Un largo camino es el que deben pasar las empresas para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), el principal permiso para ejecutar un proyecto de inversión. Pese a lo complejo de este camino, muchas firmas que contaban con el visto bueno de la autoridad no los desarrollaron, tanto así que hay una larga lista de iniciativas cuyas autorizaciones fueron caducadas.
Según lo establecido por la ley, los proyectos que no inicien su construcción en un plazo de cinco años una vez aprobada su RCA, su permiso debe ser caducado.
El objetivo principal de esta medida es que los proyectos aprobados ambientalmente sean ejecutados en condiciones similares a aquellas que se tuvieron a la vista durante la evaluación. También, la medida pretende evitar la especulación de proyectos, impulsando la ejecución de las iniciativas tramitadas.
Hasta la fecha, según información entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), han sido 60 los permisos revocados, los que suman una inversión potencial que no se concretó de u$s 2.846 M.
El sector minero y energético son los de mayor participación en los montos involucrados en estos proyectos abortados.
Es así como Energía Minera, central termoeléctrica que alguna vez Codelco pensó en instalar en Puchuncaví, es el proyecto de mayor inversión entre los de autorizaciones caducadas.
El proyecto de generación eléctrica de la estatal se emplazaría en Puchuncaví y fue desarrollado por su filial Energía Minera. Desde el 2009 la minera contaba con la RCA y la central contemplaba una capacidad de 1.050 MW, con una inversión que superaba los u$s 1.700 M.
Eso sí, antes de hacerse oficial la caducidad, la cuprífera ya había bajado este proyecto, dado lo complejo de la ubicación de la iniciativa, en donde ya hay una importante actividad industrial.
Otra de las mineras que destaca en el listado de proyectos caducados en Escondida -operada por BHP Billiton-, ya que aparecen cinco iniciativas que si bien obtuvieron su autorización para la construcción, no fueron ejecutados.
Los proyectos que en su minuto pensó desarrollar la minera, pero que finalmente fueron caducados, suman una inversión de u$s 400,2 M.
El más relevante de ellos es el denominado modificación y ampliación del proyecto de recuperación de relaves Rougher, el que obtuvo su RCA a fines de 2004, pero que no inició sus obras. Esta iniciativa contemplaba u$s 185 M de inversión.
De todas formas, la minera en 2014 ya comunicaba al SEA que no ejecutaría cinco proyectos con los permisos aprobados, aunque no detalló cuáles eran los motivos. En la misiva, también informaba que otros tres sí se estaban desarrollando, solicitando la no caducidad del permiso.
En el caso del proyecto de recuperación de relaves de Escondida, se declaró la caducidad en abril de este año.
Pero no sólo entre los privados existen permisos caducados por la no ejecución de obras en un plazo de cinco años de notificados de la obtención de la RCA favorable.
En el listado entregado por el SEA aparecen 20 iniciativas -un tercio del total- en donde el titular es el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Sumadas la inversión estimada al momento de ser presentadas a evaluación, los proyectos caducados del MOP suman requerimientos de capital por u$s 267,7 M.
En el 2000, por ejemplo, la Secretaría de Estado obtuvo el permiso para ejecutar defensas fluviales y una carretera en la ribera norte del Biobío, en el sector de Chiguayante, el que contemplaba una inversión de u$s 140 M. A fines del año pasado fue decretada la caducidad oficial de este permiso.
En 2010, asimismo, el MOP obtuvo la RCA para mejorar el Fuerte Niebla por u$s 74 M, sin embargo, tampoco se concretó este proyecto en específico.
