Las entidades defensoras de los consumidores coincidieron hoy en que los aumentos tarifarios de electricidad, que serán analizados este viernes y sábado próximos en audiencia pública, deben ser graduales, y solicitaron que no se pidan tantos requisitos para otorgar la tarifa social.
Osvaldo Riopedre, de Adecua, dijo a Télam que solicitarán que "los aumentos tarifarios sean un poco más graduales. Ya hubo un incremento del 600% este año que no llegó a cubrir la totalidad de la quita del subsidio, pero la gente ya hizo un sacrificio importante para pagarlo".
Consideró que si las distribuidoras Edenor y Edesur piden aumentos cercanos al 30% y la pauta inflacionaria del Banco Central del año próximo se calcula en un máximo de 17%, "es un despropósito, porque lo pedido excede a la inflación, los salarios no alcanzarán para atender esa cifra solicitada".
Asimismo, Riopedre se quejó de que en el segundo vencimiento de las tarifas el interés que se cobra llega al 300% anual, y en otro orden alertó que "un mayor consumo no significa riqueza" .
Aclaró que numerosos edificios se están construyendo sólo con energía eléctrica, sin instalaciones de gas, "por lo que ese mayor consumo no debe llevar a pensar que esos usuarios cuenten con más ingresos".
Además, consideró que en los casos de la tarifa social, a instituciones como los merenderos "se les debería exigir menos papelerío" para otorgarles ese beneficio, o en todo caso enviar a un inspector al domicilio para verificar que la entidad cumple con las funciones declaradas.
También se quejó de que ante los golpes de tensión eléctrica, que terminan afectando los artefactos, "las empresas dicen no ser culpables y la gente encuentra difícil litigar" ante esa situación.
Por su parte, Héctor Polino, de Consumidores Libres, opinó que "un nuevo aumento tarifario, luego del registrado este año, es insoportable para un usuario de ingresos medios bajos".
"Es insólito que los usuarios tengan que financiar con aumentos tarifarios futuras inversiones que las empresas prometen realizar", expresó en diálogo con Télam.
"Por otra parte, ¿quién va a controlar esas inversiones?, porque los organismos de control hasta ahora demostraron ser demasiado permisivos ante las empresas", opinó.
Polino sostuvo que "este aumento tarifario es reclamado por dos empresas que vienen prestando un servicio de pésima calidad, y que fueron muy renuentes en el cumplimiento de las sanciones que en su momento les aplicó el Ente Regulador por los daños y perjuicios que ocasionaron los cortes de electricidad".
Por su parte, Enrique Millán, de la entidad Procurar, exigió gradualidad como punto inicial. "Aceptamos que haya ajuste, pero de a poco", señaló.
"Que se pida lo que la gente pueda, que no se le exija lo que no puede cumplir", expresó, y agregó: "En un país con 32,2% de pobres, ¿qué le vamos a pedir a la gente?".
La audiencia pública de Revisión Tarifaria Integral (RTI) tendrá lugar a partir de este viernes próximo a las 9 en el Teatro de la Ribera, en el barrio de La Boca.
Allí, las distribuidoras Edenor y Edesur propondrán un nuevo cuadro tarifario eléctrico para los próximos cinco años en el ámbito de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires.
Las distribuidores de energía eléctrica también darán a conocer su plan de inversión y el compromiso para que mejore la calidad del servicio, según se informó.
A dos días de la audiencia pública para tratar un aumento en las tarifas de Edenor y Edesur para Capital Federal y Gran Buenos Aires, las entidades de defensa de los consumidores plantearon la necesidad de contar con los cuadros tarifarios debido a que las propuestas de las empresas incluyen distintas variantes y cuando se atenúa el impacto en hogares, el alza es mucho más pronunciada para pequeños comercios y pymes industriales.
Preocupa, además, que el promedio del 25% al 30% de suba que mencionan las distribuidoras esté incluyendo lo que pagan los usuarios con tarifa social. Los alcanzados por ese beneficio tienen costo cero por el kilovatio hasta un consumo de 150 kw mensuales, pero esa ventaja refiere al precio mayorista de la energía y quedó a cargo del Estado desde la Resolución 6 del Ministerio de Energía de febrero pasado. Si se utiliza esta franja para obtener el promedio, el aumento efectivo para el resto de los hogares terminará siendo mucho mayor y la mejora de ingresos para las compañía más importante.
Héctor Polino, de Consumidores Libres, estimó que el alza promedio es del 76% y sostuvo que "los usuarios no tienen que financiar las inversiones". "Recién después de que mejoren la calidad del servicio las empresas pueden pedir una recomposición tarifaria", opinó. También recordó que según una de las eléctricas en cinco años se va a pasar de 35 horas promedio por año de cortes en el servicio a 14 horas. "Con todos estos aumentos en cinco años todavía vamos a seguir padeciendo mala calidad del servicio", dijo .
Según Polino, el gran problema es "quién va a controlar lo que van a recaudar las distribuidoras y cómo lo van a destinar", porque el ENRE, aseguró, "no es hoy un organismo autónomo de las empresas y del Gobierno".
"Anunciaron un aumento promedio del 30%, pero tiene que ser parejo para todos los sectores porque después termina siendo del 300%", dijo Susana Andrada, del Centro de Educación al Consumidor. Consideró que en el servicio eléctrico "no siempre consume más el que más tiene, porque los que no tienen acceso al gas por redes se ven obligados a calefaccionarse con electricidad", y pidió que haya exención impositiva para la compra de electrodomésticos de bajo consumo, según informó Silvia Peco en Ambito.
Para Osvaldo Riopedre, de Adecua, "las obras que se tienen que realizar forman parte de la potestad del Estado que es el que debe decidir qué se hace y a qué precio". "Nosotros enfocamos el tema desde el punto de vista de los consumidores y vemos que un 30% de aumento mínimo duplica la inflación que el Gobierno espera para el año que viene y que los salarios no van a tener una mejora de esa magnitud", afirmó.
De los documentos publicados en el sitio de internet del ENRE, se obtienen por ahora los siguientes datos:
• Se discute la revisión tarifaria integral para definir tarifas que teóricamente regirán en los próximos cinco años a cambio de un plan de metas de calidad del servicio.
• Durante el período quinquenal habrá también ajustes trimestrales automáticos a partir de una fórmula que contempla los índices de precios minoristas y mayoristas, costo de la construcción, ajustes salariales y evolución del tipo de cambio.
• Edesur ejemplificó que para un departamento de 40 metros cuadrados que utiliza 100 kilovatios mensuales, la factura actual sin impuestos es de $70 y que pasaría a $88 con "factores de asignación social", lo que implicaría un aumento del 25%. Pero si se toma la propuesta técnica para el mismo usuario, la factura pasa a $157 (125% de suba), y después en un tercer escenario, al atenuar la empresa el cargo fijo, el monto a pagar es de $133 (90% más), sin IVA ni tributos provinciales y municipales.
• La propuesta de Edesur que resulta más atenuada para hogares implica alzas más importantes para las otras categorías de usuarios: así, cuando el aumento para residenciales llega al 76,3%, la tarifa para pequeñas demandas generales (T1) como kioscos o consorcios, se reduce en un 12,1%. Pero estas demandas de pequeños comercios tendrían un ajuste del 37,6% si la tarifa de hogares aumenta un 17,9%.
• Las dos distribuidoras piden un fuerte aumento en el cargo fijo de la factura residencial y la unificación para todas las categorías de consumo. Esto implica una importante suba para los que utilizan hasta 300 kilovatios bimestrales, pero las empresas lo justifican afirmando que se paga el derecho a tener electricidad, y que los usuarios que menos electricidad utilizan son, en general, los que tienen dos viviendas.
• Edenor propone una unificación del cargo fijo para todos los hogares en $76 mensuales, considerando pesos de diciembre de 2015, lo que implica un ajuste de casi diez veces para la categoría R1 (hasta 300 kilovatios bimestrales).
• Los aumentos que se discuten en la audiencia no incluyen el aumento en el precio mayorista de la energía y el margen para el trasporte en alta tensión que se debatirán en un encuentro por separado en enero debido a que esas dos cuestiones impactan en todo el país.
