Un órgano de arbitraje del Banco Mundial (BM) falló hoy a favor de El Salvador y en contra de la minera canadiense Pacific Rim, ahora propiedad de la australiana Oceana Gold y que reclamaba al Gobierno salvadoreño una indemnización de 250 millones de dólares.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), órgano dependiente del Banco Mundial, falló a favor de El Salvador y determinó que la empresa minera deberá indemnizar al país centroamericano con 8 millones de dólares para cubrir los costos procesales de un litigio de siete años y medio.

"El tribunal ordena al demandante (Oceana Gold) pagar a los demandados (El Salvador) la suma total de ocho millones de dólares por los costos legales en los que incurrió la segunda (parte), y sin prejuicio de lo dicho el tribunal rechaza todas las demás pretensiones", dictó la Ciadi en su fallo, al que accedió Efe.

A pesar de la victoria, el Gobierno de El Salvador ha gastado 13 millones de dólares en el proceso judicial, por lo que el fallo de la Ciadi supone una pérdida de cinco millones de dólares.

El caso se remonta a 2009, cuando la minera canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por Oceana Gold, interpuso una demanda contra El Salvador ante la Ciadi porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas (norte de El Salvador).

"Para nosotros es una victoria como país y creo que trasciende la importancia de este laudo arbitral a otros países", consideró el fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, que viajó a Washington para recibir el fallo de la Ciadi.

Por su parte, en un comunicado, la empresa Oceana Gold aseguró estar "decepcionada" con la decisión y aseguró que "revisará con detalle el fallo del Ciadi antes de evaluar los próximos pasos relacionados con su unidad de negocio en El Salvador".

La minera cree que el proyecto de la mina de oro de El Dorado le habría traído grandes beneficios y que, de hecho, en esa explotación hay 1,5 millones de onzas de oro y 11,4 millones de onzas de plata.

Debido a ese gran potencial económico, en 2009 la compañía reclamó al Gobierno salvadoreño 77 millones de dólares, una cifra que ha ido variando, llegó a los 314 millones y ahora se situaba en 250 millones de dólares, según precisó en rueda de prensa el abogado Luis Parada, que defendió a El Salvador.

En una entrevista con Efe, el fiscal general salvadoreño expresó su deseo de que Oceana Gold desembolse lo antes posible esos 8 millones de dólares para subsanar parte del costo del largo litigio.

De no producirse el pago de esos ocho millones de dólares, Meléndez advirtió que el Gobierno salvadoreño está estudiando la posibilidad de embargar los bienes que la empresa compró en el departamento de Cabañas, donde estaba la mina de oro y plata.

"Si ellos se sometieron a este proceso y si ellos creyeron que era el proceso conveniente para el arbitraje, entonces tienen que respetar la sentencia", consideró Meléndez.

La empresa Pacific Rim comenzó en 2002 a operar en El Salvador con unos permisos oficiales, pero llegado el momento, el Gobierno salvadoreño le denegó los permisos de explotación.

Ese rechazo a Pacific Rim se produjo en un contexto en el que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) anunció su negativa a conceder permisos a compañías mineras y suspendió los otorgados alegando que la explotación minera podía contaminar los escasos recursos acuíferos de que dispone la nación.

Frente a esta situación, Pacific Rim pidió al Ejecutivo salvadoreño que reconsiderara su posición y, como el Gobierno no cedió, la compañía interpuso una demanda ante la Ciadi.

En el comienzo del proceso de arbitraje, Pacific Rim aseguró que El Salvador había violado el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos, pero la Ciadi falló en contra de esta acusación en 2012.

Entonces, el órgano de arbitraje del Banco Mundial consideró que Pacific Rim no podía ampararse en un tratado entre EEUU y Centroamérica al ser una compañía canadiense, pero le permitió seguir con el litigio para averiguar si El Salvador había incumplido sus propias leyes de inversiones extranjeras.

En El Salvador no existe una ley que prohíba la minería, pero durante años una coalición de grupos internacionales, encabezados por Oxfam, han hecho campaña contra esa actividad.

Durante años los diferentes Gobiernos han rechazado todas las solicitudes de empresas mineras, mientras que la Asamblea Legislativa de El Salvador ha tratado de aprobar sin éxito varias propuestas para decretar una moratoria oficial o una prohibición permanente de la minería.