Para Petroperú, el cumplir con las exigencias que le impuso Osinergmin, para que pueda implementar en el Oleoducto Norperuano las condiciones técnicas que le permitan restablecer las operaciones de transporte de petróleo en condiciones óptimas de seguridad, demandará una inversión de US$ 100 millones, reconoció el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo.
Ante la Comisión de Energía y Minas del Congreso, dicha autoridad señaló que, con el fin de cumplir tales exigencias, es que se está solicitando -como parte del pedido de facultades delegadas- que se permita al sector legislar a fin de profundizar la modernización de Petroperú.
Vale recordar que a inicios de año, luego de sucesivos derrames originados por roturas en el citado oleoducto,Osinergmin sancionó a Petroperú con un multa de 3,200 UIT (S/ 12 millones) por no implementar un sistema de integridad que permita tener un control preventivo sobre la operación del ducto.
Por su parte, el presidente de Petroperú, Augusto Baertl, advirtió que un problema que frena la transformación que se quiere aplicar a Petroperú – tras fallar el proceso de reorganización de la empresa que dispuso el anterior Gobierno – es el incremento del costo de su planilla en 89% en los últimos años (de gestión).
Explicó que, en la administración anterior, los recursos humanos de la empresa pasaron de 1,728 a 2,480 personas, un incremento del 43%, situación que ahora impide incorporar personal con la suficiente capacitación y experiencia como la que se requiere para abocarse a la reconstrucción del oleoducto.
En la misma línea, el ministro Tamayo remarcó que, precisamente con el otorgamiento de las facultades se quiere plantear propuestas que le permitan flexibilizar las contrataciones e incorporar al personal con la experiencia necesaria para dar soluciones de primer nivel en la restauración del oleoducto.
De otro lado, Baertl señaló que hasta ahora no se cuenta con una empresa de primer nivel que pueda supervisar el proyecto de modernización de la refinería de Talara, “donde se hace una millonaria inversión”, y para el cual, añadió, todavía no se ha logrado cerrar el paquete financiero.
Al respecto, el ministro indicó que en Nueva York el Gobierno peruano se contactó con su par español para que apruebe la garantía de crédito para financiar el proyecto, pero que aquel prefiere lo haga la próxima administración de ese país.
El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, afirmó ante el Congreso que, hasta el momento, solo 92 mineros antes considerados informales se han formalizado, de un total de 41,000 individuos que están en etapa de saneamiento.
En tal sentido, observó que los plazos que se han dado en las normas establecidas para la formalización minera, y que vencen este 31 de diciembre, no son cumplibles, por lo que en las facultades delegadas se va a plantear la extensión de esos plazos.
Asimismo, adelantó que en esas facultades se propondrá mecanismos que sirvan de incentivo para la formalización, así como que esta sea un proceso más sencillo.
También indicó que se evaluará la creación de cooperativas, así como esquemas de trazabilidad del mineral extraído.
El principal objetivo del Ministerio de Energía y Minas (MEM) es que el Oleoducto Norperuano (ONP) opere en forma segura en la Amazonía y que Petroperú sea su brazo derecho en su relación con las comunidades del sector, señaló el titular de la cartera, Gonzalo Tamayo.
Al respecto, la compañía de Seguros Rímac, en un comunicado, confirmó ser la aseguradora de Petroperú e hizo hincapié que los siniestros ocurridos en el ONP están en proceso de investigación, a cargo de los ajustadores designados conjuntamente con Petroperú, según el contrato de seguro.
Precisa además que “las investigaciones siguen en curso y ninguno de los siniestros cuentan aún con informe final por parte de los ajustadores, debido a que se encuentra pendiente la entrega de información por parte de Petroperú”.
Termina su comunicado, señalando que a la fecha, Rímac no puede emitir ningún pronunciamiento en tanto no reciba el informe final de los ajustadores.
Correo, en su edición impresa del martes, recogió la versión de fuentes del sector de Hidrocarburos, que señalan que la aseguradora dio marcha atrás para el desembolso de la cobertura (por la póliza de seguro contratado por Petroperú) por las declaraciones del gerente de Oleoducto, en el sentido de que la infraestructura petrolera no tuvo mantenimiento durante 15 años.
A pesar de que el ministro de Energía y Minas y los más altos funcionarios del Ejecutivo aclararon que la solicitud de facultades delegadas para reorganizar Petroperú no será utilizada con fines privatistas, un legislador de la bancada de gobierno sí se enrumba hacia ese camino.
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Y es que a través del proyecto de ley 179/2016-CR, "Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el afianzamiento y modernización del Oleoducto Nor Peruano (ONP)", presentado por el congresista de Peruanos Por el Kambio (PPK) por Loreto, Jorge Meléndez Celis, se busca tercerizar (al sector privado) este activo estratégico.
El proyecto de ley señala que debe encargársele a Petroperú la elaboración y ejecución del proyecto de afianzamiento y modernización del ONP, "quedando autorizada para celebrar alianzas estratégicas, contratos de participación y otras modalidades de inversión reguladas por la normatividad vigente, salvaguardando su sostenibilidad económica y financiera".
El proyecto de ley se encuentra ya en la comisión de Energía y Minas que presideAcción Popular.
Si bien existe consenso en que el Oleoducto debe pasar por un proceso integral de mantenimiento en el tiempo más breve posible, también diversas voces del sector han advertido que el caso de los derrames no puede ser utilizado como pretexto para privatizar a la petrolera estatal o parte de sus activos.
De esa opinión es Fernando Meléndez Celis, gobernador regional de Loreto yhermano del congresista de Peruanos Por el Kambio, quien refiere es Petroperú quien deba administrar el Oleoducto pero teniendo en claro dos puntos centrales.
Señala que el primero de ello es que se garantice (a través del Ejecutivo) todos los estándares ambientales en la ruta integral del ONP; y dos, que se desarrolle una responsabilidad social con los pueblos indígenas, lo cual también debe pasar por una labor de vigilancia comunal.
"Estoy en contra de una tercerización del Oleoducto Nor Peruano", señaló Meléndez enfáticamente a La República.
El presidente del Gore Loreto aseveró que su posición se encuentra en la misma línea que la de los pueblos amazónicos, que exigen un oleoducto reparado, modernizado y que garantice la no afectación de la economía local por las sucesivas paralizaciones.
"Todo ello es responsabilidad de la empresa Petroperú pero el Oleoducto Nor Peruano debe estar en manos de la estatal cumpliendo todos los estándares ambientales y de responsabilidad social, así como un buen gobierno corporativo", afirmó el gobernador regional.
El gobierno regional de Loreto advirtió una caída en los ingresos por la menor producción petrolera debido al impedimento de transportar el hidrocarburo por el Oleoducto.
Si en el 2015 se preveía que la recaudación del canon ascendería a S/ 276 millones, el monto fue 70% menor.
En tanto que para este año la situación es más dramática pues del presupuesto que estaba aprobado para este año de S/ 89 millones, en los primeros 8 meses del año solo se ha recaudado S/ 11 millones.
