Las comunidades de la provincia de Cotabambas, en Apurímac, anunciaron ayer el inicio de un paro indefinido, luego de que el viernes último falleciera el comunero Quintino Cereceda Huisa en un enfrentamiento con la Policía Nacional en los alrededores de la mina Las Bambas.
Los representantes locales indicaron a El Comercio que la medida durará hasta que lleguen al lugar el primer ministro Fernando Zavala; el titular de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo; y los directivos de la empresa MMG Las Bambas, a cargo de las operaciones mineras en la zona.
Los comuneros llegaron a esta decisión tras sostener una asamblea durante la tarde de ayer. En el lugar de encuentro –ubicado en el acceso a la vía que une la comunidad de Quehuira con la mina Las Bambas–, estaba el féretro de Cereceda Huisa, el cual fue velado mientras los representantes de diez comunidades campesinas discutían las acciones por tomar.
La presencia de Zavala es requerida para que reciba una serie de pedidos sobre las responsabilidades que –según dicen– debe asumir la empresa minera y los actores del conflicto; entre ellos, la Policía Nacional. Los reclamos son varios y vienen desde diferentes frentes.
Por el lado de la familia de Cereceda Huisa, se solicitó una indemnización por su muerte, la cual –según el ministro del Interior, Carlos Basombrío– fue a consecuencia de una bala que le atravesó el cráneo, y cuyo origen se investiga.
Asimismo, piden que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se haga cargo del caso. “Quiero justicia, que se encuentre a los culpables. Ya reconocieron que fue asesinado”, afirmó Antonia Huillca, viuda de Cereceda.
El segundo frente corresponde a las municipalidades de Tambobamba y Challhuahuacho, cuyos alcaldes –Odilón Huanaco y Antolín Chipani– plantearon la revisión de la entrega del canon minero a sus comunas y propusieron que este sea repartido cuanto antes, y no cuando MMG Las Bambas recupere lo invertido.
El último frente lo integran las comunidades de Choqueca, Allahua, Quehuira y Pumamarca. Los asesores legales de estas localidades, Frank Chávez Sotelo y Jorge Chávez Sotelo, explicaron que el principal reclamo es sobre la vía que une a la comunidad de Quehuira con la mina. Ellos sostienen que la vía está en terrenos que pertenecen a las comunidades y que debió darse un proceso de consulta previa antes de utilizarla para el transporte de minerales.
Del mismo modo, enviarán un documento a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso para que se organice una comisión que resuelva el conflicto en la zona. “Pedimos que lo vea Jorge del Castillo porque fue el único congresista que recibió a comuneros”, dijeron.
Los comuneros afirmaron que no desean más muertes en su protesta. “Queremos tener más voz en las mesas de diálogo”, dijo Raymundo Letona, presidente de la comunidad de Quehuira.
El cuerpo de Cereceda Huisa permanecía en la vía de acceso a la mina Las Bambas y era resguardado por los comuneros, quienes pernoctarán allí durante el paro. Trascendió que planean embalsamar el cuerpo de la víctima como medida de protesta.
Los ánimos están caldeados tras las declaraciones del ministro Basombrío, quien dijo que la PNP solicitó maquinaria pesada a MMG Las Bambas en pleno conflicto.
Al respecto, la empresa minera no se pronunció y solo indicó que es respetuosa “del ordenamiento legal vigente”. Al cierre de esta edición, Carlos Basombrío dijo que ningún ministro acudirá a Cotabambas.
Zanjas excavadas
Los comuneros de Cotabambas cavaron zanjas profundas en la vía que conecta la mina Las Bambas con la comunidad de Quehuira a fin de impedir el paso de camiones que transportaban mineral.
Uso de maquinaría
El ministro del Interior, Carlos Basombrío, señaló que la empresa MMG Las Bambas entregó maquinaria pesada a la PNP durante el enfrentamiento con los comuneros. Fuentes del Mininter señalaron que estas fueron usadas para tapar las zanjas y recuperar la vía.
RPP
La parlamentaria aprista Luciana León le ha solicitado al ministro del Interior, Carlos Basombrío, que aclare la supuesta participación del grupo fundamentalista Hezbollah en las protestas contra la empresa china MMG, que opera el yacimiento minero Las Bambas (Apurímac), citando información publicada por el diario Expreso.
A través de una carta enviada el 17 de octubre, la presidenta de la Comisión de Defensa le pidió asistir a una sesión extraordinaria del grupo para responder por "la presencia de asociaciones sin fines de lucro y/u Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que actúan en el país como fachada de la organización islamista 'Hezbolá' (ej. ONG Inkarri islam) que, según versiones periodísticas (diario Expreso del 16.10.2016, pág 4), están detrás de estas protestas, así como su supuesta vinculación a la organización Sendero Luminoso".
El antecedente. El lunes de la semana pasada, un grupo de pobladores de la provincia de Cotabambas bloqueó la vía que va hacia el yacimiento Las Bambas. Ellos aseguran que la empresa china MMG ha contaminado el camino con los minerales que transportan sus camiones. El último viernes, la Policía Nacional realizó un operativo de desalojo, en el cual fue asesinado Quintino Cereceda (42 años).
Un día después, el propio Basombrío confirmó que el comunero murió de un balazo en la cabeza y dijo que la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si fue uno de los policías el que disparó.
Nadie pudo evitar el enfrentamiento entre comuneros de Cotabambas y agentes de la Policía Nacional. El conflicto se inició luego de que los primeros bloquearan la vía que conecta a la comunidad de Quehuira con la mina, y que culmina en Huancuire. Protestaban contra la empresa MMG Las Bambas y por el uso que esta le daba a la trocha: como ruta para el transporte de minerales.
Inicialmente, la carga minera se debía transportar a través de un mineroducto, el cual iba a conectar Las Bambas con Tintaya, en Espinar (Cusco). Sin embargo, “al independizarse Las Bambas de Antapaccay (Tintaya), se vio por conveniente postergar la construcción del mineroducto, toda vez que las sinergias entre una y otra operación no eran sostenibles”, según explicó ayer MMG. En su reemplazo, propuso que el transporte se hiciera vía terrestre con una flota diaria de hasta 250 camiones.
Para ello, se utilizaría una ruta “de acceso público” (que incluye la actual vía entre Quehuira y Huancuire). Esto fue refrendado en la segunda modificación del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, que fue aprobada por el Ejecutivo el 14 de noviembre del 2014.
Según los comuneros, este uso de la trocha no estaba contemplado cuando la cedieron a MMG “para que construya su planta”. Denunciaron, además, que el paso de los camiones afecta sus viviendas y sembríos.
La empresa siempre ha sostenido que la vía es pública. “La modificación del EIA involucró una comunicación con las municipalidades. [También] incluyó el detalle de las vías que se utilizarían para el transporte de concentrado”, indicó MMG.
El 27 de julio pasado –un día antes de que culminara su gobierno–, el presidente Ollanta Humala firmó el Decreto Supremo 011-2016-MTC, con el que se aprobó la actualización del clasificador del Sistema Nacional de Carreteras (Sinac). Allí se estableció que la trocha Quehuira-Huancuire fuera catalogada de vía vecinal.
Este proceso demoró casi dos años, ya que el ex alcalde de Cotabambas Guido Ayerve lo solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el 16 de setiembre del 2014. Para ello, envió al sector un acuerdo municipal que autorizaba el pedido.
La actual autoridad edilicia, Odilón Huanaco, explicó que Ayerve y su concejo aprobaron la solicitud “en un proceso irregular, en una sesión realizada a las 5 a.m.”. Poco después, los comuneros protestaron por la decisión de Humala y bloquearon la trocha. El 1 de agosto, Huanaco remitió una carta al MTC para que la vía sea retirada del Sinac. Sin embargo, el ministerio refirió a este Diario que la solicitud no se ha hecho formalmente, por lo que no procede.
La viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, explicó a El Comercio que el retraso en el proceso de categorización de la ruta Quehuira-Huancuire como vía vecinal se debió a una “demora burocrática” por parte del gobierno anterior.
“La inclusión de una vía dentro del Sinac permite al MTC tener un adecuado monitoreo de la red vial. Se formalizó para que podamos otorgar recursos a la autoridad local para que pueda mejorar la trocha. El municipio de Cotabambas es el único que puede definir si es de acceso público o no”, dijo.
Al respecto, el ex titular del MTC José Gallardo Ku precisó que la actualización del Sinac es un proceso que requiere entre dos a tres años de trabajo técnico. Coincidió en que la comuna puede decidir la función de la vía a través de una ordenanza.
Los asesores legales de las comunidades de Cotabambas, Frank y Jorge Chávez Sotelo, dijeron a este Diario que el municipio no ha emitido ninguna disposición sobre el libre uso de la trocha, por lo que MMG no puede utilizarla como “vía pública”.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que hoy llegaría una comisión a Cotabambas para atender los reclamos de la comunidad. Participarían el titular de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, y los viceministros de otros sectores. Los comuneros rechazaron el anuncio, ya que exigen la presencia del primer ministro Fernando Zavala.
El ministro de Energía y Minas (MEM),Gonzalo Tamayo, señaló que pese a que han expresado a las autoridades de Apurímac que están abiertos a retomar el diálogo para solucionar el conflicto en torno al proyecto minero Las Bambas, lamentablemente no encuentran eco a su pedido.
Diálogo no prospera. "Desde anoche hemos estado insistiendo en que estamos absolutamente dispuestos en acercarnos a la zona y que estamos abiertos al diálogo y creemos que es la forma de cómo estos conflictos se pueden solucionar. Lamentablemente no estamos encontrando eco a nuestro pedido y al encargo que nos ha hecho el premier", dijo a RPP.
Buscamos una solución. Tamayo indicó que reiteran su deseo para que se retome este diálogo "de forma abierta, franca y sincera" por lo que junto a una comitiva se dirige a la provincia de Cotabambas donde las autoridades, dirigentes y pobladores acatan un paro indefinido como protesta para denunciar que MMG Las Bambas ha contaminado el camino con los minerales que transportan sus camiones desde el yacimiento.
Cerca a la zona. "Nos encontramos con una comisión de alto nivel conformada por dos congresistas de Apurímac, la viceministra de Derechos Humanos, la viceministra de Transportes, el viceministro de Gestión Ambiental, de Minería, de Orden Interno y el jefe de la Oficina de Diálogo de la PCM, en la línea de continuar dando señales del Gobierno de reactivar el diálogo de cara a los sucesos que han ocurrido en Las Bambas", comentó.
Comunero fallecido. Asimismo expresó sus condolencias a la familia de Quintino Cereceda, quien murió durante el enfrentamiento entre los comuneros y la policía.
"Queremos manifestar también nuestra preocupación y darle las condolencias a la familia y ver que podamos darle cristiana sepultura", añadió.
Cursaron carta. El titular del MEM aseveró que le enviaron una carta a la autoridad edil de Cotabambas indicándole que una comitiva dirigida por él se dirigen a la zona para tratar de retomar el diálogo.
"Ayer el gobierno a través del premier Fernando Zavala le ha cursado una carta al alcade de Cotabambas, Odilón Huanaco informándole de manera anticipada de nuestra visita del día de hoy e insistiéndo en que tenemos que retomar y mantener el diálogo que se ha mantenido durante los últimos meses bajo distintas instancias se ha venido trabajando de manera bastante coordinada entre la empresa, el gobierno y las autoridades", manifestó.
