La Cámara Federal de Casación Penal rechazó que la Justicia argentina deje de investigar uno de los mayores desastres ambientales por el vertido de 55 millones de toneladas de residuos tóxicos por parte de una minera que opera en Chile, algo que generó incluso un conflicto bilateral a nivel de las Cancillerías. La decisión firmada el martes coincidió con el Día Nacional de la Conciencia Ambiental, y confirmó el rechazo en tercera instancia del intento de que nuestro país no tenga jurisdicción para investigar la contaminación de la minera "Los Pelambres" que opera del lado de la frontera chilena una mina a cielo abierto de cobre y molibdeno, pero que arroja los desechos del lado argentino.
El largo derrotero judicial del expediente que fue rechazado primero en los tribunales de San Juan, luego en la Cámara de Mendoza y finalmente ayer en la máxima instancia penal tuvo un ingrediente curioso: pese a la preocupación de la cartera de Susana Malcorra para solucionar el conflicto con el país trasandino, el apoderado de la firma para litigar por la ausencia de jurisdicción de la Argentina en el caso es el abogado Ricardo Gil Lavedra, actual coordinador del programa Justicia 2020, dependiente del Ministerio de Justicia que preside Germán Garavano. Su poder, como representante legal, fue otorgado en Chile por la multinacional.
Un total de 55 millones de toneladas de neumáticos, material tóxico y otros residuos minerales producto de la explotación de Antofagasta Minerals fueron arrojados en un territorio de 1,35 kilómetro dentro de la provincia de San Juan, entre 2007 y 2012. El litigio se convirtió en un problema de territorialidad entre dos países, ya que no se admitía que el lugar utilizado como megabasurero fuese Calingasta ya con más de 52 hectáreas contaminadas y el curso de un río alterado. La situación reactivó en los últimos meses febriles negociaciones de Malcorra con las autoridades chilenas para definir el conflicto y limpiar la zona, aunque sin visos de éxito.
El "botadero" denunciado tiene 70 metros de altura y su limpieza implicaría que los operarios traspasen de suelo argentino los materiales contaminantes.
En paralelo, la Sala II de Casación integrada por los camaristas Ángela Ledesma, Pedro David y Alejandro Slokar dispuso el martes declarar "inadmisible" el recurso de queja presentado por la minera por excepción de falta de jurisdicción. Es decir, que planteaban que no correspondía que la Justicia argentina los investigara. Según la denuncia, una de las escombreras fue construida en el sitio denominado "Cerro Amarillo", transgrediendo los límites marcados e invadiendo parte del territorio argentino.
Pero lo peor es que la falta de tratamiento de los residuos provocó un "drenaje ácido de roca" lo que ocasionó un daño ambiental grave. Y esto contaminó espejos de agua sanjuaninos hacia donde se derramó el vertido. Por esto, los camaristas, según confirmó Ámbito Financiero, ratificaron lo dispuesto en instancias anteriores contra
Los Pelambres investigada por los delitos de "contaminación ambiental, usurpación y usurpación de aguas". Este fallo ocurre mientras la Justicia federal investiga a la minera Barrick Gold también por un hecho de contaminación ambiental en la provincia de San Juan, en cuya causa, la mira ahora apunta a los ministerios de Ambiente -presidido por Sergio Bergman- y de Energía y Minería -comandada por Juan José Aranguren- para establecer sus eventuales responsabilidades en el control de la explotación de la mina Veladero.
A fines de agosto, el juez federal sanjuanino Miguel Gálvez citó a indagatoria al actual gerente general de la chilena Antofagasta Minerals, Robert Andrew Mayne-Nicholls Secul, y a dos exgerentes generales de la firma, Ignacio Cruz Zabala y Alberto Cerda Mery, que deberán comparecer entre el 19 y el 21 de octubre próximos. La sorpresa en el litigio corrió por el lado del representante legal de la multinacional minera, que extendió un poder, otorgado en Chile, a Gil Lavedra.
El funcionario es actualmente abogado de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa en la que se investiga el origen del dinero sustraído en su domicilio y también es apoderado de la AFIP. Todos estos roles los comparte con su rol de coordinador del programa de reformas judiciales impulsados por el oficialismo. A las denuncias por presunta incompatibilidad por la interacción con jueces y fiscales en su rol de funcionario se le suma ahora que reclamó que no sea la Justicia argentina la que investigue la contaminación de la empresa, a contramano del reclamo de Malcorra que busca cerrar un conflicto diplomático.
