Las distribuidoras del servicio eléctrico Edenor y Edesur invertirán más de 8.000 millones de pesos hacia fines de 2017 para ampliar su capacidad de generación y transporte de energía eléctrica, aseguró el ministro de Energía, Juan José Aranguren, en el marco de la 64ª Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción.
Aranguren señaló que con este nivel de inversiones de las dos mayores distribuidoras del país "se aumentará en un tercio la capacidad de energía eléctrica en todo el país" y sostuvo que "se evitarán los cortes y los problemas que sufre la red cuando aumenta la demanda energética".
De acuerdo a lo que detalló Aranguren ante el foro empresarial, Edesur "invertirá 3.300 millones de pesos hasta fines de 2017 para ampliar su capacidad de generación y transporte de energía eléctrica" y que la compañía Edenor "inyectará 5.000 millones de pesos en el mismo plazo para conseguir el mismo objetivo".
"Argentina importa el 12% de la energía eléctrica que consume y un tercio del gas que utiliza, y si esto no fuera posible estos sistemas de provisión de energía estarían colapsados", remarcó el ministro de Energía y Minería.
En materia de provisión de gas, el funcionario destacó que "se completará la construcción del gasoducto del Noreste, que en sus 3.000 kilómetros de recorrido llevará gas a casi 100 mil personas".
Añadió que también "se terminarán los gasoductos Regional Centro, en Santa Fe, que abastecerá a 34 mil personas, y el de la Costa, que hará lo propio para 20 mil personas".
Aranguren puntualizó que el desarrollo del sector energético reconoce dos ejes muy claros que son "asegurar el suministro de energía para un país en crecimiento y reducir el impacto sobre el Medio Ambiente", y subrayó que para conseguir esos objetivos "se plantearon varias líneas de acción".
"Esas líneas de acción son la normalización de las instituciones regulatorias y de los mercados energéticos, la diversificación de la matriz energética incorporando renovables, aumentar la producción de petróleo y gas natural y aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica, como así también la capacidad de transmisión y distribución", aclaró el titular de la cartera energética.
El ministro ratificó por otra parte que en los próximos meses se licitarán los ciclos combinados “para tener oferta de base y no de emergencia”, y el reemplazo de “unidades ineficientes en el parque, ya que de 33.000 Mw instalados la disponibilidad real es de 23.500, prácticamente un tercio de esa capacidad instalada está sin uso por mantenimiento o desactivada por su decrepitud o ineficiencia”.
Incluye a todos los usuarios residenciales de esas distribuidoras con demanda inferior a 10 Kilovatios. Concede amparo en la causa que tenía la jueza Forns. Supeditó aumentos a audiencia pública del 28-10.
Luego de varias idas y vueltas, la causa principal por el tarifazo de la luz que se sigue tramitando en los tribunales federales de San Martín tuvo una resolución de fondo: a ningún usuario de la categoría T1 (de pequeña demanda inferior a 10 Kw) abarcado por las distribuidoras
Edenor y Edesur se le podrá aplicar el cuadro tarifario con aumento de suministro eléctrico hasta tanto se realice la audiencia pública, prevista para el 28 de este mes.
Así lo resolvió el juez Osvaldo Papávero en un fallo en el que no le reconoció legitimidad para actuar al Centro para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) pero concedió la suspensión del nuevo cuadro tarifario y ordena tomar como crédito los pagos realizados por los usuarios. Será apelado por el Ejecutivo.
Luego de tres meses y medio de iniciado, y tras una serie de incidentes, la resolución se inscribe en el caso que estaba a cargo de la jueza Martina Forns, recusada dos veces por el Poder Ejecutivo y con una causa que investiga amenazas en su contra, informó Ambito.
La magistrada había otorgado una medida cautelar con alcance nacional, apelada por el Ministerio de Energía quedó en suspenso; escaló a la Corte y bajó con una reprimenda; a la par que nuevamente se intentó apartar a la jueza. Ahora, Papávero emitió una resolución sobre el fondo de la cuestión de 60 carillas a la que accedió Ámbito Financiero.
El juez consideró que luego de que la Corte rechazara intervenir en la cautelar, Edenor dispuso refacturar a los nuevos valores, lo que reinstauró el peligro de que se dispusiera un incremento sin la realización previa de una audiencia pública, principal argumento jurídico para frenar el tarifazo.
Por eso resolvió reconocer la existencia de un proceso colectivo (aunque bloqueó al CEPIS para representarlo); hacer lugar (parcialmente) al amparo, declarando la "inaplicabilidad" de las nuevas tarifas fijadas por Resolución 6/2016 y 7/2016 del Ministerio de Energía que conduce Juan José Aranguren.
Papávero ordenó al ENRE que instruya a Edenor y Edesur para que -hasta tanto se fijen las nuevas tarifas de acuerdo al procedimiento legal- "permitan a los usuarios categoría T1 y a sola petición de los mismos, abonar con efecto cancelatorio los montos adeudados y aquellos que se devenguen en el futuro, de acuerdo con el régimen tarifario anterior al dictado de las norma objetadas". Tener los pagos realizados "a crédito" y abstenerse de cortar el suministro fueron otras exigencias que sólo impactarán en los usuarios de menor consumo de las áreas de distribución de ambas empresas.
El magistrado atendió las cuestiones de validación de cada uno de los demandantes (varios que se fueron superponiendo con el paso del tiempo) y rechazó por "genérica" a CEPIS, pese a que la misma ONG había logrado un fallo favorable de la Corte en materia de gas.
Lo contrario sostuvo de Consumidores Argentinos a quien sí le dio la derecha en el reclamo colectivo. Sin embargo, al contrario de la primera medida de Forns, sostuvo que discrepaba con un alcance nacional para la medida y lo circunscribió a un territorio de aplicación.
"No puede afirmarse, sin mayores elementos de juicio y si tal comprobación fuera realmente posible en el acotado marco de este proceso judicial, que las resoluciones atacadas proyectan efectos comunes sobre el universo de usuarios que contratan el servicio de suministro eléctrico en diferentes regiones del país", afirmó Papávero que subrayó los distintos marcos regulatorios para el suministro eléctrico.
A su vez resaltó el estado de "emergencia" de la prestación del servicio, algo que consideró dos caras de la misma moneda con respecto al reclamo de los usuarios.
Dentro de los T1 beneficiados por el fallo judicial se encuentran los de uso residencial como casas o departamentos, profesionales (T1-R); los que tengan pequeña demanda de uso general como cualquier que exceda el marco anterior (T1-G); y las pequeñas demandas de alumbrado público como calles, avenidas, plazas, puentes, caminos y demás vías públicas (T1-A.P.).
La resolución retomó que la Corte "reconoció en materia de servicios públicos, la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas con un contenido amplio; y que este nuevo derecho resulta operativo pues su obligatoriedad inmediata no está condicionada a actuación reglamentaria ulterior del Congreso de la Nación", no sin recordar que el propio Gobierno la convocó para el 28 de octubre.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad habilitó la inscripción para participar de la audiencia pública del 28 de este mes para evaluar las propuestas para la Revisión Tarifaria Integral del servicio de electricidad.
La audiencia se realizará a partir de las 9 en el Teatro de la Ribera ubicado en avenida Don Pedro de Mendoza 1821, del barrio porteño de La Boca.
La audiencia permitirá evaluar las propuestas para el aumento tarifario presentadas por las distribuidoras Edenor y Edesur, para el período del 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2021.
El ENRE informó que podrá participar de la audiencia pública toda persona física o jurídica, pública o privada, que se inscriba personalmente en el Registro de Participantes, mediante el formulario de inscripción que se encuentra disponible online y en el lugar de inscripción.
El plazo de inscripción cierra el miércoles 26 en la mesa de entradas del ENRE, en Avenida Eduardo Madero 1020 de la ciudad de Buenos Aires.
Tal como ocurrió en la audiencia pública por el servicio de gas natural, las personas físicas contarán con un máximo de cinco minutos, y las personas jurídicas, con un máximo de diez minutos.
