Sin hacer ruido y cuando aún restan tres semanas para que expire el acuerdo vigente, las petroleras han comenzado a manifestarles a los funcionarios de Energía su intención de retomar los ajustes en los precios de los combustibles que se habían frenado en agosto.

Si bien no necesitan autorización ni resolución oficial para remarcar los surtidores, las petroleras buscarían “consensuar” con el Gobierno los aumentos que quieren aplicar durante el último bimestre del año en las naftas y el gasoil.

 De manera extraoficial, los directivos de las principales petroleras ya le anticiparon al secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda y al ministro de Energía, Juan José Aranguren, que tienen en carpeta dos incrementos del 5% para terminar de compensar el impacto en los costos que produjo la devaluación que sobrevino a fin del año pasado tras el levantamiento del cepo y la liberación del tipo de cambio.

A principios de 2016, Aranguren y las petroleras habían convenido una actualización gradual de los precios de los combustibles a lo largo del año.

Entre enero y mayo, subieron cuatro veces acumulando un ajuste del orden del 30% que llevaron el valor promedio de las naftas más baratas a 1,70 pesos el litro y el de las naftas premium, a casi 2 pesos el litro, según informó La Política Online

A principios de agosto cuando se aprestaban a aplicar un nuevo ajuste del orden del 5%, las petroleras fueron convocadas por el Gobierno para establecer una tregua de tres meses.

Preocupada por el impacto inflacionario que iba a provocar el quinto aumento del año en los combustibles, la administración macrista acordó con las petroleras un congelamiento de los precios en las estaciones de servicio por 90 días y una baja paulatina del barril de crudo local que utilizan las refinadoras y que desde 2014 está por encima de los valores del mercado internacional.

Ese acuerdo vence en la primera semana de noviembre y la apuesta máxima de las petroleras es aplicar en dos veces la suba del 10% que, según sus números, tienen pendiente para completar el desfasaje de la devaluación.

En principio, la idea del equipo de Aranguren sería no poner objeciones a las subas en juego. Consideran que los aumentos deberían registrarse en lo que resta de este año para poder transitar el 2017 con los precios de los surtidores estables.

De esta manera, reducirían el costo político que van a tener que afrontar en los primeros meses del próximo año cuando llegue la hora de autorizar las subas tarifarias que ya están programadas para de los servicios de gas y energía eléctrica.

Más allá de lo opinen en el área de Energía, las petroleras no descartan que -a instancias del ala económica que conforman el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay; el titular del BCRA, Federico Sturzenegger y la dupla de coordinadores Mario Quintana y Gustavo Lopetegui- el Gobierno opte por proponerles una extensión del congelamiento de precios por tres meses más con el doble fin de mantener controlada la inflación y no darle motivos a los gremios para que reclamen actualizaciones salariales.