Los andalgalenses dijeron que no están en contra de 'toda' la minería. Pero no quieren minería cerca del río.
La reunión de la comisión de Minería de la Cámara baja con el intendente y concejales de Andalgalá tuvo momentos tensos a partir del fuerte cruce verbal entre opositores y oficialistas. Por más de cuatro horas se desarrolló un álgido intercambio de opiniones con acusaciones cruzadas, aunque adelantaron que el debate no está acabado y que volverán a reunirse.
Desde el inicio, la bancada del Frente para la Victoria (FV) comenzó a pedir explicaciones por los $90 millones por regalías mineras que habría administrado en intendente Alejandro Páez, algo que fue negado por el jefe comunal y denunció, además, que no estaba recibiendo de forma completa los fondos derivados de la minería.
También surgieron los reproches cruzados por el destino que dio a los fondos de la minería en las últimas dos décadas, lo que alejó por momentos la discusión de fondo: la ley de Coherencia Minera por la cual se pretende quitar la administración de los recursos económicos derivados de la minería a las comunas que prohíban la explotación minera en sus departamentos, indicó El Ancasti.
El intendente y los concejales andalgalenses explicaron a los legisladores su negativa a las explotaciones mineras sobre la cuenca del río Andalgalá, del cual se abastece de agua potable la ciudadanía del lugar. Y recordaron que no "prohíben” toda la minería en la jurisdicción, sino la que resultaría perjudicial para la población.
Al término del encuentro Páez consideró "positiva” la reunión, aunque pidió que haya un "espíritu del diálogo del Ejecutivo provincial”. Insistió en que existe "un tipo de extorsión” del Gobierno para que den marcha atrás con la ordenanza de Andalgalá. "No sé si desde la Provincia quieren tirar agua al fuego o nafta”.
También responsabilizó al senador andalgalense Juan Carlos Espinosa (FV) de anteponer "intereses políticos” por encima del bienestar de la gente. "Parece que le quieren dar un mensaje a la gente sobre lo que va a pasar si nos siguen votando”, acotó.
A su vez, salió al cruce del secretario de Minería de Catamarca y presidente del COFEMIN (Consejo Federal de Minería), Rodolfo Micone, al señalar que en el borrador del nuevo Acuerdo Federal Minero figura un artículo que excluye de la percepción de las regalías mineras a los municipios que "limiten o prohíban” la minería en cualquiera de sus formas.
"Lo que quiere hacer Micone en un nuevo Acuerdo Federal Minero es lo mismo que plantea la ley de Coherencia Minera. Están totalmente equivocados si buscan una licencia social de esta manera”, reclamó.
El diputado Armando López Rodríguez (FV) aseguró que fue "importante" escuchar la postura de cada uno de los actores. Y destacó que la política minera que está llevando a cabo la gobernadora Lucía Corpacci "apunta a un verdadero desarrollo de Catamarca, porque recién ahora se está trabajando seriamente en la minería como alternativa para mejorar las condiciones de vida de toda la ciudadanía en su conjunto".
El diputado Eduardo Pastoriza (PP) expuso, con un plano de la zona, sobre la contaminación del agua del río Andalgalá en el caso de que entrara en explotación el proyecto minero Agua Rica, o los yacimientos cercanos a la cuenca hídrica.
Los apoderados de la Minera Agua Rica, Alberto Bianchi y Guillermo Piccione, presentaron un recurso a la Corte de Justicia local por el que solicitan la anulación de la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Andalgalá para prohibir la minería en la cuenca del río Andalgalá.
En la presentación piden que se declare la nulidad absoluta y la inconstitucionalidad de la ordenanza 29/2016 con imposición de costas a la Municipalidad de Andalgalá. También se solicita el dictado de una medida cautelar de no innovar.
Uno de los puntos clave es la incompetencia de la Municipalidad de Andalgalá para prohibir la minería en su territorio: "Nadie puede disponer de aquello que no es propio. La Municipalidad de Andalgalá ha prohibido el uso y aprovechamiento de un recurso natural (las minas) cuyo dominio originario no le corresponde a ella sino a la Provincia de Catamarca", expresa.
El recurso, que consta de 69 páginas, plantea también la irrazonabilidad de la ordenanza: "Nadie puede poner en duda que se trata de una actividad lícita y socialmente útil, pues genera riquezas, produce puestos de trabajo y contribuye a la formación de la renta fiscal. No tiene sentido prohibir la minería como si fuera una actividad ilícita".
La comisión de Minería de Diputados mantuvo ayer la reunión con el intendente Alejandro Páez y los ediles de la cabecera departamental. El encuentro duró cerca de cuatro horas, con momentos de vorágine donde los legisladores dialogaron con el jefe comunal respecto a la ordenanza que prohíbe la minería en las altas cuencas hídricas del río Andalgalá.
Luego de la reunión, el jefe comunal evaluó como positiva la iniciativa en la cámara baja y sintetizó que "quedamos con el compromiso de continuar reuniéndonos”.
Consultado sobre el desarrollo del encuentro, comentó que ingresaban noticias, como por ejemplo, "la intencionalidad que hay de propiciar el castigo a municipios como Andalgalá a través del Consejo Federal Minero” (Cofemin). Sin perjuicio de ello, señaló que en medio de la controversia lo positivo es que se formalizará "una estructura de trabajo a futuro que no sea sólo para Agua Rica, sino también para temas que traen conflictividad como el cierre de Bajo La Alumbrera”.
Así las cosas, explicó que en el diálogo "tocamos la media sanción del Senado” y que su objetivo "era explicar lo centrado en materia ambiental”. "Podemos discutir acá, pero necesitamos un punto de inflexión por parte del Ejecutivo”, alentó el intendente.
Así, apuntó a la ley de coherencia minera, interpretando que es una extorsión por cuanto se insta a dar marcha atrás "porque si no, somos pasivos de acciones”.
De esta forma, entendió que "esto cala hondo y aleja la ansiada licencia social que pretende el Gobierno central”. En este orden, acotó que "no sabemos si hay una intención por parte del Gobierno provincial de tirar agua o combustible al fuego”.
"Nosotros tenemos la predisposición de dialogar pero por otro lado, no sé si por adoctrinamiento los senadores salen a encender más la mecha al conflicto”, manifestó.
Luego, el intendente se expresó sobre el borrador de la Cofemin, que dentro de su articulado se propone que los municipios que limiten o prohíban la minería "no serán acreedores de las regalías”.
En este sentido, contempló que, de entrar la controversia, "nosotros, ante la mojada de oreja que pretende hacer Micone, ampliáramos la prohibición a toda la jurisdicción del departamento, ya que en la ordenanza es en un punto específico”. En esta línea, acotó que de avanzar en este sentido, "se afectaría La Alumbrera o Cerro Atajo”.
Además, advirtió que "si esto prospera dentro del Cofemin, nosotros daremos paso a cuestiones que habíamos eludido hasta el momento”. Si bien no precisó a quiénes hacía alusión, mencionó el hecho "de reunirnos con algunos legisladores y representantes políticos a nivel nacional”, quienes ya lo invitaron "pero que no fuimos porque queríamos respetar primero a los poderes Legislativo y Ejecutivo de la provincia”.
Consultado respecto al proyecto minero Agua Rica, el jefe comunal esbozó que "tenemos un posicionamiento y nunca hubo un registro de alternativa que dé resguardo a la seguridad ambiental”. En este sentido, agregó que "no obstante, tenemos contacto con la empresa por otro emprendimiento como es Cerro Atajo”.
En este marco, evaluó de "ilógica” la actitud de los senadores oficialistas "de castigar a Andalgalá al interpretar que es antiminera, cuando en el departamento está La Alumbrera” y además, "mantenemos comunicación con la empresa por Cerro Atajo”.
De esta forma, contempló que para poner en marcha el yacimiento citado "se cierne todo a un proceso previo para la licencia social, que son las audiencias públicas, las cuales comenzó a hacer la empresa”.
Por otra parte, Páez consideró que el posicionamiento del oficialismo fue dispar, puesto que "algunos esgrimieron defensa al posicionamiento del Ejecutivo, mientras que otros propusieron el diálogo”. Sobre los legisladores oriundos de Andalgalá, señaló que "tuvieron un apoyo contundente hacia la medida que tomaron los concejales”.
En la comisión, surgieron las cifras correspondientes a las regalías mineras para el departamento Andalgalá.
En este sentido, en la distribución pendiente, al municipio le resta percibir $21.497.107, correspondientes al cuarto trimestre del 2015, primero del 2016, entre otros.
A la misma vez, se estimaba la distribución de recursos para el resto del año en curso. Así, entre el segundo y cuarto trimestre del 2016, Andalgalá debería percibir la suma de 28.248.886 de pesos.
Consultado por estas cifras, el intendente Páez indicó que los recursos "no impactaron en la cuentas bancarias” de la comuna. De esta forma, señaló que para el primer trimestre los fondos no eran los que se mencionaron en el encuentro. "Lo dejamos pendientes para que consulten”, comentó.
