EDU GAJARDO
Una cuestión es clara. Si se realizó el Espacio de Diálogo Minero fue porque Alfredo Cornejo le dio el visto bueno. Y si se hizo, no tiene otro sentido que intentar -nuevamente- avanzar con la minería metalífera en la provincia, aún con las restricciones que pone la Ley 7.722.
Es que más allá de los discursos y los procesos, el único cambio significativo que puede tener la actividad en la provincia para que se transforme en un aporte para el Estado -por encima de lo que es hoy- es que se avance con la actividad metalífera que no se vea restringida por la normativa vigente.
Es que la minería da vueltas en la cabeza del gobernador hace mucho tiempo, desde que era intendente de Godoy Cruz y pensaba en su futuro como gobernador, cuando envió a Martín Kerchner y Néstor Parés a Macedonia para ver cómo trabajan los actuales dueños de San Jorge en sus procesos extractivos.
Por eso, y con un convencido de que la actividad minera es una importante alternativa, como es Emilio Guiñazú, avanzó con el espacio que intentó unir a todos los sectores, pero que nuevamente tuvo el rechazo de los ambientalistas. Sin embargo, igualmente se avanzó y se diseñará la política minera que propondrá el subsecretario de Energía y Minería para la provincia y en la cual la actividad metalífera es fundamental.
Es que tal como dijo Guiñazú a MDZ, él tiene el rol de promotor de la actividad, un rol que desde la Secretaría de Minería de la Nación esperaban encontrar en el ministro del área, Enrique Vaquié, pero que los sorprendió con una imagen "antiminera" en su perfil de Whatsapp. Entonces, la posta la toma un hombre con un alto perfil técnico, que ahora debe tratar de pasar los escollos políticos que encuentra en el mismo Gobierno para poder "convencer" a Cornejo de que es el momento darle luz verde a algunos proyectos, los que no están prohibidos por la Ley 7.722.
Alfredo Cornejo tiene claros los beneficios que le puede traer la actividad minera, pero también ha visto el impacto que tiene la presión de los sectores ambientalistas que no quieren actividad minera, de ninguna forma ni en ninguna condición. Sin embargo, y en medio de las presiones y la discusión por la postulación de José Valerio, también muestra que es capaz de ir con todo y contra todos si está convencido de algo.
Por eso, y entre otras cosas, la política minera de Guiñazú consideraría algunos cambios en temas de recaudación fiscal para mejorar los beneficios que podría entregar la industria a la provincia, un gancho para "convencer" al gobernador. Además, tendría una especial cuidado en todo lo que se refiere a los controles, con la creación de organismos que se encarguen de evitar que sucedan situaciones como las de la Barrick en San Juan.
Es que los episodios ocurridos en la vecina provincia fueron especialmente estudiados por Guiñazú, quien viajó a Jachal y apuntó cada detalle de las quejas de los vecinos, para trasladar esas preocupaciones y anticiparse con respuestas en la política que presentará para Mendoza.
En ese sentido, el documento que recibirá Cornejo tendrá a la Ley 7.722 como línea central en torno a la cual se decidirá qué se hace y qué no. La normativa será ratificada como esencial para la provincia y descartará cualquier intento de modificarla.
Con esos aspectos y otros detalles que aún no se quieren anticipar, se intentará convencer a Cornejo de que están las condiciones de avanzar con proyectos que no choquen con la ley. Para eso, quieren que la máxima autoridad provincial tenga el respaldo de la política de Estado y se decida por el desarrollo de la minería en otro nivel.
La fecha de entrega de la política minería sería el 17 de noviembre, pero su aprobación o rechazo podría darse hasta fin de año o un poco más allá. Es que en medio de las cuestiones que hoy preocupan a Cornejo, como el presupuesto y la postulación de Valerio, lo que se espera es terminar a tiempo para que el gobernador estudie el documento con tranquilidad y lejos de la revolucionada agenda que tiene hoy.
Esto porque, aunque se le dio el visto bueno para el avance al Espacio de Diálogo Minero, no se asegura que la política minera se aplique, ya que debe pasar -además- el filtro interno de los que se oponen a la actividad.
En ese sentido, se debe considerar que el mismo ministro Vaquié no tiene una postura a favor del desarrollo minero, lo mismo que en la Secretaría de Ambiente, donde Humberto Mingorance tiene como jefe de Gabinete a Eduardo Sosa, extitular de Oikos, y férreo opositor a la minería.
Fue desde esa repartición que hace algunas semanas salió una resolución que "desaprobaba" la validación de algunos informes de la Declaración de Impacto Ambiental que se aprobó en el pasado para el proyecto biprovincial de San Jorge, por lo que le pedían hacer todo el proceso nuevamente. Sin embargo, y según fuentes consultadas por MDZ, la oposición de su par de Minería llevó el caso a "una instancia mayor" que habría decidido dejar sin efecto la resolución y hasta ahora la empresa recibió ninguna notificación. Y esto es porque las decisiones sobre los proyectos mineros necesitan un doble aval y doble control, las dos secretarías mencionadas.
Tal como ocurrió con esa resolución, se espera que cuando se conozca la política se generen conflictos internos, pero la decisión final terminará en las mismas manos que casi la totalidad de lo que sale de Casa de Gobierno, Alfredo Cornejo.
