El intendente de Andalgalá, Alejandro Páez (FCS), expresó su malestar por la media sanción que el Senado le dio al proyecto de "Coherencia minera" impulsado por el senador por Belén, Jorge Solá Jais (FV), pero que tuvo el respaldo de todo el bloque del FV. Páez denunció que el senador por Andalgalá, Juan Carlos Espinoza, le dijo que si el Ejecutivo municipal daba marcha atrás con la ordenanza aprobada en contra de la explotación minera, también el Senado bajaría el proyecto aprobado.

Por su parte, Espinoza admitió que habló con Páez y confirmó que hay una reunión prevista para el viernes 4 de noviembre, pero negó que fuera una "extorsión". El jueves último, la Cámara alta le dio media sanción al proyecto por el que propone que los municipios que se pronuncian en contra de la actividad minera dejen de percibir regalías mineras. La discusión se traslada ahora a la Cámara de Diputados con final incierto. 

En el programa "Cae el telón" de Radio Ancasti, Páez no ocultó su malestar. Relató que en los últimos días había recibido insistentes llamados del senador Espinoza a su teléfono. Cuando lo atendió, el legislador lo invitaba a participar de una reunión en la Cámara de Senadores para dialogar sobre la ordenanza que se había aprobado. Páez dijo que le pareció una buena estrategia al considerar que finalmente el Senado se preocuparía por escuchar las razones que tuvo el Concejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal de Andalgalá, ya que hasta ahora solo habían existido reproches.

Según su relato, la media sanción del Senado lo tomó por sorpresa:"Hoy cuando me levanto y veo que fue sancionada, me comunico con el senador Espinoza, quien me dice que seguía en pie la reunión para los primeros días de noviembre. Pero me dice que ahí le iban a plantear a los concejales que dieran marcha atrás con la ordenanza aprobada y si ellos se retractaban de esta ordenazna, también los senadores se retractarían de la media sanción que dieron en la Cámara de Senadores. Esto me pareció una aberración, pero más parecía una extorsión o al menos teníamos otra expectativa, pensábamos que se iba a profundizar el diálogo. Lo que me ha contestado Espinoza es ilógico".

Páez también salió al cruce del argumento del senador Solá Jais, quien había argumentado en la sesión que el proyecto no es contra el pueblo de Andalgalá, sino contra los funcionarios que no son responsables de las decisiones que toman.

"Es una ataque político que termina en un ataque a la comunidad. Además, recordó que la sanción de la ordenanza afecta a un punto específico y no a toda la jurisdicción de Andalgalá", dijo. Mencionó que la empresa Agua Rica comenzó a transitar por un camino distinto para lograr la explotación de Cerro Atajo, proyecto que no ingresa en la prohibición.

Además, recordó que la mayor parte de la infraestructura para el desarrollo de Bajo La Alumbrera está en terreno andalgalense como el mineroluducto y las subestaciones de bombeo. De esta manera, defendió el derecho del municipio a recibir regalías mineras. "Más que abrir el diálogo y propender a que esta controversia se solucione, fue un atropello, en medio de la embriaguez de poder que tienen los senadores del FV porque son mayoría. Pero lo que más me extraña es el posicionamiento de Espinoza, que es de Andalgalá, y del presidente de la Cámara de Senadores, Octavio Gutiérrez, que también es de Andalgalá",agregó.

En diálogo radial, Espinoza quedó en medio de una situación complicada porque admitió que habló por teléfono, con el jefe comunal y le transmitió la convocatoria a la reunión, pero no pudo aclarar por qué se dio media sanción al proyecto si todavía había una posibilidad abierta de diálogo. Espinoza se limitó a decir que "habló en otros términos con el intendente Alejandro Páez".

La autoridad belicha pide que haya diálogo para evitar estas diferencias.

Para el intendente de Belén, Daniel Ríos, la media sanción de la ley de "Coherencia Minera” los pone en situación incómoda con Andalgalá.

Mostró su desacuerdo porque entiende que es necesario abrir el diálogo para entender los motivos que llevaron a la aprobación de la ordenanza que prohíbe la megaminería a cielo abierto en la cuenca del río de esa jurisdicción.

"No estoy de acuerdo, creo que más que una decisión de los legisladores, hay que escuchar qué dice la comunidad”, afirmó Ríos en declaraciones radio Valle Viejo.

"En Andalgalá algo pasa y por algo la gente está con esta opinión. Es un tema que llevará mucho tiempo pero hay que sentarse a ver y buscarle la vuelta”, expresó.

Diferenció la situación con Belén al graficar que hay 9 municipios en el departamento, y "cada uno tiene mucho para mostrar lo que se hizo con los recursos de la minería”, mientras que en Andalgalá son dos que "reciben mucho mayor flujo de fondos”. "Creo que la gente está viendo que debería haber muchas más obras”.

Para Ríos falta diálogo y que las partes se sienten a diagramar a futuro, porque "esto nos afecta a todos”, pues la aprobación de la ley los pone en una situación incómoda.

"Nosotros desde ningún punto de vista queremos entrar en conflicto con Andalgalá, no vamos a volver a algo que ya ha sucedido y que no condujo a nada”, dijo, al tiempo que sostuvo que son respetuosos de la opinión de los andalgalenses.

Por otra parte, el Intendente se mostró preocupado por el impacto que pueda llegar a tener el cierre de la minería por la cantidad de empleados que tienen y los beneficios que trajo.

"Va ser un antes y un después, realmente en el momento que se dé, va a haber muchos problemas en la cuestión económica, la pérdida de fuente de trabajos y sobre en el desarrollo de una región que es netamente minera”, concluyó Daniel Ríos.

Paso de camiones

Sobre el malestar de vecinos por la falta de manteamiento del by-pass por el paso de caminos a la minera, el intendente Daniel Ríos adelantó que va mantener reuniones con Vialidad Nacional para que colabore con combustible y de esta manera el municipio procede a realizar los trabajos.

"Son aproximadamente 3 km y por el paso de camiones deteriora las viviendas además de levantar mucho polvo”, explicó.

Ríos puntualizó que esta situación viene desde hace mucho tiempo y que Vialidad Nacional no quiere hacerse cargo a pesar de que el tramo de la avenida Calchaquí corresponde a la ruta 40.

"De no tomar esta medida, lo van hacer los vecinos, y va ser un problema mucho mayor”, denunció.

El diputado del F3P y presidente de la Comisión de Minería, Hugo Navarro, se mostró preocupado "por la actitud del Senado, que no pidió explicaciones a los concejales de Andalgalá", y por la de la gobernadora Lucía Corpacci, "que dice que no hay motivos para vetarla en caso de que se convierta en ley". Propone una audiencia pública para definir la licencia social y coincidió en el carácter "extorsivo" de la media sanción.

"Me preocuparon las declaraciones de la gobernadora Lucía Corpacci. Veo que paradójicamente las hizo en un acto del Ministerio de Salud, cuando el espíritu primordial de la ordenanza es salvaguardar la salud de los andalgalenses", disparó Navarro, quien adelantó que votará en contra del proyecto

En el mismo sentido, el legislador señaló que la mayor preocupación la genera la posibilidad de la promulgación de la norma en caso de que se convierta en ley. "Preocupa que la Gobernadora diga que no hay motivos para vetarla porque no atenta contra los intereses de la Provincia. Hay dos sentencias claras, la de (el juez de control de garantías) Rodolfo Cecenarro, que paralizó toda la actividad de Agua Rica, y otra de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde pide el cese de la actividad para cuidar el ambiente. Me pregunto si aquí no está en juego la salud de los andalgalenses", dijo.

"Creo que la preocupación de los concejales fue resguardar la cuenca del río Andalgalá, que es la principal provisión de agua para todos ellos. Me llama mucho la atención que el Senado nunca haya mantenido un diálogo para interiorizarse sobre la razón de los concejales. Incluso sabiendo que hubo unanimidad de los sectores políticos. La Gobernadora tiene que ser quien bregue por la seguridad de todos los catamarqueños, pero pareciera que la minería debe ser explotada a cualquier precio", sostuvo.

Navarro llegó a coincidir con el intendente Alejandro Páez, al señalar que "esta ley es hasta extorsiva". "Hay un descrédito de la minería, porque lejos de dejar departamentos con desarrollo y derrame económico, eso nunca pasó. El artículo nº41 de la Constitución de la Nación es clarito. Todo habitante tiene derecho a un ambiente sano. Somos conscientes del daño ambiental que puede provocar la explotación de Agua Rica, y más allá de los intereses económicos, está la salud de Andalgalá en primer lugar", apuntó.

También coincidió con el diputado Carlos Molina, y señaló que sería necesario apostar al diálogo. "Como primera medida, habría que llamar a una audiencia pública con todos los actores interesados. Los concejales, la Gobernadora, el secretario de Minería, todos. Que se discuta y que en presencia de todos veamos si Agua Rica es viable y se termine de dilucidar la licencia social, que hoy no existe", dijo.

Por último, agregó que el CD tiene legitimidad para la aprobación de la ordenanza. "Encuentra respaldo jurídico en ordenanzas similares, leyes provinciales en todo el país y fallos judiciales", señaló.

Esta posición es compartida con el diputado Eduardo Pastoriza, quien integra el bloque unipersonal Postura Peronista. Pastoriza acompañó a Navarro en la visita al CD Andalgalá la semana pasada, y respaldó la postura de los concejales al considerar que habían sancionado la ordenanza con la prioridad de resguardar el agua de su pueblo.

Por otra parte, el diputado oficialista Augusto Barros se mostró a favor del proyecto. Señaló que "si te plantas contra la minería, tenés que mostrar coherencia después, que no se produzca una contradicción entre los dichos y los hechos", aunque adelantó que aún no fue analizado en el bloque del FV.