El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Gonzalo Tamayo, negó hoy que el pedido de facultades legislativas hecho al Congreso por el Ejecutivo tenga la intención de propiciar la privatización de Petro-Perú.

Durante su presentación ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, el ministro de Energía y Minas recalcó que el objetivo es buscar que dicha empresa estatal se modernice.

Cabe recordar que semanas atrás, el primer ministro, Fernando Zavala, entregó el proyecto de pedido de facultades legislativas.

En el último punto aborda la reorganización de Petro-Perú, con la finalidad de evitar que continúen los derrames de petróleo y que la empresa opere con los mismos estándares mundiales.

Por lo tanto, Gonzalo Tamayo negó que el Ejecutivo tenga la intención de "tercerizar” las actividades de la empresa petrolera, e incluso agregó que si ese fuera el caso, sería muy difícil concitar el interés de inversionistas privados, informó El Comercio.

Además, Gonzalo Tamayo señaló que entre los objetivos que se buscan con el pedido de facultades legislativas figura establecer sanciones severas para los responsables de atentar contra la infraestructura vinculada a los hidrocarburos.

El ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo espera que la compañía de seguros que tiene contratada Petroperú no busque evadir el pago de la póliza por siniestros en el Oleoducto Norperuano, con maniobras administrativas o legales.

Cumplimiento de póliza. Las declaraciones del gerente del Oleoducto, Jesús Angulo, sobre que esta infraestructura no recibió mantenimiento por 15 años complicarían este pago. Pero durante su presentación en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, el ministro Tamayo dijo que cualquier empresa de seguros establece las primas en función a un análisis de riesgos que se hace previamente.

Cubriría derrame. “Espero que esto no sea una maniobra de naturaleza administrativa o naturaleza legal para evadir la responsabilidad que tiene la compañía de seguros para enfrentar el pago que tiene que realizar, luego que Petroperú pago las primas correspondientes”, anotó.

Potenciará petrolera. El ministro mencionó que justamente en el pedido de facultades legislativas que ha solicitado el Gobierno al Congreso para modernizarPetroperú también busca resolver el problema crítico que enfrenta el Oleoducto Norperuano.

Pero primero el Gobierno encargará a una firma internacional la elaboración de un estudio integral e independiente que establezca los principales lineamientos sobre lo que hay que hacer con el Oleoducto Norperuano.

Cerrarán conversaciones. De otro lado, el ministro estimó que hacia fines de año se resolverán las negociaciones con el consorcio que construye el Gasoducto Sur Peruano para garantizar el financiamiento del proyecto, con lo que se reiniciaría su construcción.

“De nuestro lado lo que estamos haciendo es avanzar con lo que es la adenda de bancabilidad que es un proceso que tiene que ser realizado en los próximos dos o tres meses para ya luego reiniciar las operaciones”, dijo a su salida del Congreso.

Este proyecto, con más de 1,000 km de longitud, ya tiene un avance de obras del 36%, pero todavía requiere de un financiamiento de US$ 2,150 millones, de una inversión total que supera los US$ 7,000 millones. Pero el ingreso de la estadounidense Sempra y la ítalo argentina Techint al proyecto facilitaría el levantamiento de los fondos. 

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) señaló hoy que, en el marco de las facultades legislativas solicitadas, se están diseñando medidas de emergencia que permitan una rápida operación segura en el Oleoducto Nor Peruano (ONP), garantizando su operatividad.

En ese sentido, indicó que están presentando iniciativas para la reorganización y fortalecimiento de Petroperú, y para sancionar los atentados de terceros contra la infraestructura de hidrocarburos. 

“Existe un vacío legal (los atentados contra la infraestructura de hidrocarburos) y con las facultades queremos cerrarlo. Esperamos contar con su apoyo en el Congreso”, dijo hoy el titular del MEM, Gonzalo Tamayo.

Señaló que buscan que Petroperú sea el brazo articulador de otras instancias del Estado en las zonas alejadas a fin de que estas poblaciones locales se involucren en el cuidado de la infraestructura de hidrocarburos como es el caso del ONP.

“Se ha nombrado a un nuevo directorio en Petroperú con el encargo de solucionar el problema del ONP y seguir con la modernización de la refinería de Talara”, dijo en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso.

El Gobierno no tiene intención de privatizar Petroperú, manifestó hoy durante su presentación en el Parlamento Nacional. 

Daños por terceros

Asimismo, señaló que en el derrame del ONP en el Tramo II – Km. 811, Sechura, acontecido el 8 de marzo del 2016, se presume daños por terceros, al igual que en los derrames del 10 de agosto de este año en el Tramo II – Km 364 en Nieva y el del 20 de agosto en el Tramo I – Km. 54 y 55 en Urarinas.

Señaló que su portafolio ha estado coordinando acciones con las diferentes entidades y organismos involucrados con fines de ejecución de labores de limpieza, remediación y mitigación de las zonas impactadas.

Igualmente, agregó que se viene realizando seguimiento a las relaciones de Petroperú con la comunidad a fin de evitar conflictos sociales. 

Indicó que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) está investigando las causas de los derrames del ONP en lo que va del 2016 y que también ha sancionado a Petroperú por los derrames atribuibles a la empresa (tres de ellos). 

“Hemos identificado y tomado conciencia de esta situación y mandatos de Osinergmin, hasta paralizar el ducto, para encontrar la remediación de esa operación y hemos definido que uno de los objetivos centrales es revisar, lo más pronto posible, una operación segura y ambientalmente sostenible para el ONP”, manifestó.

Recordó que el ONP transporta el petróleo crudo proveniente de los lotes de producción de la selva hasta el Terminal Bayóvar y que entró en operación en 1976.

Indicó que el ONP consta del: Tramo I de 24” de 306 kilómetros con capacidad de MBPD, el Tramo II de 36” de 550 kilómetros con capacidad de 200 MBPD y el Ramal Norte de 16” de 252 kilómetros con capacidad de 105 MBPD (en operación desde 1978).

“Un seguro está sujeto a une evaluación de riesgo de la empresa. A veces los ciudadanos podemos tener experiencias dispares con el pago de siniestros en una compañía de seguros y esperemos que ese no sea el caso con Petroperú (para con el ONP)”, dijo. 

Estrategias de protección 

Entre las políticas y estrategias para el cumplimiento de las normas para la protección del entorno destacó la mayor presencia del Estado mediante del adelanto social con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas que viven en las comunidades aledañas a los proyectos mineros energéticos. 

También mencionó la implementación de la consulta previa como un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos, así como el seguimiento y cumplimiento de los compromisos sociales suscritos entre las empresas mineras y las comunidades.

“Es relevante contar con un mecanismo de monitoreo sobre lo que está por anunciarse u ofrecerse o las formas cómo el Estado participará porque no basta señalar acuerdos con las comunidades, sino ejecutarlos”, sostuvo. 

También, estacó la promoción y acompañamiento de proyectos de desarrollo en comunidades del entorno de los proyectos extractivos a través de las mesas de desarrollo. “Varias de estas mesas se han reactivado con la participación activa de otras instancias del Gobierno”, dijo.

Asimismo, señaló que al realizar un inventario de los acuerdos realizados en el marco de las mesas de desarrollo o diálogo se identificaron aquellos temas en los cuales el Estado puede actuar rápidamente. 

Por ejemplo, en Las Bambas destrabamos el mecanismo de las regalías que tiene por contrato la minera de Las Bambas, dijo Tamayo, quien señaló que este (contrato) tiene características particulares que establece que el 3% de las ventas de Las Bambas será distribuido entre las comunidades.

“Las Bambas empezó su operación comercial entre marzo y abril, y en julio se habían acumulado 18 millones de dólares que no habían sido distribuidos. El Ejecutivo autorizó que eso se haga de manera inmediata y proseguir con la distribución automática de los recursos a las comunidades vinculadas al proyecto”, dijo.

Gasoducto Sur

En otro momento, hizo saber que la empresa Odebrecht está en fase de salida, lo que corresponde a la primera parte del proceso de reestructuración del Gasoducto Sur Peruano (GSP) mediante la incorporación de nuevos socios. 

Indicó que el MEM está avanzando por su parte, en lo que es la adenda de bancabilidad, que constituye un proceso a realizarse en 2 o 3 meses para luego, reiniciar las operaciones.