El político chileno Marco Enríquez-Ominami, actual candidato presidencial para las elecciones de 2017 (también lo fue en las presidenciales de 2009 y 2013, consiguiendo en la primera el 20% de los votos) ha sido imputado por la justicia junto a su exjefe de campaña Cristian Wargner, por delitos tributarios al facilitar la emisión de facturas falsas para fines políticos.
El problema más grave es que el imputado es candidato presidencial para las elecciones que se realizarán el 19 de noviembre de 2017 y esta situación, sin duda, pone en riesgo su carrera política, pese a que mientras no haya condena tiene las puertas abiertas a una eventual candidatura a la presidencia.
El excandidato presidencial, al frente de un pequeño partido que no tiene representación parlamentaria, fue vinculado al financiamiento ilegal tras una publicación del semanario Qué Pasa, que reveló correos electrónicos que pusieron al descubierto la relación entre el político y la minera Soquimich.
Durante el periodo que dure la investigación del caso con vistas al juicio, Marco Enríquez-Ominami y Warner tendrán que acudir cada quince días a la comisaría para reportarse y no podrán salir del país, salvo permiso expreso de la justicia.
La fiscalía considera que el popular político ‘facilitó’ que su exjefe de campaña emitiera 36 facturas falsas en 2011, 2012 y 2014 por cerca de 391 millones de pesos (en torno a 585.000 dólares), por servicios que nunca habrían sido prestados.
Las facturas ideológicamente falsas fueron emitidas a nombre de la minera SQM Salar, una filial de la minera Soquimich, que sirvieron para pagar la campaña presidencial de la fugaz estrella política chilena.
Desde su empresa Cristian Warner Comunicaciones Publicidad Y Marketing, la mano derecha del político, “suscribió en febrero de 2011 un contrato simulado con Patricio Contesse (exgerente deSQM), cuyo objeto era prestar asesorías a la minera en materia de comunicaciones”, dijo el fiscal.
Dichas facturas ocasionaron un perjuicio de 130 millones de pesos (unos 194.000 dólares) al fisco chileno.
Esta inculpación es una de las ramificaciones de un macrocaso que instruye la justicia contra Soquimich —hasta hace poco controlada por el controvertido exyerno del dictador Augusto Pinochet Julio Ponce—, y una de las mineras no metálicas más importantes del mundo, en el que hay más de 200 imputados.
Soquimich está siendo investigada por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios tras supuesto financiamiento ilegal de campañas políticas descubierto en la investigación de otro caso, el Penta —uno de los conglomerados económicos más importantes de Chile—, donde la mayoría de los implicados son políticos de la derecha opositora.
Estos casos empañaron la imagen de probidad y austeridad que tenían los políticos chilenos, de la que no ha escapado la misma presidenta, la socialista Michelle Bachelet, cuya nuera está imputada en otro caso de corrupción.
