En un dictamen, el fiscal general, Antonio Gustavo Gómez, planteó sus discrepancias con las actuaciones del Juez Federal N°,Fernando Poviña, con el fiscal Federal N° 1, Carlos Brito, que intervinieron en la causa por presunta malversación de fondos provenientes de YMAD.
Además, solicitó una recalificación de la causa bajo la figura de “Asociación ilícita”, porque entiende que hubo un “accionar delictivo” que afectó directamente el patrimonio de la UNT.
También solicitó que se amplíe la investigación de los hechos y que se cite a más involucrados, funcionarios y ex funcionarios de la UNT, y responsables de las empresas contratistas que participaron en las obras. Hoy la causa se encuentra en la Cámara Federal de Apelaciones y las defensas de los procesados presentaron los recursos de apelación.
Esas diferencias que planteó Gómez consisten en oponerse a los sobreseimientos ya dictados por Poviña a favor de Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo, y de Horacio Alfredo Lobo, inspector de la obra de Filosofía y Letras.
En ambos casos, Poviña había precisado que la investigación desarrollada no afectaba el buen nombre y honor de estas personas. El fiscal general recordó que la causa YMAD se inició por la denuncia penal de Ramón Eudal ante la Fiscalía Federal General, en abril de 2010.
Allí se pedía que se investigara el papel en la comisión de presuntos ilícitos en perjuicio de la UNT al rector de la UNT 2006-2010, Juan Alberto Cerisola, a la vicerrectora de entonces, María Luisa Rossi de Hernández y a los integrantes de aquel Consejo Superior de la UNT.
El presunto delito era la malversación de fondos que la institución comenzó a recibir en 2006, proveniente de la explotación minera de Bajo La Alumbrera, vía YMAD, para las “obras” de la Ciudad Universitaria. Para la recepción de estas utilidades, la UNT había conformado una Unión Temporal de Empresas (UTE) denominada YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), junto a la provincia de Catamarca.
Más adelante se sumaron otras denuncias: una anónima (que fue muy cuestionada por la defensa de Cerisola), otra del abogado Oscar López, que ponía la lupa en los sobreprecios en las obras universitarias y otra de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) por irregularidades en tres obras: la ampliación de la facultad de Derecho, la obra en Filosofía y Letras y la remodelación de la sede de Asunt (obra social).
En el marco de esa investigación, el fiscal Brito imputó a Cerisola, a Luis Sacca, ex secretario administrativo de la UNT y ex diputado nacional por la UCR; a Olga Cudmani, ex directora de Construcciones universitarias; a Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones y a Reimundín y a Lobo (sobreseídos).
Pero según Gómez, la hipótesis investigativa se debe ampliar sobre responsables de áreas administrativas de la UNT, sumadas a otras personas jurídicas de orden privado, involucradas en la ejecución de obras en la UNT en el período 2006-2009.
La intención, señaló en su dictamen, es determinar la identidad real de los hechos imputados. Y justificó: “Resulta ilógico pretender reducir la asignación de responsabilidad penal a algunas de las tantas reparticiones administrativas que necesariamente dictaminaron y llevaron adelante pagos indebidos”.
El fiscal general señaló que en la maniobra resulta sustancial convocar a la ex vicerrectora, Hernández, a Augusto González Navarro, quien continúa como responsable de la Dirección General de Asuntos Jurídicos; a José Hugo Saab, ex secretario general de la UNT; a los entonces integrantes del Directorio de YMAD (Rodolfo Campero y Mario Marigliano, que falleció este año) y al “equipo de planeamiento” que asesoraba al rector Cerisola para el diseño y ejecución del “plan de obras” investigado.
Y al “equipo económico” que asesoraba a Sacca, de la Dirección General de Administración de la UNT, Francisco Castillo, y sus colaboradores,Guillermo Daniel Figueroa y Ronald Parada Parejas. También el fiscal Gómez extiende la imputabilidad a los integrantes del Consejo Superior de la UNT, a quienes les cabe, desde su análisis, “la omisión en el cumplimiento de sus deberes de controlar los fondos y pagos a las empresas constructoras”.
En su escrito, Gómez también nombra a las empresas que intervinieron en las obras: Con-Fer SRL, Camaro construcciones, Beton SRL, Anticorrosiva del Norte, Mak construcciones, Rondeau SRL, Pramarco, Empresa Boero, Obritec, Mittsushito SRL y Gordillo SRL. Está convencido de que hubo una “asociación ilícita” que buscó, a través del plan de obras de la Ciudad Universitaria, iniciado en 2008, enriquecerse personalmente perjudicando a la UNT.
Si bien el dictamen de Gómez no es vinculante, es un elemento que la Cámara de Apelaciones puede o no considerar al momento de tomar una decisión. El fiscal finalizó el escrito solicitando que se cumplan los plazos procesales (la causa ya lleva seis años) y que se proceda a la conformación del tribunal (uno de los camaristas, Ernesto Wayar, se excusó).
La posición del fiscal federal general, Antonio Gómez, en algo se parece a lo que ha venido planteando la defensa del ex rector, Juan Cerisola. En una entrevista hace un par de semanas reiteró que en ningún momento actuó solo y que siempre siguió el aconsejamiento de los letrados de la UNT. Había dicho: “¿En qué Universidad un rector se va a estar ocupando de renovar un plazo fijo como dijo el fiscal? Para ello existen secretarios, subsecretarios...”, agregó Cerisola y también recordó que el plan de obras con fondos de YMAD fue remitido al Consejo Superior (de esos años) y que se aprobó. Apuntó a los funcionarios de Asuntos Jurídicos.
Además de la administración de los $353 millones que recibió la UNT de YMAD entre 2006 y 2009 (la investigación llega hasta ese año), se investigaron los sobreprecios en más de 16 obras que conformaban el plan de la nueva Ciudad Universitaria.
Se estimó que se pagaron sobreprecios por más de $30 millones. exoneración y juicio académico.- Todavía no hay sentencia, pero la causa YMAD genera consecuencias dentro de la UNT. En agosto, la universidad recibió las recomendaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) del Ministerio Público Fiscal de la Nación respecto de un sumario administrativo que habían enviado para su revisión. Entre las recomendaciones, mencionaron exonerar a Olga Cudmani (ex directora de Construcciones Universitarias), iniciar juicio académico a Cerisola y a Juan Carlos Prieto, ex secretario de Planeamiento, Obras y Servicios de la UNT.
La posibilidad de un juicio académico generó malestar en el ex rector, Juan Cerisola, y lo obligó a romper el silencio porque consideraba que era su obligación moral. Oportunidad en la que mencionó que todo (la causa YMAD y el juicio académico) respondían a internas políticas que habían surgido entre él y su vicerrectora. el refugio de sacca.- Idéntica situación judicial es la de Olga Cudmani con la de Luis Sacca. El ex diputado de la UCR está procesado en la causa YMAD. Actualmente se desempeña en el área de la secretaría de Bienestar Universitario. En 2014, cuando se inició el sumario administrativo, no se lo incluyó, pese a que se lo acusa de haber autorizado inversiones financieras durante el período 2006-2009, en las que el “monto y plazo de los depósitos se decide arbitrariamente, sin criterios objetivos y explícitos”, según consignó el juez federal Fernando Poviña.
