Paralelamente a la causa judicial en la que están imputados el exgobernador Francisco Pérez y otros exfuncionarios, la gestión de Alfredo Cornejo define qué hacer con las áreas petroleras Chañares Herrados y Puestos Pozo Cercado, donde la empresa a cargo no cumplió con las inversiones comprometidas. Hace semanas, era casi un hecho consumado que le quitarían la concesión a Medanito, pero ahora podría conservar una porción de ambas zonas; al menos, entregó esta propuesta y el Gobierno la analiza.
La salida que podría anunciar el Ejecutivo sería que el concesionario conserve el 20% del total de ambas áreas, donde se focalizaron las inversiones en los últimos cinco años (U$S 100 millones de U$S 400 millones comprometidos), y que el resto vuelva a licitarse. "En el mejor de los casos, la empresa conservaría ese porcentaje", anticiparon desde la Subsecretaría de Energía.
El pedido de Medanito fue conservar una porción productiva de ambas áreas y entregar territorio mayoritariamente en exploración, principalmente de Puesto Pozo Cercado, donde se detectó la mayoría de los incumplimientos y en donde no se está extrayendo crudo. Además, el lunes pasado, la firma presentó un nuevo plan de inversiones con sus respectivas garantías, lo que también es analizado por el área de hidrocarburos.
Semanas atrás, el director de Petróleo, Santiago Fernández, admitió a MDZ que "es una decisión muy compleja. Hay que ver la parte económica de la empresa, las reservas que tiene el área. Estamos en el proceso de analizar de manera técnica". Ahora, el subsecretario de Energía, Emilio Guiñazú, se limitó a decir que "estamos analizando la propuesta de la empresa".
A mitad de año era prácticamente un hecho que el Gobierno haría caer la concesión, anulando la prórroga que autorizaron Celso Jaque y Pérez de 2017 a 2027 y, entre los argumentos, contaban con dictámenes de Fiscalía de Estado en la misma línea. Ahora, esa posibilidad quedó frenada y se analiza una decisión que deberá ser avalada por el órgano que encabeza Fernando Simón.
En 2011, cuando Pérez era ministro de Infraestructura, firmó la prórroga de ambas áreas a la empresa Chañares Herrados, que posteriormente fue adquirida por Medanito (2014). Hace cinco años, se determinó un compromiso de inversión de U$S 400 millones hasta fines de 2015. Sin embargo, sólo se inyectaron cerca de U$S 100 millones y, a raíz de eso, el Ejecutivo analiza qué sanción le cabe al concesionario.
En el medio, tras la denuncia de un abogado particular, la Justicia imputó a Pérez y otros exfuncionarios por haber autorizado la prórroga de las áreas (vencían en 2017 y se las extendió hasta 2027) supuestamente a sabiendas de que la petrolera no contaba con capacidad financiera para cumplir las inversiones comprometidas. Esa causa está en manos del fiscal Juan Manuel Bancalari.
Ahora, el Ejecutivo permitiría que Medanito conserve los sectores adonde fue a parar la mayoría de los U$S 100 millones invertidos y que el resto sea readjudicado a otras empresas en una nueva ronda licitatoria.