En solo dos meses, entre julio y setiembre de este año, los mineros ilegales de oro han deforestado otras 100 hectáreas de bosque en la Reserva Nacional de Tambopata, ubicada en Madre de Dios, una de las zonas protegidas con mayor diversidad biológica del mundo. En total, desde noviembre del 2015, han sido destruidas más de 450 hectáreas.
El último reporte del proyecto MAAP –a cargo de la Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica (ACCA) y la Amazon Conservation Association (ACA)–, dedicado al monitoreo de la Amazonía en tiempo real, alertó a finales de julio de este año que los mineros ilegales habían destruido 353 hectáreas.
Esta vez, el nuevo reporte de MAAP cedido en exclusiva a El Comercio y basado en el estudio de imágenes de satélite, muestra cuatro grandes frentes de deforestación al interior de la reserva, donde los mineros ilegales han alterado el cauce del río Malinowski y deforestado kilómetros de bosque.
A finales del año pasado, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), adscrito al Ministerio del Ambiente, alertó que 2.000 mineros ilegales que operaban en la zona de amortiguamiento de la reserva penetraron en la zona protegida. Los intentos estatales para expulsarlos han sido insuficientes, y la minería continúa avanzando.
Víctor Hugo Macedo, jefe de la Reserva Nacional de Tambopata, dijo que hace falta una presencia permanente de la autoridad en esta zona, debido a que los mineros ilegales suelen esparcirse cuando se despliegan operaciones de interdicción –en que se incautan y destruyen equipos–, pero luego vuelven a agruparse.
“Si a estos 2.000 mineros ilegales le sumamos las personas que colaboran en esta actividad, como transportistas, vendedores de insumos o personas que tienen una presencia indirecta, calculamos que aproximadamente 5.000 personas se dedican a esta actividad dentro de la reserva”, explicó Macedo.
Cecilia Cabello, directora de Gestión de Áreas Naturales del Sernanp, sostuvo que es importante integrar esfuerzos con la Policía Nacional, debido a que la Marina de Guerra, que ha vuelto a establecerse dentro de la reserva, no tiene todas las competencias legales para frenar a los mineros.
“Finalmente, es un tema de decisión política. Entre el Sernanp y la fiscalía tenemos el objetivo claro, pero hace falta un presupuesto para poder desplazar a los agentes de la PNP y de las Fuerzas Armadas al interior de la reserva”, dijo Cabello.
La reserva está resguardada por 20 miembros de la Marina asentados en el puesto de control Azul (pertenece al Sernanp), dentro de la reserva. Ellos resguardaron la zona entre abril y julio de este año, pero por falta de presupuesto debieron retirarse. Días atrás volvieron a instalarse en el lugar.
