Se sabía que, tras el derrame en Veladero del 8 de septiembre, los cambios en las segundas líneas del Ministerio de Minería no iban a ser los únicos. Roberto Luna dejó de ser el jefe de la Policía Minera y su lugar será ocupado desde ahora por Enzo Robles, mientras que en los próximos días se anunciarán dos reemplazos más. El nuevo titular de la fuerza que se encarga de los controles en alta cordillera integrará el grupo de funcionarios, técnicos y autoridades judiciales que mañana subirán a la mina iglesiana para hacer una inspección ocular en el marco de la causa penal que busca determinar las causas del incidente y los eventuales responsables.

“No es que el anterior jefe hubiera hecho las cosas mal, pero yo necesito alguien de mi confianza”, explicó ayer el flamante secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Eduardo Machuca, sobre la designación de Robles. El nuevo jefe de la Policía Minera es ingeniero en Minas, siempre trabajó en el sector privado, es especialista en procesos mineros y sucederá a un histórico como Luna, que llevaba años en el cargo como parte de la estructura que conformó la gestión giojista desde que en la provincia empezó a rodar la minería metalífera a gran escala.

El ingreso de Robles es el tercero que se da desde el incidente en Veladero. Los anteriores fueron el viernes: Machuca entró por Marcelo Ghiglione y Marcelo Maidana lo hizo en lugar de Juan Bustamante al frente de la Secretaría Técnica. Todos forman parte de la decisión del gobernador Sergio Uñac de hacer borrón y cuenta nueva, refrescar el área y tratar de que los controles mineros del Estado recuperen confiabilidad ante los ojos de la gente que se llenó de dudas no sólo por el derrame de septiembre último sino también por el que sucedió en el mismo mes de 2015, cuando José Luis Gioja todavía estaba al frente del Ejecutivo.

Uñac y el ministro de Minería, Alberto Hensel, hablaron con Machuca y Maidana tras ponerlos en funciones y les dijeron que tenían la libertad de sugerir los cambios que crean necesarios en las áreas que dependen de ellos. El primero fue en la Jefatura de la Policía Minera, que es el corazón de los monitores estatales en alta cordillera, y se vienen dos designaciones más. Una en la Dirección de Geología y Minería que ocupaba Maidana y la otra en la Dirección de Catastro Minero, cuyo extitular, Manuel Rodríguez, fue notificado el viernes de su salida del puesto.

Los cambios de nombre propio se dieron apenas unos días antes de la visita a Veladero por disposición de la Justicia. Mañana habrá una inspección ocular con el objeto de ver la cañería que se rompió y causó el derrame de solución cianurada, por dónde fue que salió del valle de lixiviación material rocoso y secuestrar elementos y documentación. 

Entre otros, la comitiva estará integrada por el juez del caso, el jachallero Pablo Oritja, los representantes del Ministerio Público, el ministro Hensel, Machuca e integrantes de la Policía Minera. Además, irán periodistas de distintos medios de comunicación de la provincia. La inspección le permitirá al magistrado y los fiscales tener más elementos para resolver la instrucción de la causa, lo que implica decir su hubo o no contaminación y a quién o quiénes les cabría la responsabilidad. 

Barrick tuvo que paralizar sus trabajos en Veladero el miércoles 14 por orden de Uñac y el juez dictó la misma medida esta semana, con la consigna de detener cualquier peligro para la salud y el medio ambiente. Al haberse judicializado la cuestión, Oritja será el que disponga ahora cuándo vuelve operar la mina y todo dependerá de que la compañía canadiense cumpla con las obras de seguridad que le exige Minería. Desde la empresa dijeron ayer que están avanzados con los trabajos, pero que no tendrá todo listo para mañana. 

Breves

Bermas: Por disposición del juez Pablo Oritja, la empresa Barrick debe levantar las bermas en siete puntos del valle de lixiviación que son considerados críticos. La medida venía siendo exigida por la autoridad minera desde el derrame anterior y la empresa no lo había cumplido.

Contención: Construir un talud en el valle de lixiviación, con el objetivo de generar una suficiente canalización de líquidos en caso de roturas de cañerías. Al mismo tiempo, la empresa debe reparar las membranas que estén dañadas a lo largo de todo el valle, para evitar fugas de solución cianurada.

Cañerías: Revisar y reparar las conexiones de los caños que transportan la solución cianurada que se utiliza para separar los minerales de la roca en el valle de lixiviación. El último incidente se produjo por una rotura de un caño que fue golpeado por una formación de hielo que cayó por la ladera.

Descargas: Limpiar los canales que se usan para la descarga de agua de deshielo o químicos que pudieran filtrarse del valle de lixiviación por alguna falla como la que sucedió en septiembre del año pasado. Además, mejorar el estado del camino perimetral del valle que permite revisar su estado.

El juez Oritja vuelve a subir a Veladero para concretar un allanamiento en la mina

San Juan

La intención luego de la suspensión es determinar si la obra comprende un riesgo. Sube con policía minera, personal judicial y miembros de la prensa, el juez Pablo Oritja –que investiga el incidente ocurrido en Veladero el pasado 8 de septiembre- sube a primera hora de este lunes a la mina para realizar un allanamiento solicitado por el fiscal Sohar Aballay.

En este procedimiento estarán presente personal de la Policía Minera, autoridades gubernamentales, miembros de la Justicia y periodistas. Luego de la suspensión de la mina, ahora quieren determinar si efectivamente la obra comprende un riesgo social.

“Es una sobreactuación o un mal asesoramiento”. Con esa frase definió el fiscal general de la Corte, Eduardo Quattropani, la decisión del ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, de presentar una denuncia en el fuero Federal por el incidente en la mina iglesiana del 8 de septiembre. Y se tomó del fallo de la Corte Suprema de Justicia que oportunamente resolvió que se trata de un tema que está bajo la órbita de los tribunales provinciales.

El funcionario, que designó dos fiscales extra para que ayuden en el trámite de la causa penal que se tramita en Jáchal por el derrame, aseguró por otro lado que el reinicio de las actividades en el yacimiento depende de que Barrick haga lo que corresponda y sostuvo que las actividades en alta cordillera no se hubieran suspendido si la compañía hubiera hecho bien su trabajo.

Según Quattropani, “el futuro de Veladero está en manos de la empresa”. “El destino en modo alguno está en manos de la Justicia, como antes no lo estuvo en las del Gobernador, en verdad el destino de la mina está en manos de la propia empresa, pues en cuanto haga lo que tiene que hacer, la actividad no debe por qué estar paralizada”, disparó en forma contundente contra la minera por el incidente. 

La operación en la mina iglesiana fue suspendida por Sergio Uñac en la noche del miércoles 14 pasado, cuando se hizo público que por el desprendimiento de un bloque de hielo en el valle de lixiviación, que había impactado en una cañería, se había producido el desacople en una conexión y el derrame de solución cianurada que no excedió los límites del lugar. Después, fue el juez Pablo Oritja, de la Segunda Circunscripción, el que mediante una resolución judicial tomó cartas en el caso, pero sujeto a que la empresa cumpla con las obras de seguridad que le exigen.

Quattropani sigue de cerca el incidente, al punto que afectó dos fiscales, Daniel Guillén y Fabricio Medici, para que colaboren con su colega Sohar Aballay. Acerca del planteo de Bergman, que amenaza con abrir otro conflicto de competencia, contestó que “denuncias con falta de rigor fáctico o con oportunismo político ayudan a la confusión o a que no se solucionen los problemas”. 

Consultado sobre los huevazos a Uñac por parte de asambleístas jachalleros, y las pintadas en la casa de Oritja, Quattropani consideró que “la agresión a los funcionarios son actos de cobardía de pseudo-idealistas que se refugian poniendo de escudos a mujeres y niños”.

Además, habló del malestar que le causan dos frases. La primera, cuando Barrick dice que está a disposición de la Justicia. “Eso no hace falta pues la Justicia tiene los medios y el poder suficiente para obligarla a someterse a su jurisdicción”, dijo. Y agregó que la segunda es con referencia a las expresiones de los ambientalistas jachalleros que “quieren sí o sí el cierre de la mina porque no confían en los gobernantes ni en la Justicia”. “Eso es más o menos como pretender la instalación de una tiranía de unos cuantos o, para peor, sería como admitir que un reducido grupo se atribuye el mandato popular”, dijo.

ES difícil volver a creer. Hace un año la empresa canadiense Barrick Gold derramó agua cianurada al río Potrerillos a raíz de la rotura de una cañería en la mina Veladero. En aquel momento, la noticia se difundió por las redes sociales antes que por cualquier anuncio de la empresa o de las autoridades de la provincia de San Juan. Barrick minimizó los hechos en un comienzo. Luego aseguró que se fugaron 224 mil litros y más tarde debió reconocer que la pérdida superaba el millón. Un informe estableció que se habían contaminado varios ríos por el derrame. Mientras tanto, la empresa seguía operando. El entonces gobernador, José Luis Gioja, guardó un silencio cómplice. Aún se recuerda con vergüenza que el presidente de la Cámara Minera de la provincia haya afirmado: "Como el cianuro está muy diluido en agua, podés tomar hasta medio vaso que no te hace nada". La máxima autoridad nacional de aquel momento, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación tardó 15 días en enviar una comisión de técnicos al lugar.

La semana pasada la misma empresa canadiense hizo saber, con seis días de demora, que había ocurrido un nuevo derrame debido al desacople de una cañería con solución cianurada. Manifestó que no estuvo en riesgo la salud de los trabajadores ni se contaminó el ambiente. Sin embargo, hay contradicciones que demuestran incumplimientos en el protocolo de seguridad frente a un accidente. Mediante una solicitada publicada anteayer, la empresa manifestó que "luego de detectado el incidente y aplicando preventiva y proactivamente la normativa vigente y procedimientos aplicables, dio aviso a los funcionarios de las áreas correspondientes". Las autoridades provinciales lo niegan. Detalle significativo: el personal de la Policía Minera se encontraba en Veladero en el momento del accidente.

San Juan tiene una larga historia de oscurantismo en materia minera, por lo que el hecho no sorprende: siempre se ha privilegiado la actividad a la protección de los intereses de la población y del ambiente. Entre lo coyuntural y el porvenir, las autoridades se han atado a las necesidades del momento. La empresa Barrick, por su parte, ha sabido aprovechar estas debilidades institucionales y se ha ido "adaptando" al sistema sanjuanino. Basta recordar algo mencionado en esta columna cuando la presidenta Cristina Kirchner vetó la ley de protección de glaciares en 2008, tras su aprobación por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso Nacional. El veto, firmado por el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, ponía al descubierto la preocupación de los "gobernadores de la zona cordillerana" y cuestionaba la ley porque prohibía totalmente las actividades en la zona de glaciares, lo que "afectaría inversiones y puestos de trabajo".

La suspicacia hizo que se hablara del "veto Barrick", empresa que ya explotaba el yacimiento de oro en Veladero y promovía el Proyecto Binacional Pascua Lama. Días antes, el propio Néstor Kirchner se había reunido en Nueva York, junto al ministro de Planificación Julio de Vido, con los directivos de Barrick Gold. Casi al mismo tiempo el titular de la empresa había visitado a la presidenta Cristina Kirchner "para tratar aspectos impositivos del proyecto de Pascua Lama".

El nuevo derrame tiene componentes similares: contradicciones, ocultamientos, falta de transparencia y desinterés por informar a la población acerca de lo ocurrido. A diferencia del caso anterior, cabe resaltar que el nuevo director ejecutivo de Barrick Argentina, Juan Bautista Ordóñez, pidió disculpas a San Juan y admitió que el incidente fue "grave pero menor que el anterior", y el gobernador de la provincia, Sergio Uñac, solicitó suspender la operación de la mina.

Hay que ser claros: la Argentina y San Juan necesitan la minería, pero no se puede aceptar una actividad acomodada al mutuo interés de las autoridades de la provincia y de la empresa Barrick. Se trata de una modalidad absolutamente ajena a lo que implica la buena relación con la comunidad. Y el ejercicio de la minería de modo irregular, sin una verdadera licencia social, lleva a conflictos que poco tienen de constructivos y pueden desembocar en la prohibición completa de la actividad, como ya ha ocurrido en Chubut.

En este último derrame, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable sólo tomó conocimiento de los hechos por un comunicado del 14 de septiembre a última hora de la noche, seis días después de producidos los hechos. Al día siguiente, viajó a San Juan una comisión conjunta de esa cartera y del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, a fin de realizar un relevamiento de campo donde se pudieron comprobar varias contradicciones entre la empresa y las autoridades locales. Eso dio lugar a que el propio Ministerio de Ambiente denunciara ante la justicia federal de San Juan a la cuestionada empresa minera.

Los hechos nos convocan a una reflexión profunda sobre las actividades mineras en San Juan y a una decisión inaplazable: ¿cual es la sanción para una empresa que contamina reiteradamente, que oculta información sobre sus operaciones y procesos, que no facilita los controles y que manifiesta así desprecio por las instituciones y las comunidades vecinas?

La minería es una actividad lícita pero debe estar sometida a límites y controles externos a los intereses de la propia actividad. Hablar de policía minera o de evaluación de impacto ambiental de acuerdo al Código Minero es hablar de controles a la medida del propio interés. La actividad minera no puede estar por encima de otros derechos que también están consagrados en la Constitución como el derecho a la vida y al ambiente sano. Si queremos transformarnos en un país sustentable, con porvenir y una ética que respeta los valores ambientales, que no expone ni a los argentinos ni a sus recursos; si queremos recibir inversiones legítimas, hay que actuar con responsabilidad y aprender la lección: minería de esta manera, nunca más.