Durante la semana, El Ancasti informó acerca de la denuncia que la Dirección General de Fabricaciones Militares realizó contra el ex interventor del organismo, Santiago Rodríguez, y contra la empresa CAMYEN. Una segunda parte de la denuncia hace referencia a las supuestas irregularidades en circuito de venta de la rodocrosita, los principales clientes y los desmanejos en la política de subsidios.
El directorio de CAMYEN había establecido una política diferenciada para beneficiar a los artesanos andalgalenses que trabajan la piedra. Para ellos, se acordó fijar un subsidio del 20% en el precio oficial de la piedra. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía N° 6, a cargo de Marcelo Sago, y la denuncia presentada en la Justicia federal coinciden en que existirían bonificaciones mayores para algunos compradores.
La denuncia de Fabricaciones Militares ratifica cierto nivel de informalidad en la administración de CAMYEN, ya que asegura que no es posible determinar la política de precios, bonificaciones, costos financieros y demás factores relevantes en las ventas de CAMYEN. "Por ejemplo, se registran ventas de idéntico producto en el mismo día, al mismo cliente y por distintos precios , lo que evidencia una arbitrariedad en su fijación”, indica.
Más adelante expresa la preocupación por la información que surge al analizar el listado de compradores de rodocrosita, confeccionado en base a las facturas aportadas por CAMYEN. "Cerca del 70% de las ventas se concentran en los mismos clientes, algunos de los cuales declaran actividades comerciales sin vínculo alguno con el producto y poseen una activa y conocida participación política que los relaciona con funcionarios provinciales del ramo”.
También se registraron bonificaciones "sumamente sospechosas", que tampoco fueron autorizadas por la DGFM ni se contemplan en el contrato. "A partir de julio de este año, se observan ventas bonificadas en porcentajes cercanos al 90% a joyeros que poseen sus comercios en Capital Federal”.
La presentación marca que entre los clientes de CAMYEN se encuentran proveedores de CAMYEN, "así como empresarios de rubros que nada tienen que ver con el comercio de la rodocrosita, pero que poseen una activa y conocida participación política, en el espacio que conducen funcionarios provinciales con competencias directas en el sector".
Algunos de los casos emblemáticos es el de una familia de Andalgalá que entre febrero de 2015 y abril de este año facturó $ 4.900.000 por rodocrosita y no posee actividades afines con el trabajo de la piedra sino la administración de establecimientos hoteleros y gastronómicos. Al parecer, un integrante de esa familia estaría inscripto en el padrón de artesanos para acceder a la rodocrosita a precio promocional.
Otro caso que llama la atención es una sociedad que tendría una joyería y que adquirió rodocrosita por $ 3.282.050 y posee un comercio de venta al por menor de bijouterie en Ciudad de Buenos Aires. La familia que está en la mira tendría vínculos políticos claves.
"Se trata de un auténtico clan que adquiere enormes cantidades de rodocrosita en Catamarca a la empresa provincial y luego la vende en la Ciudad de Buenos Aires, cuando muchos artesanos locales y otros clientes se quejan por la falta de acceso a la piedra”, indica la denuncia.
Se investiga también una gran cantidad de vendedores de rodocrosita en la ciudad de Buenos Aires que no figuran en la lista de clientes de CAMYEN. En esta línea, la sospecha radica en la comercialización ilegal de grandes cantidades de piedra en la ciudad autónoma de Buenos Aires.
"Son decenas de comercios que ofrecen la piedra, entre los que se encuentran algunos que afirman disponer de cantidades ilimitadas y de todas las calidades, todas ellas con origen en Capillitas. Exhiben fotografías que parecen confirmarlo en sus sitios electrónicos y redes sociales”, confirma la denuncia.
"Estos últimos (por los clientes) no fueron hallados en la facturación informada por CAMYEN a la DGFM por lo que su origen se desconoce, abonando las versiones acerca de un mercado negro de la rodocrosita”.
"Si bien no existe certeza al respecto, esta piedra ofrecida a la venta podría tener origen en las extracciones no declaradas por la firma provincial CAMYEN que públicamente se denuncian. Otra posibilidad es que la adquieran a un vendedor catamarqueño, ya que el comercio de su familia compra grandes cantidades que no parecen tener más justificativo que la reventa".
Por último, la denuncia finaliza con la sospecha de que habría extracción clandestina de oro en Minas Capillitas.
Vaciamiento, contrabando, denuncias lapidarias y un maremágnum de corrupción emerge desde el interior de las montañas y gana la superficie como un volcán que erupciona en un torrente de lava informativa, que promete derretir -hasta dejar hecha cenizas- toda la estructura ideada para exterminar Minas Capillitas. El macabro plan fracasa gracias a los iluminados mensajes de Mercedes Ninci, quien desde su cuenta de Twitter desnuda en Buenos Aires las inmundicias catamarqueñas con su computadora justiciera.
Ignorantes, huérfanos y a oscuras navegaban sin rumbo los catamarqueños, hasta que desde la radio del Grupo Clarín los rescató la sagaz periodista, revelando los escalofriantes detalles de la denuncia de Héctor Lostri, quien desnudó en un puñado de frases el horroroso plan provincial para deshojar la Rosa del Inca.
Así deben hacerse estas tareas: con mucha espectacularidad, fuerte impacto y una sobredosis de indignación garantizada para que la comunidad sepa digerir correctamente la noticia. Un show con prescripciones claras: no detenerse a pensar, porque los efectos pueden ser contraproducentes.
A saber: Héctor Lostri puso el grito en el cielo porque entiende que se elaboró un contrato leonino entre la dirección general de Fabricaciones Militares, bajo cuya órbita quedó hace casi 70 años el yacimiento de Minas Capillitas (Andalgalá) y la provincia de Catamarca. El contrato es leonino porque al parecer -según la mirada de Lostri- favorece desproporcionadamente a una de las partes. En otras palabras, beneficia demasiado a Catamarca, lo cual no puede despertar más que indignación, naturalmente, sobre todo en los catamarqueños. Aún cuando según la versión periodística parte de una mentira al afirmar que la provincia paga un canon de 65.000 pesos anuales, lo cual fue desmentido con documentación en mano que demuestra que se paga más de diez veces esa cifra.
Por ello, este único argumento no alcanza para vestir la queja y llevarla a pasear por los medios, de modo que los condimentos se añaden rápidamente: Catamarca tomó el control del yacimiento para vaciarlo, con un esquema de contrabando que enriquece a un par de funcionarios y deja a todos los demás como simples víctimas. Fabricaciones Militares, que ingenuamente entregó el yacimiento, el pueblo de Catamarca que pierde sus riquezas y el universo todo que desconoce la maniobra.
Ahora sí, la denuncia tiene atractivo suficiente y sin más se la echa a rodar. Esa única presentación servirá para dar por cierta cada afirmación de Lostri, cuya denuncia es automáticamente reconocida como un manto de verdad que vuelve visible la estrategia más repugnante del gobierno de Catamarca.
Lostri es un arquitecto que asumió como viceministro de Defensa de la nación. Acompaña a Macri desde que el actual presidente era jefe de Gobierno porteño y ya cuando asumió aquel cargo fue duramente cuestionado. Procesado judicialmente, eludió un juicio penal mediante una probation, en un resonante caso de negociaciones incompatibles con la función pública. El PRO porteño admitió aquel desliz, pero igual lo confirmó en el equipo de Macri, con quien después de varios años dio el salto de la Caba a nación.
Ya en su actual cargo, mandó telegramas de despido a 140 trabajadores de Fabricaciones Militares por falta de presupuesto y luego contrató al nieto de Mirtha Legrand como asesor de imagen a cambio de 1,5 millones de pesos.
Anécdotas al margen, ¿qué elementos concretos, reales y objetivos podrían empujar a Lostri a exponer la teoría del vaciamiento? ¿Cuánto empeoró para Catamarca la situación de Minas Capillitas en los últimos años?
Minas Capillitas estaba en manos de la Sociedad Minera Catamarqueña de Economía Mixta (Somica Dem), una empresa que la Corte de Justicia ordenó disolver en 2002, durante el gobierno de Oscar Castillo y que resucitó dos años después, ya en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral. Al mando de Somica quedó Raúl Doering, quien había sido secretario de Minería de Castillo.
¿Qué hizo Somica con Minas Capillitas? La cedió a una empresa inglesa, la Minera Dolphin, con la cual en 2008 se firmó un contrato que habilitaba a los extranjeros para la extracción, industrialización y comercialización de la rodocrosita en forma exclusiva.
A cambio, Dolphin tenía que pagar 200.000 dólares iniciales y 50.000 dólares por mes. Para entregar Minas Capillitas, el justificativo fue que el yacimiento estaba abandonado y que la provincia no tenía recursos para reactivarlo.
Poco después, Dolphin y Somica cambiaron las reglas de juego: los ingleses dijeron que estaban en crisis, por lo cual aquel pago pautado para cada mes se transformó de 50.000 dólares a 75.000 pesos más IVA: menos de la mitad. La misma crisis argumentada por Dolphin dejó sin efecto otras exigencias previas, vinculadas con la generación de mano de obra, apertura de emprendimientos, industrialización de la piedra, etc.
Los ingleses se limitaron a llevarse toneladas y toneladas de piedra. Y Somica nunca brindó informes, porque se alegaba que se trataba de un acuerdo entre privados.
Las irregularidades se sucedían una tras otra y Dolphin acumuló millones en multas, que al cabo dejaría como recuerdo para que las pagara la provincia.
Con trabajadores librados a su suerte, sin salarios de convenio, sin indumentaria ni equipos adecuados y viviendo en condiciones inhumanamente precarias, la suerte de Minas Capillitas parecía echada: se aseguraba que cada vez quedaba menos rodocrosita por extraer y el procedimiento era más dificultoso y caro.
A fines de 2011, al asumir Lucía Corpacci como gobernadora, la historia empezó a cambiar.
Se conformó la empresa Catamarca Minera y Energética (Camyen), que marcó un hito al ubicar a la provincia por primera vez como socia de los emprendimientos mineros, en lugar de ceder el negocio a terceros. Y como socia, pudo comenzar a exigir: por mano de obra local, por proveedores locales, por controles ambientales con participación de la comunidad.
Camyen, que se constituyó con apoyo legislativo de oficialismo y oposición, permitió -en un hecho histórico- que Catamarca recuperara Minas Capillitas. Y todo fue diferente desde entonces.
El yacimiento, que no dejaba ninguna ganancia a Catamarca, volvió a producir. Se aumentaron los salarios y se regularizaron los pagos a los trabajadores, a quienes se les brindaron equipos e indumentaria. Se comenzaron a cumplir las normas de higiene y seguridad, se recuperó el complejo, se adquirieron vehículos, se instaló el gas natural y ya nunca más los trabajadores debieron salir a buscar leña para procurarse agua caliente.
Al mismo tiempo, con un sentido social que trascendió el aspecto meramente comercial, se iniciaron tareas sociales para los vecinos de Minas Capillitas; desde la instalación de calefones solares para los pobladores hasta la provisión de gas también para la escuela de la zona. Se aseguró la venta de la piedra a menor costo para los artesanos y hasta se instaló un destacamento policial para optimizar los controles.
Simultáneamente, por primera vez, la provincia encaró trabajos de exploración y se localizaron reservas que aseguran, en el menos optimista de los cálculos, dos décadas más de producción y trabajo en Minas Capillitas.
Un proyecto que se consideraba en su agonía y no redituaba nada, en manos catamarqueñas volvía a ponerse de pie. Con esos excelentes resultados y el compromiso de mantener la fuente laboral de todos los trabajadores, el gobierno nacional renovó en 2015 la concesión de Minas Capillitas a Catamarca por 10 años más.
Todo ello significó una magnitud histórica de inversiones inéditas en el yacimiento, que fue históricamente "carneado”, sin que hubiera ningún tipo de inversión en los anteriores 50 años previos a la gestión de Camyen.
En ese marco, real y comprobable, la denuncia de vaciamiento es sencillamente insostenible; una teoría tan frágil e incoherente como sugerir que detrás de la rebaja de precios se encadenan los eslabones del contrabando.
Camyen implementó una rebaja del 50 por ciento en el precio de la rodocrosita cuando el comprador es un artesano. Se trata de una medida que apunta a promover la misma piedra, que de la mano de los artistas y talladores puede potenciar su belleza y llegar a las grandes joyerías, generando una fuente de trabajo.
Históricamente, los artesanos se quejaron de que las piedras no llegaban a sus manos y cuando las conseguían, eran de dudosa calidad. Eso ocurría porque ellos compran en cantidades mínimas, que no impactan en las ventas del yacimiento.
De ser ignorados, pasaron a ser valorados: se les vende piedra de primera calidad para que puedan trabajar, pero son ventas reguladas y controladas, con un límite de 30 kilos: si un artesano adquiere 50 kilos, por ejemplo, paga 30 con el descuento y el resto a precio normal.
El volumen es siempre ínfimo en comparación con la producción del yacimiento. Mucho más sugestivo resulta que nadie haya cuestionado la salida de toneladas durante años, en los cuales se pasaba por alto la normativa para dar sabe Dios qué destino a la rodocrosita extraída.
Aquellos movimientos entre gallos y medianoche, nunca informados por la empresa, se plasmaron en registros de multas, donde se reclamaba, una y otra vez, el respeto a las hojas de ruta.
Pueden citarse como pruebas concretas una pila de expedientes que señalan las irregularidades: expediente D-32076-2008 S/ Mal uso de hojas de ruta: se formó porque la empresa utilizó las hojas de ruta "sin costo” para transportar mineral desde el yacimiento hacia la ciudad de Andalgalá estando vencidas; expediente S-19349-2010 S/ Mal uso de hojas de ruta: porque la empresa utilizó las hojas de ruta "sin costo” para transportar mineral desde Andalgalá hacia la provincia de Buenos Aires; expediente D-33065-2010 S/ Supuesto delito de transporte de mineral: este expediente se forma luego de que se detiene un cargamento de 6.044,900 kg de mineral sin la hoja de ruta correspondiente; expediente S-5392-2011 S/ Transporte de mineral sin hoja de ruta correspondiente: este expediente se forma luego de que se detienen dos cargamentos de mineral de Rodocrosita sin la hoja de ruta correspondiente por 8.074.900 kg y 9.571.200 kg respectivamente; expediente D-19714-2009 S/ Informe de inspección al establecimiento minero "Capillitas”: este expediente se forma para adjuntar todas las inspecciones de la Policía Minera que se le realicen al yacimiento en concepto de higiene, seguridad, método de explotación y cumplimiento a la legislación vigente, con incumplimientos varios; expediente D-12118-2011 S/ Inspección a minas, etc., etc., etc.
Los años que transcurrieron con Minas Capillitas sin dejar beneficio alguno, con empleados olvidados y el manejo del negocio en manos extranjeras, contaron con el desinterés y la complicidad de los organismos oficiales y la mayoría de la prensa, que ahora que Catamarca encauzó la producción dibuja denuncias para impulsar un escándalo nacional.
El circo mediático está con función a pleno, pero la sola puesta en escena es una subestimación a todos los catamarqueños.
