Marcelo Bellini*

A partir de la suspensión de las actividades de la mina Veladero, el día 15 del corriente, la empresa Barrick deja de producir aproximadamente 2.200 onzas diarias de oro, lo que representa, tomando el valor promedio de la onza de los últimos días (U$S 1.320/onza), U$S 2.904.000 diarios, que no retribuyen en concepto de regalías a la provincia.

Significa U$S 87.120 diarios que San Juan deja de recaudar por ese concepto. En pesos argentinos, al cambio oficial del día de la fecha (27/9; 15,30 $/U$S –promedio compra/venta), significa $ 1.332.936/día.

Desde la empresa estimaron que demorarían unas dos semanas en cumplimentar los trabajos exigidos por la autoridad minera, lo que representaría (suponiendo que las actividades se reinicien el 1 de octubre) una pérdida total de recaudación para San Juan de aproximadamente U$S 1.306.800.

Esta cifra, sólo considera regalías, no incluye impuestos directos e indirectos, que en total oscilan entre el 48 y el 52 %, o sea, estaríamos hablando de más de 20 millones de dólares que dejarán de ingresar a las arcas provinciales y nacionales (recordemos que hay impuestos que se tributan a nivel nación) en el transcurso de este mes.

También dejan de ingresar a las arcas provinciales los conceptos que se perciben por la llamada “ley del 4 x 1.000”, y se interrumpe la cadena económica y comercial. Recordemos lo que sucedió a partir del “parate” del proyecto Lama-Pascua, cuando se perdieron aproximadamente 14.000 puestos de trabajo (entre directos e indirectos).

También vale preguntarse si a las empresas prestadoras de servicios, la interrupción de las actividades les representa algún inconveniente de tipo operativo o económico.

No obstante este análisis, no todo son dólares, ni impuestos o gravámenes, hay que saber realmente qué pasó, por qué no se completaron en tiempo y forma las obras requeridas en ocasión del derrame de septiembre de 2015, y cuál es la razón por la que la autoridad minera no intensifica los controles en los desarrollos industriales de la gran minería.

Y lo más importante, proteger a los trabajadores, la población y el entorno ambiental de cualquier riesgo. Todo esto, y quizás otros aspectos más, que omito en este análisis, son insignificantes ante la mayor pérdida que representa el incidente del día 8, que es la Pérdida de Confianza de la sociedad sobre una actividad legal y lícita.

El gobernador de la provincia ha manifestado “queremos minería, pero no a cualquier costo”. Eso es algo que ningún sanjuanino, y tampoco los argentinos, convencidos que la actividad debe seguir, podrá negar, pues la diversificación laboral, de negocios y el derrame económico de la minería no deben justificar ningún tipo de incidente o accidente, sea este por descuido, omisión o negligencia.

Debemos reflexionar profundamente sobre lo acontecido, pedirle a las empresas mineras que tengan un comportamiento “verdaderamente responsable”, al estado provincial que actúe con energía en los controles, y que la sociedad tenga acceso a la verdad de los hechos y no se deje llevar por falsas informaciones o análisis apocalípticos foráneos, recurriendo a la ciencia y la tecnología que hoy están al servicio de cualquier emprendimiento industrial.

* Ingeniero de Minas. Presidente del Colegio Argentino de Ingenieros de Minas (CADIM)