El presidente de la Nación, Mauricio Macri, puso en marcha ayer, simbólicamente, las obras para el soterramiento del tren Sarmiento, obra que en una primera etapa abarcará el trayecto entre Haedo y Caballito. Por decreto, el Gobierno les asignó 45 mil millones de pesos a las obras, que hace una década fueron adjudicadas a un consorcio compuesto por la argentina Iecsa, Comsa (España), Ghella (Italia) y Odebrecht, de Brasil. Desde 2007, Ghella es socia de Angelo Calcaterra en la conformación del Grupo ODS (Obras, Desarrollos y Servicios), en el que quedaron integradas las dos firmas líderes del sector que Calcaterra, primo del actual presidente, había adquirido el año anterior: Iecsa y CreUrban.
Una investigación que será publicada en las próximas horas, asegura que todo el grupo empresario pasó este año a manos de Calcaterra, quien no habría perdido el vínculo con el grupo Macri y que, por lo tanto, podría estar beneficiándose de decisiones que toma el Poder Ejecutivo apurando la realización de obras en las que participa. Los 45 mil millones de pesos asignados a la obra, por decreto 767 de este año, representan el mayor desembolso hasta ahora decidido por el gobierno nacional para una sola obra pública.
“Ahora empezó de verdad”, se ufanó ayer Macri por las redes sociales haciendo eje en las obras del soterramiento que el gobierno kirchnerista decidió en 2006. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue mucho más allá. Refiriéndose al gobierno de Cristina Kirchner, lanzó “si hubiesen cumplido su promesa, no habría habido muertos en la catástrofe del Sarmiento” de febrero de 2012, buscando sacarle mayor provecho político al anuncio.
Según el informe que será publicado hoy en el portal Nuestras Voces, que dirige la periodista y ex legisladora Gabriela Cerruti, “la historia se repite: la primera gran obra pública encarada por Mauricio Macri como jefe de gobierno fue el entubamiento del arroyo Maldonado, que le otorgó a la que fuera históricamente la mayor empresa de la familia, Iecsa”. Unos meses después, también ganó el soterramiento del Sarmiento, al frente de un consorcio del que formaba parte la brasileña Odebrecht. De la mano de esta última, debía llegar el financiamiento del Bndes (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social), consistente en un préstamo por 1500 millones de dólares a una tasa del 4 por ciento anual, a devolver en diez años con dos de gracia. El acuerdo, sin embargo, nunca se formalizó.
La presentación de las ofertas y la adjudicación de las obras tuvo lugar entre agosto y septiembre de 2007. La primera parte de los trabajos se adjudicó en enero de 2008, pero en el transcurso de ese año se suspendió, primero, la firma del contrato por el aumento de los costos. Y luego, ya en el último trimestre del año, se cayó el financiamiento ante el estallido de la burbuja financiera en Estados Unidos y la crisis que hizo saltar las tasas de interés. El avance de las obras ya no se pudo concretar hasta la finalización del gobierno kirchnerista.
La realización de las obras del Sarmiento volvió a tener protagonismo a partir de la asunción de Macri. En febrero, el presidente recorrió las obras en la localidad de Haedo, dando muestras de que el proyecto seguía vivo. Casi al mismo tiempo, el 3 de marzo, Angelo Calcaterra era autorizado por la Comisión Nacional de Valores a comprar la totalidad de las acciones de ODS, operación mediante la cual desplazaba por completo a la italiana Ghella tanto de Iecsa como de ODS.
En junio de este año, el Poder Ejecutivo firma el decreto 797/16, por el cual modificó las asignaciones presupuestarias de este año. El rasgo más destacado es la cifra que destina a la obra pública y, en particular, la que se aplicará al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento: 45 mil millones de pesos.
En diversas oportunidades en lo que va del año, Calcaterra hizo manifestaciones públicas acerca de su intención de desprenderse de Iecsa, cada vez que se le mencionó la incompatibilidad entre los beneficios que recibía su empresa y la ligazón de parentesco y empresaria con el presidente y el holding familiar. Según relata el informe de Nuestras Voces, “no sólo la empresa no se vendió, sino que hace apenas una semana, en la última reunión de directorio de Iecsa, decidieron retirarla de la oferta pública para que sus movimientos y balances dejen de ser públicos”. El mismo mecanismo había sido utilizado en marzo por Sideco, otro pilar de las empresas de construcción del grupo Macri.
Es decir que, mientras Iecsa era beneficiado por las decisiones del Ejecutivo, adjudicándole fondos del presupuesto previstos para otros fines, Calcaterra repetía la intención de vender la empresa para eludir las sospechas de favores entre familiares. Pero, al mismo tiempo, ampliaba su control sobre la firma constructora y sus vinculadas, mediante la compra de todo el paquete de Iecsa, por un lado, y del Grupo ODS, por otro.
Así quedó registrado ante la Comisión Nacional de Valores, según aporta el informe de Gabriela Cerruti, en la presentación del 3 de marzo, en la que se da cuenta de dos operaciones encadenadas:
“Como consecuencia de lo informado, el señor Ghella Lorenzo habrá transferido, y el accionista Angelo J.A. Calcaterra habrá adquirido, el control de la sociedad (Iecsa) por tener el 51 por ciento del capital social y votos de ODS Sociedad Anónima. Asimismo, se informa que, en virtud de la transferencia mencionada, los accionistas de ODS Sociedad Anónima iniciarán un período de negociaciones que podría derivar en la transferencia, a favor del señor Calcaterra, de parte y/o toda la participación accionaria que la sociedad Ghella SpA posee indirectamente en la Emisora (ODS)”. Conclusión: Iecsa y ODS quedan totalmente para Calcaterra, el primo Angelo del presidente. Nada más lejos de su separación de Iecsa, justo ahora que Macri encendió el botón de la “tuneladora”.
