Un muerto y al menos 40 heridos dejó un enfrentamiento entre policías y miembros de comunidades cercanas a la mina de cobre Las Bambas enApurímac.
El enfrentamiento se desencadenó cuando los agentes intentaron despejar con maquinarias una vía bloqueada hace una semana por los pobladores, en el sector Queuire.
Según testigos, los agentes usaron gases lacrimógenos, y los comunerosrespondieron con piedras.
La violencia en el distrito de Challhuacho dejó un muerto, además de 20 policías y 24 comuneros heridos. La víctima fue identificada como Quintino Cereda Huisa.
“Se está investigando las causas de la muerte del mencionado ciudadano, así como corroborando información de diversas fuentes, para el día de mañana ofrecer a la opinión pública una versión completa y detallada de lo ocurrido”, informó el Ministerio del Interior.
El ministro del Interior dijo que operación que dejó un muerto no tenía aprobación oficial.
A través de una declaración televisada, Carlos Basombrío explicó que el jefe de Planeamiento Operativo de la Dirección Nacional de Operación, coronel Juan Sarango, aprobó el pasado 12 de octubre, de forma unilateral e inconsultamente, un plan de operaciones presentado por la Dirección Policial de Apurímac.
Subrayó que dicho plan fue aprobado por Sarango sin dar cuenta a su jefe superior ni al director general de la Policía. Asimismo, indicó que dicho plan requería de una orden de operaciones, el cual debía consignar los detalles del mismo, consignando la necesidad de ejecutarlo.
Esa orden de operaciones, añadió, era responsabilidad del jefe de la División Policial de Abancay, coronel Claudio Zuñiga, quien no cumplió con esa obligación, por lo que en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente.
“Ambos oficiales habrían cometido faltas muy graves que podrían ser sancionadas hasta con la baja de la institución”, manifestó Carlos Basombrío.
El ministro también confirmó que luego de las pericias forenses quedó probado que el ciudadano Quintino Cereceda Huisa falleció producto de una herida de bala. El proyectil, detalló el ministro, ingresó por la frente de Cereceda y salió por la parte posterior del cráneo.
Ante ello, informó que el Ministerio Público ha dispuesto que los 150 policías que participaron en la operación sean sometidos a la prueba de absorción atómica para determinar quienes hicieron uso de las armas de fuego.
Igualmente, dijo que someterán las armas de los policías a una pericia para identificar de cuál de ellas salió el disparo responsable de acabar con la vida de Cereceda. El ministro lamentó los sucesos ocurridos en Las Bambas y expresó sus condolencias a la familia del ciudadano fallecido.
No obstante ello, destacó la voluntad de la mayoría de integrantes de la Policía de apoyar los esfuerzos para mejorar el profesionalismo de la institución, modernizarla y convertirla en una entidad confiable para la ciudadanía.
“Nos comprometemos a continuar con la profunda reforma de la Policía, en alianza con la inmensa mayoría de sus miembros, quienes como nosotros, aspiran a que ésta sea, para el bicentenario la institución más respetada del país”, señaló.
El vocero de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas (Apurímac), Rodny Cabrera, explicó en diálogo con RPP Noticias que estas no están en contra de la explotación del cobre en la zona, pero que las protestas que acabaron en la muerte de un comunero este viernes se dieron porque la empresa cambió las condiciones del acuerdo y con ello el impacto ambiental que esta genera en las tierras de la zona.
“Las comunidades nunca han estado en desacuerdo con el proyecto, no son antimineros. El tema es que nos engañaron, no nos dijeron la verdad, la minera ha cambiado el impacto ambiental. El mineral iba a pasar por un viaducto, no en camiones que están contaminando las chacras. ¿De qué va a vivir la gente?", dijo Cabrera en diálogo con Central de Informaciones. Según explicó, la empresa involucrada en Las Bambas transporte sus insumos en camiones que pasan cerca a las tierras de las comunidades y las contaminan.
“Los vehículos generan un polvo que se asienta en el pasto. Los animales no pueden comer y mueren. ¿De qué va a vivir la gente? Por otro lado está el ruido permanente de más de 300 vehículos que pasan permanentemente por una zona donde viven comuneros que no están habituados a esto, lo que causa estrés. La minera ingresa a las comunidades con el afán de dividir, los persiguen, le pagan algunos para que sean su inteligencia. Esto está pasando desde el 2004", agregó Cabrera.
Carretera en disputa. Este viernes por la tarde, el enfrentamiento entre comuneros de Cotabambas (Apurímac) y la Policía Nacional dejó un poblador muerto y varios heridos, entre ellos efectivos, confirmó a RPP Noticias el jefe de la División Policial de Andahuaylas, Mario Erazo Rojas. Ambas partes estaban en medio de una mesa de diálogo desde el pasado 11 de octubre para tratar de solucionar el conflicto originado por el uso de la carretera que pasa por la zona para transportar minerales.
Según Cabrera, el conflicto se agravó en el 2015, cuando el gobierno de Ollanta Humala convirtió la ruta carrozable de las comunidades en una vía nacional. "Era un abuso porque ese era territorio de ellos. De la noche a la mañana, la minera la convirtió en espacio de alto tránsito de sus materiales", dijo. "Han hecho el proyecto a la mala, sin consulta previa. Ellos quieren justificar diciendo que los comuneros son terroristas. Son quechua hablantes, no entienden cómo funciona este sistema y han sido engañados”.
¿Malas prácticas? Cabrera también acusó a la minera de Las Bambas de "comprar" y engañar a los comuneros con, comprando sus tierras por bajo precio y luego revalorizándolas. "La minera ha comprado a algunos comuneros con galletitas y gaseosas. Los terrenos han sido hipotecados a dos bancos chinos por 22 millones de soles. Queremos que nos indemnicen y nos dicen que la tierra no vale".
"Hicimos una huelga de hambre en la Defensoría del Pueblo, ellos saben lo que está pasando y hasta ahora solo ocurren muertes y amenazas", denunció el representante de las comunidades. Finalmente, explicó que hay 17 comunidades de influencia directa, entre ellas las de Quehuira, Choquecca, Pumamarca, Allahua y Antuyo, y 50 de influencia indirecta. En estas se cuentan más de 40,000 comuneros calificados.
Uno de los conflictos sociales más sensibles que la gestión actual heredó del gobierno de Ollanta Humala se concentra a 4 mil metros de altura, donde opera el proyecto minero Las Bambas, en la región Apurímac.
A inicios de agosto, varias comunidades campesinas aledañas al yacimiento bloquearon la vía de cinco metros de ancho que conecta la mina con la comunidad de Quehuira, y por donde circulan aproximadamente 250 camiones diarios cargando el mineral extraído.
Las comunidades tienen diferentes reclamos; uno de ellos es el que vienen exigiendo desde el año pasado. Según el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas, se busca anular las modificaciones efectuadas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en el 2013 por Glencore (anterior operador, ahora es la chino-australiana MMG), debido a que no habrían sido debidamente explicadas a la población de su zona de influencia.
Otro de los motivos de las protestas de las comunidades –y por el que se desató el enfrentamiento del viernes– está relacionado a una vía (trocha) que la mina utiliza para el tránsito de camiones con mineral. Los comuneros de Quehuira, Allahua, Choquecca, Antuyo y Pumamarca aseguran que cedieron el terreno de la vía para que, en la fase de construcción, se traslade maquinaria y operarios a la zona. Según refieren, para la etapa de producción, la empresa se había comprometido a construir un mineroducto para transportar los minerales extraídos sin camiones.
En agosto de este año las comunidades bloquearon la vía por 10 días debido a este reclamo. La empresa sostiene que la vía en referencia es pública, y asegura cuenta con todos los permisos de las autoridades competentes. Señala además que por ella circulan libremente todo tipo de vehículos, y no solo los de la compañía.
Respecto al mineroducto, la empresa afirma que su construcción está postergada debido a que su implementación estaba asociada a la existencia de un proyecto integrado de dos minas: Las Bambas y Antapaccay. Sin embargo, por razones de mercado, los proyectos fueron divididos.
Tras los últimos bloqueos de la vía, el 7 de setiembre el gobierno acordó instalar una mesa de diálogo el 6 de octubre. Además, se planteó que las reuniones se dieran bajo cuatro enfoques: medio ambiente y modificación del EIA, responsabilidad social empresarial, derechos humanos y derecho sostenible.
El ministro del Interior Carlos Basombrío dio a conocer que la Policía actuó de forma “unilateral e inconsultamente” en la intervención durante las protestas contra Las Bambas en Apurímac.
“El jefe de Planeamiento Operativo de la Dirección Nacional de OperacionesPoliciales, coronel Juan Fernando Sarango, aprobó el 12 de octubre del 2016, de manera unilateral e inconsultamente, un plan de operaciones presentado por la Dirección Policial de Apurímac sin dar cuenta, como corresponde en estos casos, a su jefe superior, el director nacional de Operaciones Especiales, ni al director general de la Policía (Vicente Romero)”, mencionóBasombrío.
El ministro cuestionó al coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez por haber solicitado maquinaria pesada a la empresa Las Bambas y que ésta a su vez, accediera al pedido. Consideró que éste y el también coronel Juan Fernando Sarango habrían incurrido en faltas graves que podría llevarlos a que les den de baja.
“El plan de operaciones, para ser ejecutado de acuerdo a los procedimientospoliciales vigentes, requería de onsignando los detalles de la misa con base a las apreciaciones de inteligencia y la necesidad inminente de la elaboración de una orden de operaciones, cejecutarla. Este documento debió ser elaborado por el jefe de División Policial de Abancay, coronel Claudio Marcial Zúñiga Sánchez, antes de intervenir. Dicha orden de operaciones no fue elaborada y, por tanto, nunca fue presentada para su aprobación. Por lo tanto, en este caso también se actuó unilateral e inconsultamente”, mencionó.
Por otro lado, el ministro Basombrío confirmó que el comunero Quintino Cereceda Huisa murió por un impacto de bala en la cabeza durante los enfrentamientos con las Policía.
“Los peritajes forenses, que ha pedido nuestro se hicieron en presencia de representantes de la comunidad campesina y de la Defensoría del Pueblo, dan como resultado que Quintino Cereceda Huisa fue muerto por una bala, con orificio de entrada en la frente y de salida por la parte posterior del cráneo”, indicó el ministro.
Mencionó que Inspectoría de la Policía ha determinado que los coroneles Claudio Marcial Zúñiga Sánchez y Juan Fernando Sarango no cumplieron con los procedimientos para realizar el desbloqueo de la vía.
