En las próximas horas la AFIP divulgará una serie de aclaraciones sobre algunas dudas aún no zanjadas en relación conl proceso de blanqueo. Con el tiempo de descuento que empezó a correr, se trata de algunos puntos que no habían quedado del todo claros en las sucesivas reglamentaciones que se habían publicado e incluso que habían generado cierta confusión en las charlas que los propios funcionarios de la AFIP habían realizado en distintos colegios de contadores. Mientras que para entrar en el sinceramiento fiscal de fondos en la Argentina hay tiempo hasta el 24 de octubre (por todos los pasos necesarios para llegar al 31 de este mes), las mayores ventajas para el blanqueo de cuentas del exterior corren hasta el 31 de diciembre.
En el caso de inmuebles, lo más recomendable es esperar todo lo posible hasta la fecha final estipulada por la ley, es decir, el 31 de marzo del año que viene.
Algunos de los puntos más importantes -adelantados a los principales estudios contables- son los siguientes:
Los blanqueos parciales corren con la alícuota del momento en que se efectúen y no serán revisados posteriormente. Se trata de un punto clave. La ley permite ingresar al blanqueo por etapas, es decir, primero una cuenta y más adelante incorporar otras. El problema es que originalmente se dijo que si una cuenta se exteriorizaba entre el 1 de enero y el 31 de enero de 2017, no sólo se cobra la tasa del 15% sobre ésta, sino sobre todas las cuentas que se hubieran blanqueado con anterioridad, es decir, hasta el 31 de diciembre. Sucede que en este caso el impuesto que corresponde es del 10% y originalmente se informó desde la AFIP que se cobraría un 5% adicional. Pero ahora se dirá lo contrario, es decir, que una vez cobrado el impuesto especial ya no se puede recalcular. Esto debería favorecer una adhesión más rápida de cuentas del exterior, ya que muchos optarán por blanquear primero una cuenta y luego avanzar con el resto en caso de poseer varias. De la misma manera, también favorece la ventaja de esperar más tiempo para el blanqueo de inmuebles, ya que hacerlo en febrero o marzo de 2017 siempre paga la misma alícuota del 5%, al tiempo que no se revisa lo anterior. La ventaja es que una suba del tipo de cambio abarataría el costo concreto del blanqueo, ya que el impuesto está fijado al 22 de julio, es decir $14,81 pesos, mientras que hoy se ubica por encima de 15,15.
Más flexibilidad para mantener cuentas conjuntas. El blanqueo permite que una cuenta que tiene varios titulares sea exteriorizada a nombre de uno solo o incluso de un tercero con su consentimiento. La AFIP aclarará que no es necesario posteriormente al blanqueo "corregir" la titular de esas cuentas, que pueden seguir en cabeza de sus tenedores originales. Esto también facilita el proceso de exteriorización, ya que no obliga a ninguno de los titulares originales a "borrarse" de la cuenta en caso de no haber ingresado a nombre personal.
Los seguros de vida son un caso aparte. Hay cientos de argentinos que en las últimas décadas contrataron pólizas de cobertura en el exterior, violando varias normativas: en primer lugar, porque lo hacían en general con dinero no declarado, pero además contra la ley de seguros nacional, que prohíbe expresamente poseer una póliza en el exterior. Finalmente, la AFIP permitirá blanquear dichos seguros, ya que de lo contrario estarían condenando al asegurado a mantenerlo en negro, poniendo en riesgo todo su proceso de exteriorización. Sin embargo, como no se modificaría la ley que impide contratar un seguro de vida en el extranjero, no está claro si esa póliza podría mantenerse una vez que ingrese al sinceramiento fiscal. Por otra parte, con el dinero blanqueado no se podría contratar un seguro de vida internacional.
Uno de los puntos que genera más controversia es cómo valuar los activos que entran al blanqueo cuando no se trata de dinero, como el caso de sociedades e inmuebles. La AFIP permitirá que otro tipo de profesionales, no sólo inmobiliarias, puedan determinar valores a los efectos del sinceramiento, lo cual podría resultar muy útil por ejemplo, en el caso de campos. Por otra parte, el organismo que dirige Alberto Abad ya aclaró en varias oportunidades que no se tomarán en cuenta a los efectos del blanqueo ningún tipo de pasivo. Por ejemplo, si un departamento de un millón de dólares fue comprado con una hipoteca de 500.000, el 5% se aplica sobre el valor del activo sin tener en cuenta la deuda. Lo mismo sucede, por ejemplo, con cuentas que tienen acciones o bonos comprados con un préstamo del banco.
NÉSTOR SCIBONA
Los contribuyentes-evasores querrían más tiempo y el Gobierno, que se apuren. Pero sólo la ansiedad por resultados que caracteriza a la administración de Mauricio Macri explica que el blanqueo haya arrancado en medio de un "ruido" innecesario. Con el ministro Alfonso Prat-Gay acusando de no colaborar a los bancos; éstos (en el caso de Adeba) endosándoles la culpa a los contadores y ambos a la espera de que sus clientes decidan cómo y cuándo adherir en los sucesivos vencimientos, mientras la AFIP va aclarando varias zonas grises.
Este régimen multipropósito de "sinceramiento fiscal" es bastante complicado de digerir en pocas semanas para quienes por años mantuvieron sus dólares y bienes fuera del circuito económico, en el país o el exterior. Probablemente aguardarán en cada caso hasta último momento para aclarar dudas, declararlos y pagar el impuesto especial a cambio de que la AFIP borre su pasado de evasión tributaria; pero no sin antes chequear la diferencia entre el dólar libre y el "dólar blanqueo" de $ 14,81 para reducir la "multa" en pesos. Una parsimonia que inquieta a los funcionarios y sólo se justificaría si esperaban una improbable avalancha inicial de presentaciones.
Una prueba del disgusto oficial es que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidió no divulgar el monto de la suscripción del bono en dólares a tres años y tasa cero, que venció el 30 de septiembre. Esto indica que habría tenido escasa aceptación, por más que permitía blanquear sin costo y al Tesoro financiarse de la misma forma. Sin embargo, este impreciso resultado no marca una tendencia porque estaba cantado: los especialistas desaconsejaban este título, por resultar más conveniente pagar el impuesto de 10% y recuperarlo con inversiones financieras, que inmovilizar el capital hasta 2019.
El próximo vencimiento se producirá el 31 de octubre, pero con un perfil diferente, ya que abarcará a los dólares o euros atesorados en cajas de seguridad o en el "colchón" (por encima de unos US$ 20.000), que deberán ser depositados en una cuenta especial en los bancos. Una semana antes deberán generar el VEP (volante electrónico de pago) por el anticipo del 1% del impuesto especial, cuya alícuota varía entre 5 y 10% según el monto. Estos depósitos quedarán inmovilizados durante seis meses, salvo que se destinen a la compra de bienes registrables.
Según estimaciones preliminares, ya habrían sido abiertas unas 20.000 cuentas especiales. Un número no demasiado alentador, pero que podría aumentar. De ahí que una incógnita sea cuál será la cantidad final de cuentas abiertas y de divisas que los clientes suban desde el subsuelo a la superficie de los bancos. Y otra, si habrá prórroga de plazos, un hábito que descartan en el gobierno dado que los vencimientos fueron fijados por la propia ley. Por lo pronto, la AFIP acaba de inaugurar, en los partidos de fútbol de la selección, una campaña televisiva para que los contribuyentes eviten la "tarjeta roja".
Los bancos se defienden de las acusaciones oficiales de falta de colaboración y subrayan que no actúan de modo homogéneo. De hecho, algunos organizaron ciclos de información en el interior del país y/o habilitaron servicios especializados de asesoramiento a sus clientes; pero otros se limitaron a enviarles sintéticos mails con datos básicos y un link al sitio web de la AFIP. No obstante, admiten que el mayor problema está en la apertura de cuentas a quienes no son clientes y carecen de antecedentes bancarios e impositivos. No es lo mismo un comerciante que opera en negro desde hace años que un narcotraficante encubierto, aunque ambos hayan acumulado un capital no declarado.
Desde la Unidad de Información Financiera (UIF), su presidente, Mariano Federici, coincide con esta preocupación. Pero enfatiza que el organismo instrumentó un sistema de gestión de riesgos para que los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que deben enviar los bancos se focalicen en presuntos delitos que afecten la integridad financiera y en zonas geográficamente riesgosas, como ha ocurrido en otros países que dispusieron blanqueos exitosos (caso Chile). La UIF se ocupará de investigar los casos según prioridades estratégicas, intercambiar información con organismos similares de otros países y efectuar denuncias penales, una tarea abandonada en los últimos años.
Federici también subraya, al igual que otros funcionarios, que a partir de 2018 habrá un punto de inflexión a nivel global cuando, en el marco de la OCDE y otros organismos multilaterales, se activen los acuerdos de intercambio automático de información fiscal entre gobiernos de 80 países, para individualizar y cerrar cuentas bancarias y sociedades de no residentes que no hayan sido declaradas. A esta acción se sumaría el acuerdo bilateral que se tramita contra reloj con los Estados Unidos.
Con este esquema, el plazo clave del blanqueo será el 31 diciembre próximo para los bienes y cuentas bancarias en el exterior, sin obligación de repatriar los fondos y con el pago del impuesto especial de 10% (que se elevará a 15% a partir de 2017). Sólo entonces podrá estimarse un resultado final.
En este caso hay dos opciones para evitar el pago del impuesto. Una, el bono en dólares a siete años, intransferible y no negociable durante cuatro, con cupón de 1% anual y el anzuelo de exteriorizar hasta tres veces el monto suscripto, para el que se fijaría un cupo. Otra, cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión (FCI), abiertos o cerrados, que deberán quedar inmovilizadas por cinco años aunque devengarán renta. Sin embargo, en el caso de los FCI cerrados, la ley omitió considerar que están gravados por Ganancias y, mientras se subsana esa contradicción, los abiertos operarán como alternativa provisional. Aun así, no pocos especialistas consideran que el monto mínimo a suscribir (US$ 250.000) tiene un objetivo más recaudatorio que impulsor de la inversión productiva, al restringir el acceso de pequeños y medianos ahorristas.
De todos modos, un contrapeso para el blanqueo -cualquiera que sea el resultado- es la incertidumbre sobre la presión tributaria en los próximos años. La propia ley "ómnibus" dispone la creación de una Comisión Bicameral que deberá analizar los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo, para elaborar una reforma integral del sistema tributario. Pero, al fijarle un plazo de 365 días, habrá que esperar por lo menos hasta 2018 para comenzar a develar la incógnita.
ALCADIO OÑA
Suele afirmarse que no hay mejor defensa que un buen ataque. También, que culpar a otros por un problema compartido es una manera de sacarse la responsabilidad de encima y de transferírsela a ellos.
¿Existe algo de una cosa, de la otra, o una mezcla de ambas en una muy reciente embestida de Alfonso Prat-Gay?
“Somos conscientes de que no hay cooperación de parte de los bancos. Pareciera ser que quienes más dificultan este proceso son los mismos bancos que deberían beneficiarse”, dijo el ministro sobre la marcha del blanqueo.
En principio, la frase sirve para presionar a financistas supuestamente remolones o demasiado cautelosos. O puede alimentar la sospecha de que el operativo no anda como se esperaba. Aún así, cabría computar un factor colateral: tomarse de una excusa para sacudir a los bancos, lo cual al menos aquí siempre rinde políticamente.
Otras fuentes del Gobierno prefieren instalar un mensaje directo: “Estamos muy tranquilos con el blanqueo. Todo indica que va a ser un gran éxito”.
Nadie puede pretender desde luego que afirmen nada diferente y mucho menos que admitan lo contrario. Aunque como vienen barajándose las cartas, los datos contundentes recién estarían disponibles hacia diciembre.
Es que tal cual anticipó Clarín hace un tiempo, gana espacio la opción de declarar las divisas y los bienes ocultos dentro del plazo que vence el 31 de diciembre, o sea, la de pagar el impuesto del 10%, sacarse el fardo de encima e invertir lo que quede según convenga. También crecería la variante de estirar la decisión hasta el 31 de marzo, solo que la alícuota ya sube al 15%.
“La mira está en diciembre, pero no descartamos que también pueda entrar bastante después, antes de fin de marzo”, repiquetea el optimismo en despachos oficiales.
Pero eso implica reconocer que perdió volumen la alternativa de blanquear activos a través de los bonos que integran el menú, así corrieran con la ventaja de ahorrarse los intereses.
Había, hay aún allí una carta jugada a achicar las necesidades de financiamiento del Gobierno, atada al volumen de fondos que se canalicen por esa vía. Y otra, a reducir el costo del propio financiamiento, porque las tasas de interés de los títulos fueron fijadas en 0% y 1%.
Está claro, con todo junto adentro, que el blanqueo es una apuesta fuerte de Mauricio Macri y que por lo mismo el resultado va a ser relacionado con la confianza que él y su gestión despiertan.
Y aun cuando escasean datos firmes, varios analistas empiezan a sostener que el Gobierno puso muy alta la vara de la cosecha. Dice uno de ellos: “Quizás fue excesivo estimar, de entrada, que se iban a declarar no menos de 20.000 millones de dólares”.
Si es por eso, fue Gabriel Martino, el presidente del HSBC, quien levantó más alto la vara: ya a mediados de junio, pronosticó públicamente alrededor de US$ 60.000 millones y también que el 20% ingresaría al país. Un monto similar proyectó un ex ministro de Economía, solo que en conversaciones privadas.
Vale aclarar, antes de seguir con el runrun del blanqueo, que la ley no deja abierta la puerta a una prórroga. Y si el Gobierno quiere ir por ese camino, precisará una nueva ley o apelar al riesgoso expediente de un decreto de necesidad y urgencia.
Vale aclarar también que no todo lo que sea regularizado, sino una parte, será plata contante y sonante para el Estado. Eso sí, a partir de abril quienes normalicen su situación fiscal deberán pagar impuestos por eso, como cualquier hijo de vecino.
¿Qué piensa sobre los resultados del régimen?, le preguntó Clarín a alguien que estuvo en armados semejantes.
Primera respuesta: “Pienso en un número alto, pero sería apresurado arriesgar cifras”.
Segunda respuesta: “No será alto por la confianza en Macri, sino porque como vienen las cosas en el mundo costará encontrar dónde esconder la plata. Aunque sea enorme el deseo de ocultarla”. Amenaza exterior y punto a favor del blanqueo.
El experto en estas lides alude al convenio internacional sobre intercambio de información financiera y fiscal sensible que, para el caso, permitiría detectar fondos de argentinos depositados en otros países. Regirá desde el año próximo.
Salvo por ahora EE.UU., han adherido unos 56 Estados y otros 41 entrarán en 2018. Entre ellos, casi todos los europeos grandes, Japón, Corea del Sur y varios de América latina, un lote de africanos y hasta paraísos fiscales famosos como Barbados y las islas Seychelles.
Mandan el lavado de dinero y el riesgo de que pueda ser aplicado al terrorismo y el narcotráfico. Y manda obviamente el negocio financiero, pues cuanto mayor sea la circulación de dinero en blanco mayores serán la bancarización y la posibilidad de sacarle jugo a las inversiones: estamos hablando de billones de dólares.
¿Y cómo juegan este juego los propios bancos?, fue la pregunta a un ex director del Central que frecuenta ese circuito.
Respuesta: “Los europeos especialmente han empezado a cerrar cuentas de operaciones de dudosa procedencia y de más dudoso destino. Pero muchos norteamericanos todavía son menos rigurosos”. Dos maneras de entender el mismo negocio.
De vuelta al blanqueo made in casa, los especialistas cuentan que hay mucha presión de las entidades extranjeras, sobre todo de las europeas, para que sus clientes argentinos entren, sean fondos de inversión, sociedades o particulares con sumas importantes. Y si no lo hacen, dicen, les recomiendan mudarse a otro lado.
¿Por qué los bancos de aquí estarían remisos, si al fin cobran sus comisiones al contado riguroso?, es la duda que sigue.
Una explicación, más bien proveniente de su clientela, todavía apunta al peligro de que comiencen a circular listas de nombres, aun cuando, según el Gobierno, “están súper amparados por el secreto bancario y fiscal, reforzados en la propia ley”. Contraataque desde los bancos: “No es un dato menor enterarse de gente con plata, cuando la inseguridad abunda”.
Podría añadirse el temor a que la individualización vaya asociada a las causas judiciales en danza. Ahora no se trataría de nombres sino de ciertos nombres.
Ya a la cuenta de las inquietudes propias es que, ante amenaza de las sanciones previstas en el Código, las entidades sólo validan operaciones a clientes conocidos o recontraconocidos.
Hay algo adicional que los funcionarios reconocen y a la vez lleva agua a su molino: “El miedo a un eventual cambio de autoridades y al horizonte que surja tras las elecciones de 2017”. Por eso, son corrientes las reuniones entre financistas y dirigentes encumbrados del peronismo, excluyendo la variante kirchnerismo duro.
Dice el ex director del Central: “Yo pondría en la balanza que los muchachos de Prat-Gay han trabajado fuerte con fondos de inversión del exterior. Promesas tienen, sólo falta que se cumplan”.
Bajo cualquier hipótesis, ya luce definido que mucha de la plata declarada seguirá afuera. Al menos mientras unas cuantas cuestiones continúen difusas. Eso se llama inversiones reales en lista de espera.
Pero nunca serán una medida de este blanqueo el de 2009 y el larguísimo de 2013. La suma de ambos arrojó muy modestos US$ 7.400 millones. Entonces, tocó desconfianza al cristinismo.
