Tres fuentes con conocimiento de la investigación, contactadas por el portal bajo anonimato, indicaron que la Justicia congelaría millonarios activos, incluyendo unas 20 propiedades en West Palm Beach y los suburbios de Houston (donde está ubicada la filial local de la empresa), varias de las cuales están cotizadas en millones de dólares. Además, también confiscaría aeronaves privadas.
Todo lo recaudado sería puesto en un fondo que, eventualmente, podría ser devuelto al gobierno venezolano luego de una elección democrática, indicaron las fuentes de Bloomberg.
Se sospecha que los ex ejecutivos venezolanos habrían recibido sobornos para otorgar licitaciones con precios inflados a los contratistas interesados.
La semana pasada, el presidente de la Comisión de Contraloría del Parlamento venezolano, Freddy Guevara, presentó un informe con el "mayor caso de corrupción en la historia" en PDVSA por USD 11 mil millones. El asambleísta opositor indicó que el informe se basa en 11 casos "injustificables".
Por su parte, Rafael Ramírez, quien fue presidente de la empresa entre 2004 y 2014 y actualmente es el representante permanente de Venezuela ante la ONU, condenó la presentación del informe y aseguró que "se fundamenta en mentiras y difamaciones".
Sin embargo, Guevara asegura que tiene "pruebas suficientes" para plantear ante el pleno del Congreso "declarar la responsabilidad política" de Ramírez.
