Los potenciales compradores de SQM en China, los accionistas en Estados Unidos, los socios en Canadá y Japón o el mercado bursátil en Chile.
Mientras en la primera acción legal la diferencia era monetaria -Corfo exigía el pago de una deuda por concepto de diferencias de arriendo de US$ 17 millones, más una indemnización de US$ 18 millones-, la nueva demanda, según el texto al que accedió "El Mercurio", tiene por objeto terminar con el contrato y la restitución de todo lo que este contiene: pertenencias, servidumbres, derechos de agua y distintos bienes.
Incluso, pide "la terminación anticipada o disolución de la Sociedad Minera Salar de Atacama", cuyos accionistas son SQM Potasios y SQM. También exige una indemnización "de la totalidad de los perjuicios tanto patrimoniales como extrapatrimoniales causados a la Corporación (Corfo), por las sociedades demandadas, como consecuencia de los incumplimientos contractuales que incurrieron".
Ante esta nueva arremetida de Corfo, la minera no metálica presidida por Eugenio Ponce Lerou interpuso en septiembre pasado una demanda contra la corporación estatal, en la que plantea que si la estatal quiere revisar el precio pagado por la explotación del salar, que se contemple el período completo del contrato, desde 1997 hasta el 31 de diciembre de 2015. Según SQM, en esta cuenta no es la compañía la que debe dinero al fisco, sino al revés, Corfo adeuda a SQM una suma aproximada de US$ 500 mil.
La compañía también respondió a la segunda demanda de Corfo, donde pide que se le indemnice por los perjuicios que le provoca esta nueva jugada legal. Afirma que la estatal no desea continuar con contratos firmados hace más de dos décadas, y para ello ha ejecutado una serie de acciones para entorpecer el desarrollo de SQM Salar, la filial que opera en la zona.
La minera sostiene que la corporación ha desplegado una campaña comunicacional destinada a hostigar a la empresa y crear una opinión pública desfavorable a su desarrollo. Incluso, SQM dice que esto es una estatización encubierta y que para tal fin Corfo ha agitado denuncias ante la Comisión Chilena de Energía Nuclear, Aduanas, la Superintendencia de Valores y la Securities Exchange Commission de Estados Unidos.
¿Cuál es el trasfondo de las nuevas demandas cruzadas? Según cercanos al proceso, esta nueva arremetida de Corfo busca dilatar la definición de este arbitraje, dado que las nuevas demandas se suman a la acción original o, como se dice en jerga jurídica, "se acumulan".
Cercanos a SQM sostienen que Eduardo Bitran, vicepresidente de Corfo, definió esta estrategia porque el primer arbitraje, que está en su fase final, le daría la razón a SQM. En Corfo desestiman esta explicación.
Pero en lo que ambas partes concuerdan, es que con tres demandas "acumuladas" prolongan la disputa hasta por lo menos dos años más; es decir, hasta el fin del gobierno de Michelle Bachelet.
La primera acción arbitral está en plena etapa de peritaje. Se designó a la economista Andrea Butelman como perito independiente, y cada una de las partes nombró a un experto: Eduardo Saavedra, por Corfo, y Raphael Bergoeing, por SQM Salar. Este proceso debía terminar a inicios del 2017, pero la presentación de una segunda acción legal cambió este cronograma.
Para SQM, el negocio en el emblemático salar es clave. En una presentación ante el Congreso esta semana, el gerente general de la firma, Patricio de Solminihac, destacó que la compañía ha invertido más de US$ 1.750 millones en desarrollo productivo y tecnológico en la zona; emplea a más de 3.300 trabajadores y ha pagado al Estado sobre US$ 532 millones en patentes municipales, mineras, royalty minero e impuesto a la renta. Aclaró que ha cancelado en arriendos a Corfo unos US$ 243 millones, y solo en el año 2015 esa cifra ascendió a US$ 23,4 millones.
De Solminihac explicó que para financiar su proyecto en el salar de Atacama, SQM incluso emitió ADRs (acciones en el mercado estadounidense). En la presentación, el ejecutivo de la compañía minera dio distintos ejemplos de cómo distintos organismos del Estado -como el Sistema de Empresas Públicas y la misma Corfo- han fiscalizado el cumplimiento del contrato.
Instancia que continúa con el mandato de recabar antecedentes sobre la participación de organismos públicos en la exploración, procesamiento, explotación, exportación y transporte de litio, así como de las características del contrato suscrito entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y SQM
En su exposición, el ejecutivo señaló que SQM logró desarrollar el proyecto Salar de Atacama, con inversiones y desarrollo tecnológico, los cuales permitieron posicionar a Chile como uno de los líderes en la producción y comercialización de litio.
Agregó que esta operación genera empleo para 3.300 trabajadores directos e indirectos, con cumplimiento a la gestión ambiental y con relación "constructiva" con las comunidades vecinas a su localización.
Respecto a las diferencias que mantienen con Corfo, Solminihac señaló que SQM ha cumplido con todas sus obligaciones y ha colaborado en todas las instancias desde que se inició el arbitraje. Añadió, al respecto, que solicitaron un nuevo arbitraje que someta a revisión todas las ventas de litio desde el inicio de las operaciones, en 1997, y no solo en el periodo 2009-2015, así como lo consideró Corfo.
Además, explicó que en promedio SQM ha vendido a precios más altos que sus competidores, en el último tiempo, en promedios de 4 a 6% y que sus precios han sido superiores a los de mercado, respecto de otras empresas de la competencia.
Solminihac, durante la sesión, fue consultado acerca de la política de la empresa en materia de seguridad laboral, recordando que fue un punto criticado por los dirigentes de los trabajadores que asistieron a esta instancia previamente. Ante esto, afirmó que sí están orgullosos en materia de seguridad y dijo que los dirigentes mencionados tienen poca representación y una visión sesgada de la empresa.
En cuanto a la instalación de linderos [para limitar la zona de explotación] -que Corfo expresa no se ha cumplido y que SQM refuta que no son su responsabilidad- el gerente general afirmó que no es necesario para mantener la propiedad minera tener que construir un lindero que no fue posible de construir originalmente, como en este caso, por inaccesibilidad. Explicó que se trata de un tema que depende del arbitraje y se debe esperar la resolución sobre el punto, aunque subrayando que sí han estado dispuestos a financiar la construcción de los mismos si así se determina.
Al término de la sesión, el diputado Alberto Robles, presidente de la Comisión Investigadora, valoró la presencia del gerente de SQM, puntualizando que, Patricio de Solminihac, “manifiesta una defensa de las acciones de SQM, pero que solo el sentido común te muestra que este es un tema complejo, con diferentes aristas y posiciones, que se deben profundizar porque se "pueden interpretar en forma distinta".
Asimismo, resaltó que es gracias al trabajo fiscalizador de la Cámara de Diputados que se puede debatir sobre lo que está pasando con la industria del litio en todas sus modalidades
Finalmente, comunicó que la Comisión acordó viajar al Salar de Atacama, durante la primera semana de noviembre, para sostener una reunión con las autoridades y comunidades locales, ocasión en que evaluarán visitar igualmente las faenas de SQM
No solo demandas arbitrales contra Corfo está enfrentando la minera no metálica ligada a Julio Ponce Leru: SQM.
Y es que SQM Salar, filial de SQM, inició a fines de septiembre una demanda arbitral contra la Compañía de Seguros RSA, luego de que esta decidiera rechazar el informe final de liquidación elaborado por SGC Transporte que proyectaba pérdida por unos US$ 20,7 millones en el Salar de Atacama, a raíz del temporal de 2013.
En concreto, la disputa data de febrero de 2013, cuando se registraron inusuales precipitaciones sobre el Salar de Atacama, activo clave para SQM. Dicho evento afectó las instalaciones de la minera no metálica y provocaron daños y perjuicios en sus caminos, edificios, oficinas, laboratorios, pozas de evaporación, equipos y demás bienes, a lo que se sumaron pérdidas de productos en proceso y terminados.
El saldo de lo anterior fue cuantificado en unos US$ 20,7 millones por el liquidador del siniestro, SGC Transporte. Dicha entidad emitió su informe a mediados del año pasado y determinó que el siniestro denunciado se encontraba cubierto por la póliza contratada por SQM a la compañía de seguros RSA -denominado “stock throughput”-.
Sin embargo, desde la compañía RSA rechazaron el informe por lo que en septiembre de este año la minera no metálica tomó la determinación de iniciar un proceso arbitral.
En definitiva, según indican desde la empresa, la demanda apunta a “exigir el pago de la cantidad adeudada a la Compañía de Seguros RSA en conformidad con el procedimiento establecido en la póliza indicada”.
Cabe destacar que de sus operaciones en el Salar, SQM extrae cloruro de potasio, sulfato de potasio, carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio, entre otros. En la última entrega de resultados, dichas operaciones significaron cerca del 50% de sus ingresos.
Los otros arbitrajes de SQM Salar
Esta filial de SQM está incluida dentro de la pugna que tiene Corfo con SQM por las pertenencias mineras en el Salar de Atacama.
El último capítulo de dicho proceso fue la última demanda arbitral de Corfo contra SQM y sus filiales en la que solicitó el término anticipado del contrato de proyecto suscrito el 12 de noviembre del año 1993 y de otros contratos relacionados.
A esto se suman otro juicio iniciado en 2014 en el que solicita el término anticipado de contrato de arrendamiento por la supuesta falta de pagos de rentas trimestrales en determinados productos durante el período 2009-2013.
Por su parte, este año SQM también inició un proceso arbitral en el que se solicita aclarar si las rentas de arrendamiento pagadas por SQM Salar desde el inicio del contrato se han ajustado al acuerdo de las partes.
Cerca de 1500 trabajadores y extrabajadores de SQM presentarán una demanda en contra de Julio Ponce Lerou y su hermano Eugenio, actual presidente del directorio de la minera no metálica, para que se les cancelen entre 4 y 6 mil millones de dólares supuestamente adeudados por el no pago de utilidades que les corresponderían por las acciones que le fueron entregadas en 1985, como parte del “capitalismo popular” impulsado por Augusto Pinochet.
Hugo Herrera, representante de los trabajadores, explicó en ADN Hoy el origen de la situación: “Todo lo que tiene actualmente el controlador de SQM con su hermano no es de ellos. Una parte es de ellos, pero el total es de los trabajadores de Soquimich. Nosotros fuimos involucrados a través del capitalismo popular por el suegro de Julio Ponce, Pinochet”.
“En el año 1985 se nos entregaron acciones producto de una ley y esa ley decía que tenían que entregarnos utilidades. De ese entonces quedan en custodia esas acciones en un convenio colectivo”, agregó.
Sin embargo, explica Herrera, un año más tarde se constituye la sociedad Pampa Calichera a espalda de los trabajadores y se utilizan las acciones para conseguir créditos. “Ilegalmente usan nuestras acciones, que estaba en custodia en SQM, a través de un reglamento de fondo de indemnizaciones por acciones de retiro para los trabajadores y las ingresan a la sociedad de inversiones de Pampa Calichera. Con eso, lo colocan en garantía en tres instituciones financieras”, dijo.
“A nosotros se nos prometió que por cada acción que uno aportara el resultado iba a ser 3.8 acciones, casi cuatro. El resultado de ese negocio, jamás, los hermanos Ponce Lerou y quienes resulten responsables se lo han entregado a sus legítimos dueños, que son los trabajadores del salitre”, cerró.
