntó: ¿Por qué tienen que pagar las inversiones los vecinos? Edesur hace tres meses que cerró su oficina de atención comercial y no sabemos cuándo la va a reabrir y no tenemos certeza en qué van a invertir”.
El intendente destacó “la falta de inversiones de las empresas y de control por parte del Estado” y aseguró que “no hay un día que no tenga corte de energía, y eso genera protestas, cortes de calles, de vias…..cortes de 24 y hasta 72 horas sin energía”.
Por su parte el Jefe de Gabinete de Avellaneda, Pablo Vera le habló “al señor Presidente Mauricio Macri” a quien le dijo que “la matriz energética no se pueden discutir con las empresas” ya que “la energía no es una mercancía es un derecho para todos los argentinos”.
Advirtió que el aumento de tarifas “está golpeando a todos los argentinos” junto a otros aumentos de precios que se verificaron en bienes y servicios.
