La derogación de la Ley Reservada del Cobre que entrega a las FFAA un 10% de los recursos que provee al fisco el metal rojo, fue la conclusión más relevante que sacó la comisión investigadora de la Cámara de Diputados en el informeemitido por la instancia y votado esta jornada respecto de la defraudación cometida por el Ejército, conocida como Milicogate.

El texto fue aprobado en sala con 72 votos a favor y una abstención del independiente, René Saffirio, y revela la “falta de diligencia” por parte de la Contraloría General de la República, el Ministerio de Defensa y la cuestionada rama castrense, en su trabajo de fiscalización del presunto pago de facturas irregulares por cerca de $5.600 en la institución.

En este marco, la instancia legislativa estimó que el órgano fiscalizador de las reparticiones públicas, tiene responsabilidades por cuanto hubo falta de diligencia en el ejercicio de la “labor fiscalizadora”, al no haber desarrollado un plan de control y fiscalización en relación a los recursos que se administran para la compra y mantención del arsenal bélico.

Respecto de la cartera de Defensa, se constató la dificultad para implementar la legislación que definió una nueva institucionalidad. Asimismo, se acusa fallas y retardos en la implementación de mecanismos de control.

Además, se observa que los titulares de la secretaría de Estado en esa época, no adoptaron políticas ni programas específicos tendientes a ejercer un control efectivo sobre el adecuado uso de los recursos entregados a las Fuerzas Armadas.

La comisión también asignó responsabilidades al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, como encargado del correcto funcionamiento de la institución. “No ejerció adecuadamente su rol de supervisión respecto de sus subalternos directos, como son los oficiales que se encontraban a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza y la Contraloría del Ejército”, precisa el documento.

También da cuenta que la Contraloría General del Ejército no cumplió su misión institucional, en orden a desarrollar actividades de control y fiscalización que de garantía del correcto desarrollo de los procesos y procedimientos bajo su tutela; se reprocha el hecho que la Tesorería del Ejercito haya dejado de cumplir su misión institucional, toda vez que no efectuó “la revisión de los documentos que permiten el pago de los compromisos asumidos por la institución; y se acusa al Comando de Apoyo a la Fuerza, y muy particularmente a los generales que lo dirigieron entre 2010 y 2014, de no cumplir su deber de controlar los fondos provenientes de la LRC”.

En este ámbito, el texto hace también mención al Consejo Superior de la Defensa Nacional, al Banco Central, la Tesorería General de la República, la Superintendencia de Casinos, la Unidad de Análisis Financiero y Codelco.

El informe recomendó la derogación de la Ley Reservada del Cobre y se propone establecer un nuevo sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, como asimismo, plantea modificaciones al modelo de transferencia del 10% de Codelco y la utilización del Fondo de Contingencia Estratégica.

Además, se recomienda que todos los informes finales y los de seguimiento de la Contraloría sean remitidos a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, para su conocimiento y fines respectivos; que se potencie la capacidad del Congreso Nacional para una efectiva fiscalización; que el Ministerio de Defensa fortalezca los procesos de evaluación de proyectos, de adquisiciones, con los debidos sistemas de control para su adecuada ejecución; y que se especifiquen los decretos de inversión asociados a un Proyecto.

Finalmente, entre otras múltiples sugerencias, se pide una actualización de la normativa del Registro Especial de Proveedores del Sector Defensa, así como lo relativo a la incompatibilidad de ex oficiales para desempeñarse en empresas proveedoras de bienes y servicios de la Defensa; que establezca un Sistema de Prevención de Delitos y de denuncias al interior de las FFAA; se implemente un modelo de gestión de riesgo en el Ejército y se fortalezca el sistema de control institucional.