Una discusión justa y apegada a criterios técnicos, no políticos. Eso es lo que pide el director de Relaciones y Comercio Internacional de la compañía siderúrgica mexicana DeAcero, Juan Antonio Reboulen, empresa que ha acusado serios daños a causa de la implementación de medidas de protección al acero nacional.
El ejecutivo asistió el viernes a una audiencia en la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en la que se expusieron los argumentos en defensa a la acusación contra el acero importado interpuesta por CAP y Gerdau.
Las indagaciones de este supuesto caso de dumping comenzaron en noviembre de 2015 y, en mayo de este año, la propia comisión antidistorsiones dictó una medida de derecho antidumping provisional de 13,1%. Este hecho provocó la salida del mercado de DeAcero, ya que según señalan sus ejecutivos, se vieron imposibilitados de competir con los precios locales. Si bien en la audiencia del pasado viernes se acordó reducir esa cuota provisional al 11%, aun así no tendrían opciones de reincorporarse al mercado local.
Según Reboulen, si bien los competidores han perdido terreno en e0l mercado, esto se debe a un panorama mundial adverso en la industria siderúrgica, agravada por la depreciación internacional de precios y, especialmente por la sobreproducción china del metal, que asciende a 500 millones de toneladas anuales. Además, atribuyó parte de la responsabilidad a CAP por no cumplir con las inversiones que prometió, sumado a la caída en la producción minera que puso en riesgo la capacidad operativa de la empresa, según informó La Tercera.
“No hay elementos claros para argumentar que las exportaciones mexicanas son las causantes del problema financiero que acusan las empresas CAP y Gerdau”, aclaró.
Respecto a las acusaciones de supuesto subsidio por parte del Estado mexicano, Reboulen se defendió asegurando que cumplen con el acuerdo internacional antidumping, que no recibe ninguna subvención del Estado y que su acero cumple con todos los estándares de calidad exigidos. “La fórmula con la que se hizo el cálculo de este supuesto dumping desconsideró algunos factores, pero, si se hace el cálculo correcto, no habría tal”, explicó el directivo y agregó que “en México los productores de acero no recibimos ningún tipo de subsidios y lo podemos demostrar ante cualquier organismo”.
Asimismo, enfatizó que ellos cumplen con todas las normas chilenas, pero “muchas veces, con el pretexto de ampliar la certificación de calidad, lo que en realidad se está haciendo es proteger a los productores locales, lo que termina perjudicando al consumidor”.
“Esperamos que esta decisión se tome estrictamente apegada a los criterios técnicos que ordena el acuerdo antidumping y que esté libre de una politización que sería muy nociva para el consumidor chileno”, expresó Reboulen.
Por último, afirmó que son las empresas turcas de acero las que están incurriendo en dumping, que los verdaderos enemigos de Chile no son los mexicanos, sino que Turquía y China, quienes amenazan la estabilidad del empleo en la industria siderúrgica local.
¿Aranceles? Si bien el ejecutivo mexicano se mostró de acuerdo con que se apliquen sobretasas a determinadas importaciones de acero, no comparte que estas tasas se instauren para los socios comerciales con los que existen acuerdos de libre comercio vigentes y que, a su juicio, compiten en igualdad de condiciones.
Según respondió la empresa Gerdau, la segunda mayor siderúrgica del país, lo que se debe demostrar es si el dumping ha generado o no daño a la rama de producción nacional, que incluye a Gerdau.
“Si dicho daño se ha generado, corresponde la aplicación de derechos antidumping, con miras a contrarrestar dicha conducta ilegítima. Creemos que hay antecedentes claros que acreditan el daño causado por la conducta ilegítima”, señalaron desde la compañía.
Desde la empresa controlada por el grupo brasileño Gerdau agregaron que lo que se está buscando es que se sancione una conducta ilegítima, no que se establezca si tal o cual compañía ha recibido recursos del Estado.
“Cabe tener presente que los propios productores mexicanos, incluida la propia denunciada, han solicitado la aplicación de medidas similares para su industria local.
En lo que va del año, las autoridades mexicanas han dictado 12 resoluciones” aseguraron.
Al respecto explicaron que las medidas en México han sido publicadas en el Diario Oficial de ese país “y protegen efectivamente un conjunto enorme de productos de acero, con aranceles tremendos al acero importado, que van desde un mínimo de 15%”.
