El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, ratificó que el gobierno va a capitalizar a la empresa, pero detalló que ello ocurrirá "hacia noviembre" tras el proceso habitual de conversaciones con la firma, las cuales están "recién partiendo".
Así lo explicó al intervenir en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, donde aseveró que "Codelco es la empresa más importante del Estado y hay que cuidarla enormemente". En la sesión también participaron la ministra de Minería, Aurora Williams; y el presidente del directorio de Codelco, Oscar Landerretche.
Valdés enfatizó que un tema central es acompañar "muy de cerca los esfuerzos que está haciendo la empresa en disminuir costos", ya que en otros periodos con precios del cobre aún más bajos que los actuales la empresa generaba utilidades bastantes importantes.
"Hemos tenido una inflación de costos por distintos motivos en toda la minería que ha sido sustancial y es muy importante para Chile en su conjunto que los costos sigan disminuyendo", dijo, y agregó que esto "requiere esfuerzo por parte de los trabajadores y la administración".
Respecto del proceso de capitalización, comentó que la impresión desde el Ministerio de Hacienda es básicamente acompañar con capital a la empresa para que mientras avance en su plan de inversiones no se sobreendeude, para lo cual la métrica principal es el grado de apalancamiento respecto del capital. Explicó que esa lógica de respaldar las inversiones con deuda y capital se mantiene, pero dijo que ha habido "harta impaciencia" respecto del proceso, que asoció al clima generado por los excedentes negativos de la compañía.
Respecto de capitalizar mecánicamente en respuesta a un mayor endeudamiento medido por la razón deuda/Ebitda de la compañía, Valdés señaló que se trata de "un deseo no completamente acompañado por los representantes del dueño".
Lo anterior porque, según argumentó, para la empresa "es muy bueno tener un seguro de que su endeudamiento nunca va a subir, tiene el costo que el dueño de la empresa se compromete a poner plata independientemente del precio y los esfuerzos de costo".
Advirtió que es una métrica "que no nos acomoda, tiene peligros como atar las finanzas públicas a Codelco en cualquier escenario", lo que en caso de persistir la caída en el precio del cobre tiene asociado un endeudamiento del Fisco significativo para mantener esa métrica. "Nosotros vamos a acompañar cualquier proyecto de Codelco en ese ámbito, si es un buen negocio hacerlo", aseveró.
Por último, en cuanto a la propuesta de capitalización estructural presentada por el presidente del directorio de Codelco, que liga la inyección de recursos a la existencia de superávit fiscales sobre 1%, el ministro dijo que requiere un análisis más detallado. Pero estimó que es complejo que esa capitalización funcione sólo cuando el precio del cobre sea muy alto, que es cuando se generan altos superávits y, en cambio, no habrá aporte si el precio es bajo y hay déficit fiscal. "Por lo tanto, la seguridad al mercado de que Codelco tiene capital suficiente en escenarios malos es bastante débil y no es evidente que estos gatillos den una tranquilidad al sector privado", concluyó.
En el último año, la compleja situación financiera de Codelco reimpulsó el debate técnico y político sobre posibles cambios a la Ley 13.196, más conocida como Ley Reservada del Cobre, que establece que el 10% de las ventas de la minera se destinarán al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Dicho interés quedó de manifiesto en las sucesivas visitas de los principales directivos de la empresa al Congreso, donde los cambios a esta normativa fueron tema central de la discusión con los parlamentarios.
Aunque la ley reservada impacta en las finanzas de Codelco a nivel global -en 40 años ha entregado más de US$ 24 mil millones al Fisco por este concepto- al revisar por las distintas divisiones de la minera se evidencia que en los últimos años dichos aportes se concentraron principalmente en dos de los ocho yacimientos que tiene actualmente la estatal: El Teniente y Chuquicamata.
A junio de este año, los recursos entregados por Codelco al Estado por dicha normativa suman cerca de US$ 400 millones. De este monto, Chuquicamata (US$ 81 millones) y El Teniente (96 millones) totalizan US$ 177 millones, esto es, un 44% del total de recursos.
Más atrás aparecen los yacimientos Radomiro Tomic, Ministro Hales, y Andina, que aportaron US$ 71 millones, US$ 54 millones y US$ 31 millones, respectivamente, en igual período.
Sobre la influencia de Chuquicamata y El Teniente en los aportes a la ley reservada, Juan Carlos Guajardo, director de la consultora Plusmining señaló que se trata de “los yacimientos más importantes en una perspectiva histórica, pero hacia adelante, una división que está aportando bastante es Radomiro Tomic”.
Menores aportes realizaron durante los primeros seis meses del año las divisiones Gabriela Mistral, Salvador y Ventanas, que entregaron al Fisco US$ 25 millones, US$ 21 millones y US$ 16 millones, respectivamente.
La situación en 2015 fue similar. El año pasado la compañía entregó US$ 864 millones, de los cuales US$ 375 millones (45% del total) provino de Chuquicamata y El Teniente.
En 2012, en pleno boom minero, el escenario era ligeramente distinta. Si bien Chuquicamata lideraba los aportes a la estatal, con US$ 304 millones, le seguía la división Radomiro Tomic, con US$ 304 millones aportados. Más atrás aparece El Teniente, con US$ 284 millones.
Tras la faena de la Región de O’Higgins, y con cerca de la mitad de los aportes realizados por Chuquicamata y Radomiro Tomic, aparece división Andina, con una entrega en dicho año de US$ 153 millones.
En todo caso, para las dos mayores divisiones de Codelco, el escenario actual dista bastante de 2012. Esto no sólo considerando el fin del súper ciclo del cobre, sino que definiciones puntuales que marcarán el futuro de estos yacimientos.
Mientras El Teniente busca las mejores fórmulas para destrabar avances en el proyecto Nuevo Nivel Mina, en el caso de Chuquicamata, sus trabajadores se aprestan para la negociación colectiva de enero de 2017, que involucrará a cerca de 5 mil trabajadores.
“No cabe duda, ante los hechos vividos en los últimos años, que revertir esta situación también contribuirá a mejorar la baja competitividad de Codelco en los últimos años”, señalaron a través de un comunicado trabajadores agrupados en el sindicato número 2 de Chuquicamata, manifestando su rechazo a la existencia de la Ley Reservada.
Sin embargo, para Guajardo, la situación de los trabajadores es contradictoria, puesto que en años anteriores habrían apoyado mantener dicho impuesto. “En el caso de la ley reservada, históricamente los trabajadores de Codelco se habían opuesto a modificarla o a derogarla, porque veían que era una especie de garantía que impedía que la empresa se privatizara”.
