Mientras la Corte Suprema nacional se apresta a quitarle a la justicia chubutense la jurisdicción para el trámite del concurso de acreedores de la empresa Oil Combustibles, Clarín tuvo acceso a un informe realizado a pedido de un juez federal porteño que confirma las denuncias y temores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en torno al Grupo Indalo del llamado "zar del juego", Cristóbal López.

El informe dice que la multimillonaria deuda de Oil Combustibles con el fisco -que alcanzaba casi 8 mil millones de pesos, según la AFIP, aunque ahora no se pudo calcular- "se trata de una deliberada decisión empresaria, común a todas las firmas del grupo, enderezada a justificar un estado de cesación de pagos revelador de una supuesta insuficiencia del patrimonio empresario para hacer frente a sus obligaciones presentes y futuras en forma normal y regular".

"Desde el punto de vista fáctico se observa un meditado despliegue de medios económicos y financieros para conformar en su faz exterior una empresa cuya actividad superficial era la explotación, industrialización, transporte, distribución y venta de hidrocarburos, pero que en el fondo quedaba desnaturalizada por su real actividad que consistía en la apropiación indebida de recursos fiscales, valiéndose de condiciones especiales de ingreso (planes de facilidades de pago especialmente otorgados), y así derivarlos a otras operaciones y finalidades", dice el informe presentado por el contador Marcelo Manograsso, designado como veedor e interventor judicial en Oil Combustibles por la Justicia en lo Contencioso Administativo federal.

Lo mismo había dicho la AFIP cuando acudió a la Justicia: que las firmas del Grupo se habían prestado mutuamente dinero y bienes con el objetivo de provocar un estado de insolvencia de Oil Combustibles y no pagar lo adeudado. A través de ese mecaniso, el grupo también compró medios de comunicación durante el gobierno kirchnerista.

A pedido de la AFIP, el juez federal Esteban Furnari dictó en abril pasado una medida cautelar pedida por la AFIP para evitar la escisión del Grupo Indalo porque ello haría incobrable la deuda que Oil mantiene con el Fisco por el no pago del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC). La firma había sido beneficiada con planes especiales de pago por el ex administrador federal de Ingresos Públicos Ricardo Echegaray, pero las nuevas autoridades del organismo acudieron a la Justicia con denuncias penales y planteos administrativos.

"La profusa existencia de operaciones entre firmas controladas y/o vinculadas con transacciones cuyos resultados son contingentes e imprevisibles a futuro, conllevan a que la suerte de una empresa tenga un efecto de arrastre hacia todas las demás, contagiando y extendiendo el marco de incertidumbre respecto de la consideración de cada una de ellas como empresa en marcha", se añade en el informe al que tuvo acceso Clarín.

Todas las empresas involucradas apelaron la decisión de Furnari y le pidieron a la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo que revoque la medida. El caso está a estudio de la sala V de ese cámara, integrada por los jueces Guillermo Treacy, Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani.

Mientras tanto, la Corte Suprema nacional podría resolver mañana el conflicto de competencia suscitado entre un juez nacional en lo Comercial porteño, Héctor Hugo Vitale, y su colega provincial de Comodoro Rivadavia Gustavo Toquier en torno al concurso de acreedores de OIL, planteado por la firma luego de la ofensiva de la AFIP. Fuentes judiciales dijeron creer que la firma de López se presentó en la Justicia chubutense para tener un mejor trato judicial y, al parecer, la Corte nacional dirá que el concurso debe tramitar en la Capital Federal porque aquí tenía radicado su domicilio ante las autoridades.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso ayer que el concurso de acreedores de la empresa Oil Combustibles, del llamado "zar del juego", Cristóbal López, se tramite en la Justicia nacional en la Comercial, con asiento en la Capital Federal, y no en la provincia de Chubut, donde lo había presentado la firma meses atrás.

La decisión del tribunal, explicitada en apenas siete renglones que remiten al dictamen coincidente del procurador fiscal Víctor Abramovich, implica un duro revés para la empresa de López, ya que fuentes judiciales estimaron que sus abogados presentaron el concurso en la Justicia provincial de Chubut para supuestamente tener un trato más favorable a sus intereses.

El argumento del máximo tribunal es el mismo que había esgrimido inicialmente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en base a un informe de la Inspección General de Justicia. Esto es que la firma, al momento de pedir la convocatoria de acreedores para sanear sus finanzas, estaba aún radicada en la Capital Federal y no se había perfeccionado el cambio de domicilio a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

La decisión de la Corte fue rubricada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. En cambio no firma el último magistrado que se incorporó al tribunal, Carlos Rosenkrantz. En los hechos, la Corte remitirá ahora a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial los 29 cuerpos de expedientes del concurso que ya había mandado a su pedido el juez chubutense Gustavo Toquier, quien quedó al borde del juicio político por su actuación en el caso.

Ocurre que el juez nacional porteño Héctor Hugo Vitale le había pedido que declinara su competencia o, en su defecto, que enviara el caso a la Corte, el único tribunal común a ambos para dirimir el asunto. Y Toquier recién lo hizo cuando la Corte intervino por la apelación de un acreedor llamado Juan Antonio Marinccioni, proveedor de la refinería de San Lorenzo que Oil Combustibles le compró a la empresa Petrobras junto a 340 estaciones de servicio en 2011 a cambio de 95 millones de dólares.

Oil Combustibles se había presentado en concurso de acreedores luego de la contraofensiva de la AFIP por la deuda que mantiene de casi 8 mil millones de pesos que jamás pagó en los generosos planes que le había otorgado el organismo durante la administración kirchnerista a cargo de Ricardo Echegaray.

La AFIP ya había denunciado penalmente a Oil por "insolvencia fiscal fraudulenta", esto es una maniobra de autopréstamos entre las empresas del Grupo Indalo para dejar a esa firma sin fondos. Según la AFIP, se compraron empresas con los fondos que no se pagaron de impuestos, entre ellas medios de comunición. La hipótesis de la AFIP fue ratificada por el veedor e interventor designado por la Justicia en otra causa abierta para evitar el desmembramiento del Grupo en un informe al que Clarín tuvo acceso. 

El informe dice que la multimillonaria deuda de Oil Combustibles con el fisco "se trata de una deliberada decisión empresaria" para "justificar un estado de cesación de pagos". Y también habla de "un meditado despliegue de medios económicos y financieros para conformar una empresa cuya actividad superficial era la explotación, industrialización, transporte, distribución y venta de hidrocarburos".

Pero su "real actividad", de acuerdo con el contador Marcelo Manograsso, "consistía en la apropiación indebida de recursos fiscales, valiéndose de condiciones especiales de ingreso (planes de facilidades de pago especialmente otorgados), y así derivarlos a otras operaciones y finalidades".

El juez Esteban Furnari Este juez dictó una medida cautelar que impidió movimientos en las firmas vinculadas a Oil, pero ahora esa decisión es revisada por la sala V de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.