La crisis en la actividad minera se agudizó en las últimas horas en el nordeste de Antioquia con el anuncio de la multinacional Gran Colombia Gold Corporation de suspender totalmente sus labores.

La razón que llevó a la compañía minera, que opera en la zona a través de su filial Zandor Capital, radica en el paro que se desató en las últimas horas y en el que participan unos 15.000 mineros, donde muchos de ellos han impedido el ingreso a los socavones que hacen parte del sistema minero de la multinacional en los municipios de Segovia y Remedios.

Un comunicado de Gran Colombia Gold señala que “el paro ha ocasionado violación del derecho al trabajo, así como hechos que han generado actos delictivos, como extorsiones y amenazas a 1.000 empleados de Zandor Capital y a más de 2.500 empleados de las 39 minas formalizadas en los últimos 4 años y que han entrado a formar parte de su sistema”.

La nota indica además, que el cese de toda actividad registraría pérdidas a Zandor Capital (Gran Colombia Gold Corporation) de por lo menos US$ 2 millones diarios, que equivalen a $ 6.000 millones.

La raíz del problema comenzó con el proceso de formalización minera que adelanta el Ministerio de Minas y Energía en la zona y en donde, como ya se mencionó, las minas que entraron en la legalidad comenzaron a hacer parte del sistema minero que administra Zandor Capital en los citados municipios.
 
“Estamos comprometidos con la Iniciativa de Encadenamiento Productivo de la pequeña minería porque esta contribuye en forma transparente a un comercio legal y justo de la producción de oro, que se ha traducido en beneficios sostenibles, alineados con las expectativas gubernamentales", manifestó Lombardo Paredes, presidente de Gran Colombia Gold.

Pero ante la presión del sector minero en la región, desde el mes de febrero de 2016 se realizaron 7 reuniones de la Mesa Minera convocadas con la presencia de la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia, el Ministerio de Minas y Energía, y en las cuales participaron los representantes de Gran Colombia Gold y las minas Cogote, San Nicolás, El Chocho, Apique Rubí, la Luciana y la Milena. 

Adicionalmente se contó con el acompañamiento de Corantioquia y la Alcaldía de Segovia, y la presencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Minería, la Defensoría y la Procuraduría.

Sin embargo la expedición por parte del Ministerio de Minas y Energía del decreto 1421 en días pasados, que establece un plazo de 6 meses para que las minas informales en el país se registren en el Registro Único de Comercializadores de Minerales (Rucom), llevó a que los representantes mineros se levantaran de la mesa de diálogo.

El contenido del citado decreto regula además la comercialización de minerales, con la inscripción de los propietarios de plantas de beneficio industrial en el Rucom.

En estos dos municipios del nordeste antioqueño 600.000 personas se favorecen indirectamente de la minería, ya que mientras Segovia cuenta con 85 beneficiaderos, Remedios posee 45.

La Mesa Minera argumenta que ante el incumplimiento de la empresa Zandor Capital y el Gobierno Nacional en los diálogos de concertación tomaron la decisión de convocar un paro minero indefinido.

A través de varios medios de comunicación, Rubén Darío Gómez Cano, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) señaló que con la expedición del decreto 1421 por parte del Gobierno Nacional se incumplieron los acuerdos de negociación ya que “prácticamente aniquila, erradica y acaba con los pequeños mineros informales del país”.

Agregó que la Mesa Minera nunca fue informada sobre la expedición del citado decreto por lo cual tomaron la decisión.

Ante la situación, el pasado miércoles en las horas de la noche, el Viceministro de Minas, Carlos Andrés Cante, participó en una reunión en la que se tomaron medidas de orden público.

“Con el decreto lo que buscamos es fortalecer el proceso de formalización y que el programa se extienda a sectores que indirectamente participan en la actividad minera de la zona”, precisó el Viceministro.

Agregó que “no se aceptan las vías de hecho, no se busca con la expedición del decreto erradicar a los pequeños mineros, por el contrario se les otorga el beneficio al hacer parte en la producción de una gran compañía que no solo los ampara, sino que también los capacita para que aumenten en cantidad y volumen la extracción”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel Urdinola precisó que “el cumplimiento de las normas para garantizar una actividad legal y bajo el cumplimiento irrestricto de estándares nacionales e internacionales no puede dar espera en el país, más cuando se busca la industrialización”.