Como se veía venir, el juez Hugo Quiroga levantó ayer la cautelar que pesaba sobre Veladero y la mina de oro y plata más grande que tiene San Juan en explotación retomó la producción. Así, al menos en lo operativo, se terminaron los fuertes coletazos que dejó el último incidente con solución cianurada que se registró en el emprendimiento en la madrugada del 8 de septiembre. El magistrado tomó la decisión en sintonía con el pedido que le habían hecho los fiscales del caso, al entender que la compañía Barrick ejecutó todas las medidas de seguridad que le exigían y que cesó el riesgo para la población y el medio ambiente.
Quiroga es el juez de Paz de Iglesia y en su entorno habían advertido que la resolución era inminente. Finalmente, en horas de la mañana, firmó el escrito que levanta la cautelar que se había dictado inicialmente para suspender las actividades en alta montaña después de la rotura de una cañería que liberó solución cianurada y la salida de material rocoso del valle de lixiviación.
La notificación llegó horas más tarde a Barrick, en donde se pusieron a trabajar para reiniciar las actividades. Fuentes de la empresa aseguraron que retomaron las tareas en horas de la siesta, una vez que los empleados que quedaron en la mina para ejecutar las obras solicitadas por la Justicia revisaron todo el circuito de producción.
El yacimiento iglesiano quedó paralizado el 14 de septiembre, por orden del gobernador Sergio Uñac. Fue a raíz del incidente ocurrido 6 días antes y para poder investigar en el lugar las causas, los eventuales responsables y las consecuencias. Días más tarde, producto de tres denuncias de un abogado, el fiscal del Estado y el defensor del Pueblo por el derrame, el juez jachallero Pablo Oritja tomó la misma medida y los efectos quedaron bajo la órbita judicial.
Oritja fundó su decisión en la incertidumbre que representaba la mina y el eventual riesgo para las poblaciones cercanas y el medio ambiente. Y paso seguido, en base a requerimientos del Ministerio de Minería, condicionó la continuidad de la cautelar a que Barrick ejecutara una serie de medidas urgentes que le dieran más seguridad y despejaran cualquier duda de peligro.
En pleno trámite de la causa, Oritja se tomó licencia el viernes pasado y todo pasó a manos de la jueza de Paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, quien ahí nomás pidió permiso por razones de salud. Por eso, Quiroga quedó al frente esta semana como subrogante y encargado de analizar el informe de Barrick sobre las obras realizadas, las certificaciones de la Policía Minera sobre esos trabajos y el pedido de los fiscales Sohar Aballay, Daniel Guillén y Fabricio Medici (los dos últimos designados como ayudantes por el fiscal General de la Corte), para recién dictaminar sobre el destino del emprendimiento.
En su resolución, el juez considera que la compañía que explota Veladero se puso a tono con las medidas urgentes y la presentación del plan integral que le exige Minería. Por otra parte, sostiene que “mantener la medida cautelar en las circunstancias referidas, constituiría una especie de pena anticipada o, en su caso, la producción de un perjuicio a la empresa, al Estado y a los trabajadores absolutamente injustificado”. Además, cita fundamentos del Ministerio Público sobre que “debe evitarse el intervencionismo judicial, en el sentido de que una cautelar no puede convertirse en un sustento para que la Justicia se convierta en autoridad de aplicación y vigilancia de, por ejemplo, en plan integral, tema que le corresponde en carácter de deber a la autoridad minera”.
El Juez Hugo Quiroga, dialogó con Diario Huarpe luego de firmar la resolución que levantó la medida cautelar que prohibía los trabajos en la mina Veladero y contó, entre otras cuestiones, que Barrick tiene tiempo hasta el 21 de diciembre de presentar las mejoras adicionales que pidió Policía Minera tras el incidente del pasado 8 de septiembre.
“Hoy salió la resolución levantando la clausura, ya que entiendo que se ha cumplido con las medidas que pidió el doctor Oritja y es por eso que se ha dejado sin efecto las cautelares”, dijo Quiroga. En este sentido también agregó que “la mina ya fue comunicada y la mina está en condiciones de operar en lo inmediato”.
Sobre lo que resta por hacer agregó que “ha quedado un programa consensuado para evitar futuros accidentes que abarca a todo el valle de exploración. Entre estas cuestiones está el reforzamiento de cañerías, canales y demás. Todo esto tiene distintas etapas de presentación. La Barrick tiene hasta el 21 de diciembre para cumplir con todo, ya que no son obras que se hacen de la noche a la mañana. De todas formas, todo lo pedido en las cautelares se cumplió. El cumplimiento de esta tarea quedó en la fase administrativa”
Todavía no se sabe cuánto dejó de producir Veladero en los 21 días de paralización ni si hubo impacto para la provincia, que recibe el 3 por ciento del valor de facturación del oro y la plata que extrae y comercializa Barrick en el exterior. “Todavía no hemos revisado eso y no se puede determinar a ciencia cierta, porque la liquidación de las regalías se hace en forma mensual y la empresa tiene hasta 30 días después para presentarla”, explicó el ministro de Minería, Alberto Hensel.
Con la cautelar resuelta, ahora todo se concentra en el aspecto penal. Quiroga, u Oritja cuando regrese, debe determinar qué fue lo que pasó el 8 de diciembre y si hubo delito o no por parte de los responsables de la mina o la cúpula de la empresa. En principio, las pericias que se hicieron en la mina indican que la solución cianurada no llegó al río ni salió del valle de lixiviación (Ver Cómo sigue).
Mientras tanto, en Minería hay un sumario en marcha. De allí saldrá si corresponde aplicarle a Barrick una multa, tal como sucedió por el derrame sucedido en septiembre del año pasado.
Barrick levantó las bermas (taludes de contención de solución cianurada y rocas) en siete puntos críticos a lo largo del valle de lixiviación, construyó un talud para canalizar los líquidos en caso de roturas de cañerías, reparó membranas deterioradas en el valle, verificó las conexiones en tuberías, limpió los canales de descarga norte y sur y mejoró el mantenimiento del camino perimetral del valle para observarlo y detectar cualquier fuga.
Las mejoras fueron impuestas por la Justicia, luego de que hiciera suyas las medidas presentadas por Minería. Además, por orden judicial, tuvo que hacer obras adicionales, como el refuerzo de las uniones de los caños y la construcción de otra barrera en el canal del Norte, y presentar un plan de seguridad integral.
En el juzgado de la Segunda Circunscripción Judicial, que es dirigido por Pablo Oritja y donde hoy subroga su colega Hugo Quiroga, hay en total 5 denuncias penales por el episodio del 8 de septiembre en Veladero. Todas apuntan a que se investigue si se consumó el delito de contaminación y quiénes serían los culpables y fueron presentadas por el abogado José Torres, el ciudadano Faustino Esquivel; el fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis; el defensor del Pueblo, Julio César Orihuela; y el ministro macrista Sergio Bergman.
El magistrado ya pidió las testimonial de algunos denunciantes y secuestró elementos y documentación de la mina. Ahora, como siguiente paso, debe resolver si llama a alguien a indagatoria.
Para levantar la clausura, la justicia provincial exigió que la empresa cumpla con siete puntos. Entre los que se destacan:
+ Control y corrección de membranas deterioradas a lo largo de todo el perímetro del valle de lixiviación.
+ Levantamiento de bermas en siete puntos críticos.
+ Verificación de conexiones en tuberías del valle de lixiviación.
+ Limpieza de canales Sur y Norte, y sus accesos.
+ Mantenimiento del camino de servicio del perímetro del sistema de lixiviación en valle para garantizar su debida observación.
+ Además la empresa ya instaló, como medida adicional, siete cámaras de seguridad en puntos críticos para el monitoreo del valle de lixiviación. Sin embargo, el número de cámaras deberá ampliarse.
La Auditoría General de la Nación (AGN) difundió ayer un duro informe sobre la gestión estatal para prevenir y manejar los pasivos ambientales (conjunto de daños medioambientales) en el período 2014-2015. Concluyó que no existe "una norma de presupuestos mínimos ambientales que regule la prevención, identificación, tratamiento y remediación de los pasivos ambientales mineros".
Además de observar "una inadecuada articulación entre las normas ambientales generales y las sectoriales, lo que impide el tratamiento de conflictos por contaminación de sitios desde un aspecto sistémico", señaló que "el Código de Minería, de alcance federal, no prevé todas las herramientas para garantizar la recomposición ambiental en la actividad minera".
La AGN fue categórica al concluir que el Ministerio de Energía y Minería no ha coordinado de forma adecuada "la realización de los controles ambientales previstos en el Sistema Ambiental Minero Preventivo", según indicó La Nación.
Que se levante la suspensión de la actividad en la mina Veladero no cayó muy bien en la Asamblea Jáchal no se toca y en ese sentido, Saúl Zeballos, uno de los representantes expresó la sensación que hubo en el lugar.
“Que le den más plazo a Barrick para que continúe con las mejoras de seguridad en la mina es seguir permitiéndole todo a la minera. No interesan los derechos de los que vivimos aguas abajo, sino importa que la empresa no pierda dinero para que pueda seguir funcionando normalmente”.
Con el malestar de conocida la novedad, Zeballos apuntó contra el gobernador y la empresa al decir que “este fallo ratifica que Uñac y Barrick y viceversa. Y también esto muestra que nuestros funcionarios judiciales y administrativos no están para defender los derechos de los jachalleros sino al servicio de alguien”.
Respecto a las condiciones de seguridad impuestas, Zeballos sostuvo que “a eso ya lo escuchamos de parte del ingeniero Marcelo Ghiglione quien dijo que las condiciones de control iban a ser totalmente distintas y que la empresa se iba a comportar como una señorita pero evidentemente no se comportó así y nos siguió contaminando el agua”.
Greenpeace y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cuestionaron en un comunicado "la decisión judicial de habilitar las actividades en Veladero, tras 15 días de suspensión" por un derrame de material cianurado que escapó de la zona segura del valle de lixiviación de la mina, pero que no afectó a los cursos de agua de la zona.
La medida fue tomada por el juez de paz del Departamento de Iglesia, Hugo Quiroga, quien se hizo cargo de la causa por el incidente del 8 de setiembre pasado, al subrogar al juez de la segunda circunscripción Pablo Oritja, que se tomó una licencia, y a la jueza de paz de Jáchal, Silvia Rodríguez, quien fue la primera subrogante pero pidió licencia por enfermedad.
El reclamo de los ecologistas se fundamenta en "el riesgo ambiental que significa" la operación de ese yacimiento, "tanto por el incumplimiento de la Ley de Glaciares como por los derrames recientes"."En menos de un año Barrick permitió que se contaminen cinco ríos de la zona por los derrames en la mina", señaló Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace, y opinó que habilitarla nuevamente "es no tener ningún tipo de interés por el ambiente y por los glaciares".
Para el ambientalista, "dos semanas de suspensión a una empresa con dos derrames de cianuro en un año, y que opera además en una zona prohibida por la Ley de Glaciares, parece una burla. Hay que cerrar la mina”, afirmó.
“La empresa opera ilegalmente en una zona protegida por la ley de glaciares", sostuvo Strano y consideró que el gobierno nacional "tiene que cerrar Veladero y dar un mensaje claro a todo el sector.
El derrame en Jáchal "expuso no sólo los serios e irreversibles impactos ambientales de este emprendimiento sino también los graves problemas de institucionalidad asociados, como la falta de transparencia, la escasa información" y "la falta de intención de dar una respuesta definitiva al asunto", dijo Pía Marchegiani, de FARN.
"No se puede seguir avanzando sobre nuestros recursos naturales con este tipo de emprendimientos. Aún no está claro qué se derramó ni cuánto", indicó la ambientalista y pidió que se informe a la comunidad, según informó Telám.
