FRANCISCO CASTAÑEDA*
Cuando uno observa la discusión fiscal para el año 2017, se sorprende de algunas afirmaciones de destacados economistas y no economistas (“está de moda diferenciarlos”).
Predesaceleración aguda, todos los economistas de la coalición gobernante señalaban que las reformas (tributaria, educacional, laboral) eran necesarias porque la economía y la sociedad demandaban este salto cuántico social. Si la provisión en educación y otros ítems sociales se expande más que la base del PIB (la cual ha desacelerado fundamentalmente a factores externos), tendremos un incremento en este ratio. Aun así, países con niveles de deuda pública mayores, tienen mayores provisiones de bienes y servicios públicos para sus ciudadanos, y ciertamente un gasto público relativo superior al de Chile. Un acento correcto es poner énfasis en cómo se gastan estos recursos públicos (evaluación e impacto).
En general con una elasticidad tributación-PIB unitaria a largo plazo, la recaudación tributaria real crece menos cuando la economía se expande menos que lo esperado. Esta menor recaudación tributaria ha sido anticipada y pronosticada cuando su realización fue inminente. Cuando uno analiza los diferentes informes del Banco Central, del Ministerio de Hacienda y entes privados y bancos de inversión, todos sobrevaloraban la fortaleza de China a largo plazo. De hecho, Justin Lin, vicepresidente del Banco Mundial y de la Universidad de Chicago, vino a Chile hace 3 años, y señaló que China crecería por 10 años a lo menos al 10% por año; por tanto, la economía chilena recibiría este gran impulso por mucho tiempo.
Así el escenario de riesgos para la economía chilena se veía acotado. O sea, “casi todos se equivocaron” en la proyección del PIB.
Desaceleración brusca en el comercio internacional, caída en el precio de las materias primas (incluido el precio del cobre) y menor crecimiento de la economía internacional. Arrastrada por este fin del boom minero, la formación bruta de capital fijo se ha comenzado a expandir moderadamente. Los efectos adversos por las reformas no explicarían la mayor parte de la magnitud de la desaceleración en la economía chilena. Se contrae la inversión en minería y el componente minero del PIB cae también fuertemente en los últimos trimestres. Huelga señalar que aproximadamente el cobre es del orden del 50% de las exportaciones totales, y el PIB sectorial minero se ubica alrededor del 11% del PIB. Sin embargo, en este sector económico los multiplicadores en términos de empleo y encadenamientos productivos son superiores a este ratio. Es decir, “la desaceleración del impulso externo explica la mayor parte de la desaceleración de la economía”.
Es correcto que el ministro de Hacienda contenga el déficit fiscal. Cuánto es lo que debe realmente contener, es una discusión legítima. Y estamos hablando de márgenes razonables.
Vamos por parte: se afirma que las clasificadoras de riesgo internacionales castigarían la posición de riesgo crediticio de Chile y que esto traerá un alza de las tasas de interés para todos (personas y empresas) si no somos medianamente drásticos en reducir el déficit fiscal. Recientemente Moody's emitió un comunicado señalando que, a diferencia de otros países de la región, estima que para Chile hay más probabilidades de desaceleración que de crecimiento sostenido en el próximo año. Que la inversión seguirá estancada, y que esto se debe básicamente a una caída en el precio del cobre. También afirma que Chile posee un mercado bancario sano, capaz de absorber las necesidades de financiamiento de las empresas. Y que existe un espacio para un mayor gasto fiscal. De aquí se desprenden dos escenarios:
Escenario a) (Escenario ya consolidado). El gasto público crece 2.7% en el presupuesto 2017 (y recortando la inversión pública, la que ya muestra el presente año variaciones negativas), dejando supuestamente más espacio a una política monetaria expansiva, “para que esta última haga la pega”. Como que en el lenguaje se quisiera sustituir parte de la inversión pública (que no se materializó) por tasas de interés más bajas. Aquí hay que mirar la evidencia: en un escenario de desaceleración, de caída en la inversión y en el consumo, con aumentos en tendencia del desempleo (y precariedad laboral en diversos indicadores), la política monetaria juega un rol acotado en términos de dinamizar la actividad.
El sistema financiero ya ha comenzado a ser restrictivo en sus procesos crediticios con las empresas y personas, dada la creciente aversión al riesgo como resultado de estos magros indicadores macroeconómicos. La política monetaria en este escenario, con su tasa de instancia en 3,5% y con una convergencia de la inflación, no podrá reactivar la economía.
Además puede ocurrir la paradoja de que baje efectivamente el costo de fondo a la banca en el mercado local (con esta “acomodación” de la política monetaria) sin que esto se traduzca en una rebaja de tasas para empresas y personas (el ambiente de desaceleración restringe el volumen de crédito y sube su precio). Y esto puede llevar a que en un ciclo de desaceleración las utilidades de la industria bancaria se expandan (más allá de lo que ya es normal). Lo que ha ocurrido ya en otros episodios de desaceleración. ¿No será mejor un mix de política monetaria expansiva moderada con un aceleramiento de la inversión pública?
Escenario b) (Hipotético). El gasto público crece 3,0% en el presupuesto 2017 (en vez del 2,7%) destinándose estos 200 millones de dólares adicionales a los actuales niveles de inversión pública. Tiene espacio para hacer esto la autoridad desde el punto de vista financiero.
De hecho, el mismo ministro Valdés capitalizó recientemente TVNcon 70 millones de dólares. Al enfrentar la crítica de que esto era gasto, él señaló muy “técnicamente” que esto generará réditos en el futuro y, por ende, no era precisamente gasto (¿de dónde sale la plata entonces?). ¿Y por qué no se aplica esa misma lógica a la inversión pública?
A su vez, gremios empresariales podrían ver con bastante interés en términos un potenciamiento de la inversión pública. Está documentado en la literatura que la inversión pública complementa a la inversión privada, sobre todo en fases bajistas del ciclo, y ayuda a esta a salir de su letargo, en términos de que se visualicen nuevos proyectos y oportunidades empresariales.
Las externalidades positivas de un robusto plan de fomento productivo que abarque construcción de obras, más créditos para las PYMEs en momentos en que el grifo bancario comienza a cerrarse (incrementar sostenidamente los montos a instrumentos crediticios con garantías estatales como FOGAPE, FOGAIN, etc.), y asignar estos recursos (infraestructura, crédito, capital, etc.) en términos de las regiones con mayor precariedad para causar más impacto productivo. Con efectos positivos en el empleo, en la tributación y en el desarrollo regional.
Aun así, un destacado economista señala que no hay una lista de suficientes proyectos socialmente rentables. Si embargo, la lista es larga: a la anterior ya mencionada, se debe adicionar la construcción de un hospital público en el norte de Santiago (hay solo un hospital para 1 millón de personas) y en otras ciudades de Chile ocurre lo mismo; renovación de infraestructuras en los colegios (moderna y adecuada al nuevo contexto de paradigma educativo), etc.
También es cierto que la urgencia de una política de obras públicas claramente definida y expansiva no sería tema si la inversión privada fuera robusta. Lo que no ocurre en la actualidad. Un apretón fiscal, y en particular en obras públicas, haría más difícil la recuperación de la inversión privada (“no estaría el ciclo minero presente para sostener la economía”).
en relación con el sector corporativo, muy activo en la emisión de bonos internacionales, posee un nivel de deuda privada de aprox. 50% del PIB. Esto explica el 71% del endeudamiento público-privado externo de la economía, mientras el sector público también ha ido aumentando su endeudamiento bruto (aprox. 25% del PIB) producto de las reformas y su incorporación a la OCDE en términos de mayor provisión de bienes y servicios públicos.
Un altísimo nivel de deuda privada internacional chilena deja al descubierto que están en un umbral de fragilidad. Y que aumentar el gasto público (2,7% al 3,0%) para hacerlo contractivo, especialmente en la dimensión de la inversión pública, podría ocasionar esta mentada caída en la clasificación de riesgo país, con el consiguiente aumento en los costos de fondos internacionales para la economía chilena. Esta tautología (que no considera umbrales ni pequeñas variaciones en montos de deuda pública y de gasto fiscal) ya ha sido meridianamente refutada por la agencia de clasificación de riesgo Moody's en su reciente comunicado (en términos de que existe un espacio para la política fiscal, y con un sistema financiero local capaz de absorber las necesidades de financiamiento de las empresas).
En relación con la banca (el fondeo local), apropiadamente una parte muy minoritaria del fondeo se obtiene en el exterior. Con las ultrapolíticas monetarias expansivas de los Bancos Centrales de los países desarrollados, ese argumento de que subirán las tasas de interés a personas y empresas, deja de ser válido.
Para que ocurra este descalabro de aumento significativo de interés para la economía chilena y la consiguiente caída en la clasificación de riesgo país, debería ocurrir casi simultáneamente:
1. Un déficit fiscal sin contención (que no es el caso)
2. Debería reducirse considerablemente (y simultáneamente) elstock de reservas internacionales del Banco Central (aprox. 15% del PIB)
3. Y en conjunto ocurrir una aceleración del actual déficit en cuenta corriente (aprox. 2% del PIB).
- Condiciones 2) y 3) no se verifican ni en el mediano plazo. El punto es legítimo, pero es llevado a un extremo para no generar una discusión más amplia respecto a la conveniencia de incrementar la inversión pública en niveles razonables y acordes con la evolución de la formación bruta de capital fijo de la economía. Así, el PIB tendencial seguirá con su evolución descendente para la economía chilena.
También el ministro de Hacienda deja entrever que una eventual recuperación podría venir si se deprecia el tipo de cambio real. Este ha venido cayendo como consecuencia de una caída del tipo de cambio nominal, que ha sido en los últimos meses más abrupta que la caída en la inflación. Respecto a la controvertida relación “aumento del gasto público-caída en el tipo de cambio real”, no existe evidencia de que el auge inflacionario de trimestres anteriores y del 2015 (4,4% inflación durante dicho año) estuviera basado en un incremento del gasto fiscal. Más bien esto obedeció a la depreciación de todas las monedas de las economías emergentes como resultado del fin del super ciclo en el precio de loscommodities y a las expectativas de que la Reserva Federal de USA subiera sus tasas como resultado de una recuperación más vigorosa de lo esperado.
Así parece que la discusión sobre la economía chilena pasó de un periodo prerrevolucionario, donde ministros, subsecretarios y asesores (y sobre todo aquellos que estaban en la “pole position” por ser ministros de Hacienda) concordaban con lo que Bachelet y los movimientos sociales pregonaban (eran muy empáticos). Caídos del paraíso, en el mundo real de la política, y con las reformas cuesta arriba, comienzan a digitar su cuota de poder en este nuevo mundo en el cual el orden restaurador presiona por regresar al statu quoanterior. Valdés y su equipo, en conjunto con un coro de economistas, brillan por esta estrategia.
*Economista de la Universidad de Santiago de Chile
