Tras dos intentos fallidos, el de 2011 que frenó el peronismo en la Legislatura y los proyectos archivados en 2014, la minería está cerca de tener su "tercer intento" de desarrollo en la provincia. En un mes, Alfredo Cornejo tendrá en sus manos el Plan Minero de Mendoza, la política prevista para el desarrollo de la actividad y que fue diseñada por la Secretaría de Minería. Del gobernador dependerá el avance de ese plan y una de las claves es que la propuesta considera avanzar con proyectos metalíferos que pueden concretarse aun bajo las restricciones de la Ley 7.722.
A diferencia de casos anteriores, ahora se evitaron los proyectos particulares para ejecutar la política y, en cambio, apunta a un marco regulatorio y de desarrollo que tendrá como base el Espacio de Diálogo Minero que promovió el subsecretario de Energía y Minería, Emilio Guiñazú. Ese proceso terminó la semana pasada.
El 17 de noviembre es la fecha de entrega. Ahora se trabaja en el diseño de la política minera para Mendoza, que como dice el mismo Guiñazú, tiene como objetivo "destrabar una actividad que tiene que ser aporte para la provincia".
En conversación con MDZ, Guiñazú dijo: "Obviamente estamos haciendo este trabajo porque queremos promover la minería en Mendoza. La política de Estado no es para que mande a la actividad para atrás, sino para que se desarrolle. El tipo, el cómo y el dónde va a salir de este trabajo".
El ex hombre de IMPSA defendió el espacio que se desarrolló sin la presencia de ambientalistas, los que se retiraron al inicio del proceso. A pesar de eso, Guiñazú aseguró el trabajo no se deslegitima, porque "las asambleas no tienen el monopolio de la defensa del medio ambiente".
"Los asambleístas son una sola parte y te diría que menor. Tuvimos un montón de especialistas en temas ambientales. Que no hayan estado las asambleas no significa que haya sido un monólogo de promineros. El que dice eso desconoce la situación", recalcó.
Aunque por ahora desde la Secretaría no quieren confirmar nada del contenido del documento, hay dos aspectos fundamentales que se verían plasmadas en la propuesta de desarrollo minero para Mendoza.
El primero sería cambiar algunas leyes y trabajar en otras nuevas, pero no respecto a temas ambientales, sino tributarios y administrativos. En ese sentido, el documento resaltará la vigencia de la Ley 7.722 y las restricciones que pone a la minería metalífera en la provincia.
Sin embargo, otro aspecto que consideraría, y que es de especial interés para la industria local, sería el que dejaría las puertas abiertas al desarrollo de proyectos metalíferos que no tengan choques con la mencionada ley. "Sabemos que hay proyectos que cumplen totalmente con la 7.722, pero que no avanzan por temor. Transformemos ese temor, midamos, transformemos en un riesgo. Cuando lo medimos y lo cuantificamos podemos tomar las medidas para controlar", puntualizó Guiñazú.
Respecto a la recepción que puede llegar a tener en la sociedad mendocina la política de Estado en el séptimo piso de Casa de Gobierno (espacio de la Secretaría de Minería), saben que el documento que presentarán al jefe del Ejecutivo no dejará conformes a todas las partes que participaron del diálogo o a la población, pero apuestan a llegar a tener un importante porcentaje de apoyo y consenso.
"No vamos a dejar contento a todo el mundo. Una de las cosas que nos damos cuenta es que hay dos extremos a los que nunca vamos a convencer, porque son cuestiones ideológicas. Buscamos una política que le de confianza al 80% de la población de la provincia", destacó Guiñazú.
En ese sentido, el funcionario aseguró que la política minera dejará claro a la sociedad que la actividad sólo se va a desarrollar si genera un beneficio y "no se le va a transmitir un riesgo a la sociedad".
En ese proceso de creación de confianzas, Guiñazú dijo que -tal como lo había prometido previo al proceso- no avanzarán con ningún proyecto hasta que estén definidas y en operaciones los organismos de control.
En medio de la definición de la política minera, los casos que cuestionan la industria en San Juan no dejaron de ser tema de discusión. Por eso, y confirmando que tanto la situación de la Barrick como la forma en que la vecina provincia invirtió y destino el dinero proveniente de la minería,
"Nos llama la atención de que controles que se están haciendo hoy no son suficientes y cómo se han manejado los accidentes. También cómo se ha distribuido la renta minera y dónde va a parar la plata de un recurso no renovable. Todo eso afecta la definición de la política", argumentó Guiñazú.
Este intento será el tercero para avanzar con algún tipo de actividad minera mayor a la existente, pero es primera vez que no depende de un proyecto puntual, como sucedió en las dos situaciones anteriores.
En 2011 en la Legislatura se rechazó el proyecto cuprífero San Jorge, el cual pretendía explotar un yacimiento en Uspallata a través del método de flotación. En medio de protestas y por pedido del entonces candidato Francisco Pérez, el oficialismo votó en contra de la iniciativa.
Tres años después, ya durante el mandato de Pérez como gobernador, se realizó la denominada Mesa de Diálogo Minero, en la cual participaron distintas empresas del sector motivadas por el ministro Marcos Zandomeni. De allí surgió la idea de avanzar con proyectos pequeños para "ir de a poco" tratando de acercar la industria a la población.
Sin embargo, Hierro Indio y Cerro Amarillo, los dos proyectos elegidos por tratarse de instancia de exploración y prospección, no lograron pasar el filtro legislativo, pero esta vez por la oposición del radicalismo que logró frenar Cerro Amarillo en Diputados. Hierro Indio ya había sido descartado en las comisiones.
Ahora, y en el tercer intento, dependerá de la decisión de Cornejo sobre la política minera si hay una opción para el desarrollo minero. La idea es que antes de fin de año se tenga una posición tomada, casi un año después de la asunción del gobernador.
