El Tercer Tribunal Ambiental, con sede en Valdivia, rechazó una solicitud de excepción de incompetencia absoluta solicitada por Endesa S.A., en torno a la demanda que enfrenta por daño “a la biosfera de la comuna de Coronel y alrededores y a la propiedad privada”, como consecuencia del funcionamiento del Complejo Central Termoeléctrica Bocamina, causa acumulada “Carrillo Irribarra, Herminio y otros con Empresa Nacional de Electricidad S.A”.
A juicio de Endesa, los hechos expuestos, en la demanda de daño ambiental, son anteriores al 28 de junio del año 2013, “por lo que el Tercer Tribunal Ambiental sería incompetente por no haber estado establecido por ley con anterioridad a la perpetración del hecho”.
En la resolución con fecha 17 de octubre de 2016, los ministros del Tercer Tribunal Ambiental, Michael Hantke Domas, presidente; Roberto Pastén Carrasco y Pablo Miranda Nigro; resolvieron rechazar la excepción de incompetencia absoluta ya que, “para determinar el tribunal competente en razón del tiempo, debe establecerse cuál es el momento en que se han configurado todos los requisitos para establecer la responsabilidad por daño ambiental, en particular la manifestación evidente del daño”.
Por lo tanto, la resolución señala que con “respecto de la época de la manifestación evidente del daño, esto debe ser dejado a las probanzas, y a su posterior análisis y valoración por parte del Tribunal”. En consecuencia, “al no resultar manifiesta la incompetencia de este Tribunal, se procederá a reservar el pronunciamiento sobre la incompetencia absoluta de este tribunal, en la sentencia definitiva”.
La Central Termoeléctrica Bocamina, es un complejo industrial generador de energía eléctrica a base de carbón bituminoso y sub-bituminoso que cuenta con dos unidades generadoras, ubicado en la comuna de Coronel, 30 Km al sur de Concepción, Región del Biobío. La primera unidad, puesta en servicio el año 1970, tiene una potencia aproximada de 128 MW y por su año de construcción no fue sometida al SEIA; la segunda unidad, corresponde al proyecto “Ampliación Central termoeléctrica II unidad”, cuenta con Resolución de Calificación Ambiental (206/2017) y está equipada con tecnología de combustión de carbón pulverizado, con una potencia aproximada a los 350 MW.
La semana pasada llegaron hasta la Fiscalía Centro Norte dos directores de Endesa y un ex director. La razón: fueron citados a declarar en calidad de testigos por la fiscal jefa de la Unidad de Alta Complejidad, Ximena Chong, en el marco de la investigación que se abrió por presunto cohecho internacional en contra de la firma.
La causa se inició luego de que la Fiscalía Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de España hiciera un requerimiento internacional a Chile, pidiendo una serie de antecedentes sobre la compañía en relación a este ilícito.
Los altos ejecutivos interrogados por Chong fueron los directores Enrique Cibié, ex presidente del directorio de Farmacias Ahumada; Jorge Atton, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Sebastián Piñera, y el ex director de Endesa, Felipe Lamarca, actual presidente del directorio de Ripley.
Según fuentes de la investigación, los tres fueron consultados sobre los eventuales pagos irregulares a Personas Expuestas Políticamente (PEP), rectificados en junio de 2015 por la generadora eléctrica ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
De acuerdo a lo que informó Endesa el año pasado, mediante un comunicado, el monto corregido ante el SII ascendió a $ 276 millones por pagos realizados entre 2012 y 2015, argumentando que carecerían de respaldos suficientes para justificar el gasto. La decisión se fundamentó en un informe encargado al estudio Cariola, Diez, Pérez-Cotapos.
Así, el objetivo de los interrogatorios fue que los directivos pudieran identificar quiénes fueron las personas o la persona que contrató y autorizó los servicios que fueron rectificados. Las respuesta de los tres, indicaron las mismas fuentes, fue que no sabían quién o quiénes fueron los responsables de dar curso a estos pagos cuestionados.
Entre los pagos rectificados por Endesa el año pasado figuran las empresas del recaudador de campañas presidenciales de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli; del abogado y yerno de Eduardo Frei y ex recaudador de su campaña presidencial, Pedro Yaconi, y del ex senador de RN Ignacio Pérez Walker.
Consultados respecto de las declaraciones entregadas por los ejecutivos, desde Enel Generación (ex Endesa Chile) dijeron que “reiteramos nuestra disposición y colaboración con las autoridades”.
Contactado Rodrigo Zegers -socio del estudio Rivadeneira, Colombara, Zegers & Compañía, que asesoran legalmente a la empresa-, declinó referirse al tema.
En tanto, respecto del requerimiento internacional por el cual comenzó este caso, el fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, dijo que “respondimos el requerimiento de asistencia internacional el 22 de septiembre. En el oficio damos cuenta de las diligencias solicitadas en mayo pasado”.
Ayer, funcionarios de la Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) Metropolitana de la PDI llegó a las 9.45 a la oficina de Yaconi, ubicada en la calle Isidora Goyenechea, en Las Condes.
El objetivo de la diligencia era requerir de forma voluntaria los respaldos contables de los pagos realizados por Endesa al ex recaudador de la campaña de Frei, junto con los informes que había realizado a cambio de estos pagos y los correos electrónicos donde se detallan reuniones entre ejecutivos de la eléctrica y la empresa de Yaconi, C2P.
Al respecto, el abogado de Yaconi, Francisco Cox, dijo que “hoy (ayer) tuvimos una reunión con los subcomisarios de la Brigada de Delitos Funcionarios y les entregamos más de 102 informes, los contratos y los antecedentes que le fueron entregados por parte de Endesa a Yaconi para que pudiera hacer el trabajo, como las aprobaciones ambientales”.
Explicó que Yaconi también prestó asesorías verbales a la compañía, por lo que le pidió a la PDI que requirieran a Endesa los registros de entrada de su cliente, “toda vez que tuvo múltiples reuniones en Endesa, donde se les dio asesoría. Les dimos los nombres de quienes eran la contraparte de los servicios prestados”.
El abogado agregó que “seguimos sin entender la razón por la cual Endesa nos puso en esta situación, que daña la imagen de mi representado y dejó de contestar dos cartas en las cuales nosotros les ofrecimos estos antecedentes”. Cox señaló que le pidió una citación a declarar a la fiscal Chong, pero que aún no les dan fecha.
En tanto, Claudio Pavlic, abogado de Martelli, agregó que “entregamos (el lunes) de forma voluntaria la información respecto de los trabajos que se realizaron para Endesa”. Detalló que se entregaron a la policía contratos, informes y minutas de reuniones.
Pavlic añadió que “no hay ningún problema para que se entregue la información mediante una declaración acerca de las consultas que pueda estimar la fiscal”.
Según fuentes ligadas al caso, Pérez Walker también habría entregado la misma información a la PDI.
