En la última sesión del Senado tomó estado parlamentario el proyecto de "Ley de coherencia", sobre la distribución de las regalías mineras para los municipios que apoyen a la actividad. La iniciativa del senador Jorge Solá Jais (FV) se estudiará en las comisiones de Presupuesto y la de Minería. En sus fundamentos, remarcó "la incoherencia que se traduce en el deseo de prohibir la explotación minera sin soltar los beneficios producto de ella".

El proyecto intenta reglamentar "la distribución terciaria de los beneficios y/o utilidades propios de la actividad minera en estricta consideración de lo dispuesto por el Decreto Acuerdo Nº 2256/2004 reglamentario de la Ley Provincial Nº 5128 de Distribución y Administración de los Fondos Recaudados por Regalías".

Tal como adelantó tras la sanción de la ordenanza polémica en Andalgalá, el legislador solicita la inhabilitación para percibir beneficios de la actividad. Expresa que "aquellos municipios que se opongan o prohíban el desarrollo de la actividad minera en cualquiera de sus modalidades y bajo cualquiera de sus formas, tanto a cielo abierto o por galería, en todas sus etapas: cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación y extracción, dentro de su ejido municipal; no percibirán el porcentaje que les asigna mediante la Constitución de la Provincia de Catamarca y por la ley provincial de Distribución y Administración de los Fondos Recaudados por Regalías y su Decreto Reglamentario".

En ese sentido, señaló que existen "numerosos ejemplos de rechazo a la actividad minera en el ámbito académico". "Desde 2008, más de 20 facultades rechazaron el dinero proveniente de Minera Alumbrera. Son cinco las universidades públicas que rechazaron los fondos: la Universidad de Luján, la de General Sarmiento, la de Mar del Plata, la Nacional de Córdoba y la Nacional de Río Cuarto".

También argumenta que "hay una falta de competencia del municipio para sistematizar la actividad minera" y señala que la Carta Orgánica de Andalgalá en su artículo Nº143 promueve la actividad.

El senador destacó que "esta postura de rechazo resulta coherente" y menciona que esta sanción a municipios antimineros "responde a la idea de contemplar y garantizar un trato justo entre los municipios".

Así, solicita en su proyecto que se autorice al Poder Ejecutivo a redistribuir el porcentaje retenido a los "antimineros" entre el resto de los municipios que integren el mismo departamento. En caso de que el departamento cuente con un único municipio, el Ejecutivo podrá retener los fondos "hasta tanto se modifique, revierta o levante la prohibición".