Como una “expropiación sin indemnización” calificó  el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, la reforma al Código de Aguas, recientemente aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados 

“La iniciativa del Ejecutivo encubre una expropiación sin indemnización, al no mediar ley de expropiación que lo habilite para privar a los dueños de los derechos de agua vigentes, de los atributos que son de la esencia del derecho de propiedad, como son la facultad de usar, gozar y disponer a perpetuidad y sin limitaciones del derecho del que se es dueño”, dijo.

Advirtió que “se pretende que todos los derechos de agua, tanto los vigentes como los nuevos que se otorguen a futuro, sean una concesión administrativa temporal, por tanto, de vigencia limitada, con restricciones en su disposición, y extinguibles a criterio funcionario, lo que contraviene su esencia y la especial protección que otorga nuestra propia Carta Fundamental a estos derechos. Una concesión así concebida es inconstitucional”.

En concreto ven con preocupación el establecimiento de caudales ecológicos diferenciados en cauces declarados agotados, con cargo a derechos constituidos, situación que también genera preocupación para los generadores con activos hidroeléctrico; además de la caducidad de los derechos reconocidos o constituidos si no son regularizados al término del plazo otorgado.

A lo anterior también se suma la suspensión del ejercicio de los derechos por tiempo indefinido, sin contemplar indemnización por los perjuicios que conlleva la aplicación de las nuevas prioridades de uso, y la limitación a las opciones de cambio de destino del recurso, afectando la libre disposición.

Dicha declaración se da luego que la reforma al Código de Aguas pasó a consideración de la Sala, ratificada en votación dividida por parte de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. 

Por ello, dijo esperar que la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados pueda revisar esta iniciativa y “así resguardar los derechos de agua vigentes del conjunto de los sectores productivos” y con ello “dar la certeza que como agricultores y empresarios requerimos para invertir y desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo”.

Asimismo, recordó que los principales tenedores de los derechos aprovechamiento de aguas son alrededor de 350 mil regantes, de los cuales dos tercios son pequeños agricultores y cerca de 30% medianos propietarios, que se verían directamente afectados.

A toda marcha avanza el proyecto de ley, impulsado por moción de algunos diputados, que busca modificar el Código de Aguas. Tras ser aprobada en las comisiones de Agricultura y de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, ayer fue visada por la Comisión de Hacienda por una votación de ocho contra cinco. Así, el proyecto de ley será analizado y votado en la sala de la Cámara Baja, donde finalizaría su primer trámite constitucional. Una vez terminada esta etapa, la iniciativa será conocida por el Senado.

El proyecto sigue generando discrepancias respecto de la protección de la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. El director general de Aguas, Carlos Estévez, aseguró que el derecho de propiedad no está en discusión. “Los titulares de los derechos existentes podrán disponer libremente de ellos. Los titulares pueden permanentemente, y de por vida, usar, gozar y disponer de esos derechos, enajenar o transmitir. Es una propiedad del derecho mismo y su protección no está en cuestión”, afirmó.

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo, confía en que “la Comisión de Constitución revise este proyecto para que se resguarden los derechos de agua vigentes del conjunto de los sectores productivos y, con ello, la certeza de que como agricultores y empresarios requerimos para invertir y desarrollar proyectos sostenibles en el tiempo”.
¿Derecho de propiedad en riesgo?

Uno de los aspectos que generan más discusión respecto al proyecto de ley es la debida protección a la propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua ya constituidos. El proyecto de ley establece que “siempre prevalecerá el uso para el consumo humano, el uso doméstico de subsistencia y el saneamiento, tanto en el otorgamiento como en la limitación al ejercicio de los derechos de aprovechamiento”.

Además, en otro pasaje de la iniciativa legal se indica que “los derechos de aprovechamiento se extinguirán si su titular no hace un uso efectivo del recurso”. Agrega que “en el caso de los derechos de aprovechamiento consuntivos, el plazo de extinción será de cuatro años, y en el caso de aquellos de carácter no consuntivos será de ocho años, en ambos casos contado desde su otorgamiento”.

Para el líder de la SNA, Patricio Crespo, la situación es riesgosa. “Nos preocupa que a pesar de las advertencias que hemos realizado se siga perseverando en la aprobación de una disposición inconstitucional que encubre una expropiación sin indemnización”. Añade que “se pretende que los derechos de agua sean una concesión administrativa temporal, con limitaciones de ejercicio, lo que afecta su esencia”.

Polémica por suficiencia presupuestaria de la DGA
Una de las principales críticas que recibió el proyecto de ley de parte de los diputados de oposición se centró en que la iniciativa que otorga nuevas facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) no le entrega recursos suficientes al organismo. Bajo este contexto, uno de los aspectos que más sorprendieron a los diputados UDI y RN que integran la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja fue una indicación presentada por el Ejecutivo ayer -y aprobada por el organismo- que establece la asignación de esta materia, año a año, con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas (MOP).

El subdirector de Presupuestos, Gustavo Rivera, señaló que el impacto fiscal de estas nuevas facultades para la DGA será de alrededor de 2.750 millones de pesos. Indicó que los cambios propuestos son viables y que se trata de un informe serio. Además, el director de la DGA, Carlos Estévez, sostuvo que del 99,8% de las denuncias por mal uso ante el organismo, este emitía un informe en terreno antes de 30 días. Así, marcó diferencia con la postura del diputado Patricio Melero (UDI), quien aseguró que la capacidad fiscalizadora de la entidad era muy baja.

En tanto, diputados de la oposición afirmaron que el proyecto de ley podría convertirse en letra muerta, ya que generaría falsas expectativas en la comunidad. Además, solicitaron que en instancias posteriores, o bien a través de una nueva indicación, se corrija el proyecto de ley y se asignen suficientes recursos a la DGA. Melero manifestó que la indicación del Ejecutivo es el reflejo de que el Gobierno no conoce cuál será el monto que deberá asignar a las nuevas facultades del organismo.

Pese a lo anterior, el diputado Enrique Jaramillo (PPD) criticó el ánimo de la oposición de falsear toda la información que entrega el Ejecutivo.

Agro en alerta por aumento de causales de caducidad

Inquietud también existe en aquellos titulares de derechos de aprovechamiento de aguas que todavía no los tienen inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces. Pese a esta preocupación, el director de la DGA, Carlos Estévez, afirma que “el proyecto de ley establece que si un titular tiene derechos de agua otorgados por la administración, esa persona tiene la obligación de inscribirlos”. Agrega que “para los derechos nuevos, hay un plazo de inscripción de seis meses, y para los antiguos, 18 meses. Por eso, si pasan los 18 meses y no se han inscrito esos derechos, se extinguen”. Estévez añade que para evitar inconvenientes, los pequeños agricultores podrán inscribir esos derechos dentro del plazo de cinco años.

Sostiene que al no existir inscripción de los derechos de agua, la Tesorería General de la República no puede cobrar patentes ni rematarlos por no hacer uso de ellos.

En tanto, el presidente de la SNA, Patricio Crespo, afirma que “los principales tenedores de los derechos de aprovechamiento de aguas son alrededor de 350 mil regantes”. Añade que “dos tercios de ellos son pequeños agricultores y cerca del 30%, medianos propietarios, que se verían directamente afectados con la aprobación de esta normativa, que los privaría de parte importante de su patrimonio y los alejaría del acceso al crédito bancario para desarrollarse”.

Pese a lo anterior, hay ciertos titulares de derechos que podrán evitar la causal de caducidad. Entre ellos se encuentran las asociaciones de agua potable rural, las comunidades agrícolas, las comunidades indígenas, entre otros titulares.