DANIEL BOSQUE*
Largo, necesariamente largo. Así definió una alta fuente de la Secretaría de Minería de la Nación al almuerzo de ayer, en el porteño Hotel Savoy, que reunió a funcionarios nacionales del área y autoridades provinciales mineras con 14 senadores, liderados por el Presidente Provisional la cámara alta, Federico Pinedo y el neuquino Guillermo Pereyra, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.
La extensión del ágape se explica en que cada uno de los comensales, en particular los representantes de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Buenos Aires, Neuquén, Santa Cruz y Chubut convocados por el secretario Daniel Meilán, trazó un balance de la problemática y del potencial para la industria minera en sus provincias.
El encuentro precede a la reunión de tres jornadas que envolverá al Consejo Federal Minero (COFEMIN) en Buenos Aires la semana próxima, considerada clave por las autoridades nacionales en pos de avanzar rápidamente hacia un Acuerdo Federal Minero, versión 2016 o 2017, tal como va el calendario, superador del suscripto a principios de los 90 y a tono con las expectativas de hoy en la política y en la sociedad argentina.
El gobierno nacional, que ha ratificado su vocación minera, aspira a consensuar un documento que por el tenor de lo que involucra será más extenso que breve y más puntilloso que vago. La estrategia es plasmar en el nuevo pacto todas las cuestiones sensibles antes de que vaya al Congreso Nacional para ser refrendado como ley. De esta norma deberán desprenderse modificaciones importantes en los articulados de la Ley de Inversiones Mineras (24.096) y en Ley Ambiental Minera (Ley 24.585).
Desde que asumió, Meilán invitó a las provincias a este acuerdo, pero el duro ejercicio 2016 en la Argentina y la propia reorganización impresa a la secretaría nacional demoraron la agenda. Según las diversas fuentes consultadas por Mining Press, fue la crisis de Veladero la que ha vuelto a motorizar la necesidad de un nuevo marco. Hay una coincidencia que atraviesa el país minero de que el mayor desafío es recuperar y trabajar la confianza de la sociedad en una industria clave pero envuelta en la polémica.
El acuerdo, que será mucho más que la proclama de febrero de 2012 que creó la Organización Federal de Estados Mineros (OFEMI) o la reciente declaración, en junio pasado en San Juan, debe deberá superar diferencias de pareceres en diversos capítulos. Uno de ellos, clave tanto para el eje Nación-Provincias como para la inversión privada atenta a la magnitud del costo argentino, es la distribución de la renta. El staff de Julio A. Roca 650, a la que hace poco se incorporó Rita Jordán, una histórica colaboradora de Meilán, partió de los conocidos análisis, desde el Organismo Latinoamericano de Minería (OLAMI) del economista cordobés Daniel Jerez, hoy director de Promoción Minera de la secretaría nacional, viene trabajando en una propuesta de regalías móviles, que contemple tanto la situación coyuntural de los mercados, como la actualidad de cada proyecto.
Nación y provincias coinciden en que el 3% es un cepo que debería revisarse. Y probablemente complementarse con otras herramientas de imposición, como fondos de desarrollo comunitario controlados por auditorías cruzadas que garanticen su transparencia.
El espíritu del nuevo acuerdo federal será garantizar los beneficios a las provincias dueñas de los recursos y a la vez trazar líneas predecibles en el tratamiento de la inversión. La quita a las retenciones a la exportación, una medida que ha significado un costo político para el gobierno y de imagen para las empresas, ha mejorado los números de las mineras, lo mismo que el fin del tributo a los dividendos que elevaba la tasa de Ganancias a un 41,5%, remarcó la fuente consultada por Mining Press.
El otro punto que atrapa el debate es qué hacer con las empresas provinciales, un aspecto que reconoce diversas fórmulas y que motiva continuas negociaciones. El ruido en el sector a propósito de las intenciones, hay al parecer aplacadas, del gobierno de Gerardo Morales de una asociación forzosa con la estatal jujeña JEMSE es un buen leading case de una línea gris que el gobierno busca evitar.
Igual de sensible es el impulso nacional acerca de asegurar la eficiencia y transparencia del catastro minero argentino, a través del nunca implementado Sistema Único de Información Minera (una suerte de INDEC de la minería, como lo definen sus mentores). Esta herramienta fue prevista por el Proyecto de Asistencia a la Minería Argentina (PASMA), en los ’90, cuando precisamente era Daniel Meilán la autoridad minera, pero nunca se implementó.
La Dirección de Información y Transparencia, a cargo de Oscar Irusta, y en la órbita de la subsecretaría de Política Minera que conduce Santiago Dondo, es la que viene trabajando en el diseño de un sistema que pueda emular a los que existen en Perú, Colombia o Chile. Con esos y otros países, Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) viene estableciendo convenios de cooperación para avanzar en la materia,
Los recursos son de las provincias pero no puede ser que sus catastros estén ganados por manejos de favoritismos y discrecionalidades que desalientan la competitividad del país, apuntan en el gobierno nacional. Y desde el sector privado ponen, como peor ejemplo de lo dicho, el supuesto desmanejo en el catastro jujeño, aunque en otras provincias, donde jueces de Minas y responsables de registros son ya vitalicios, abundan versiones y quejas sobre el particular.
Otros capítulos a considerar en el acuerdo federal serán los principios rectores acerca de los bienes que importa la industria minera y el desarrollo de la industria local. Para ello, el gobierno convocó a trabajar en equipos técnicos comunes a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
Hoy no existe un mecanismo como la Mesa de Homologaciones Mineras (MHM) del gobierno anterior y los permisos de ingreso se expiden con los dictámenes de la Secretaría de Comercio y el Ministerio de la Producción. La administración de Mauricio Macri intenta tranquilizar a los proveedores argentinos, fabricantes de insumos mineros, con que no serán desprotegidos frente a la competencia extranjera.
Pero tanto en el compre nacional, como en el compre local en las provincias, la idea es encontrar fórmulas de consenso. En este último ítem, el análisis otras herramientas posibles, superadoras de las cotas de 80/20 o 70/30 de protección a los empresarios provinciales. Y de registros de proveedores, como el Registro Único de Proveedores Mineros sanjuanino, que en su momento fueron criticados por las cámaras empresarias locales.
El otro gran reto es cómo articular con políticas comunes el restablecimiento de la credibilidad en un país que tiene siete provincias que prohíben la minería moderna, una Ley de Glaciares que según como se aplique podría abortar proyectos y jueces dispuestos a fallar en contra del desarrollo minero. El reciente incidente de Veladero es un buen ejemplo de las cosas que en la Argentina aún faltan arreglar.
Entre los grandes objetivos trazados y la realidad se impone el calendario. Faltan menos de 60 días para que Cambiemos cumpla un año de gobierno y sus funcionarios mineros reconocen la necesidad de imprimirle el trámite más rápido posible al soñado acuerdo.
“Nos demoramos porque reorganizamos la Secretaría de Minería y el SEGEMAR. Ya hicimos la catarsis con las provincias, el balance de qué se logró y cuanto falta mejorar, ahora hay que vencer la resistencia al cambio para avanzar juntos en el desarrollo de un sector que tiene un gran potencial de crecimiento pero que quedó bajo la mirada crítica de la sociedad”, es el mensaje que viene dando el secretario Meilán.
Como diría Perón, o ahora Macri: Sólo la organización vence al tiempo.
* Director de Mining Press
