La Corte Suprema de Justicia de la Nación pidió a la Provincia de San Juan que informe si le solicitado a las empresas Minera Argentina Gold S.A.(Magsa) y Barrick Exploraciones Gold S.A. (Beasa) información sobre los dos derrames de cianuro y metales pesados ocurridos en Veladero, tanto el de 2015 como el último del 8 de septiembre.
La Corte intervino tras la denuncia prsentada por la Fundación Ciudadanos Independientes contra ambas empresas y la provincia de San Juan,
Solicitó además, que la provincia explique si ha puesto en conocimiento de los habitantes potencialmente afectados la existencia y alcance de los derrames referidos, en especial si ha comunicado las consecuencias que de tales hechos podrían derivarse para la salud y la vida de aquéllos y las medidas concretas que la comunidad debería adoptar para prevenir riesgos o combatir eventuales problemas de salud que de ellos se deriven.
Según la Fundación no se ha cumplido con los procedimientos que incluyen una audiencia pública, no se permite el libre acceso a la información pública y no existiría un seguro ambiental.
La organización denuncia el inclumplimiento por parte del Estado Nacional en materia de inventario de glaciares y sostiene que ante esta omisión, tanto el estado como la provincia de San Juan estarían "imposibilitados de controlar la explotación minera".
La Corte le dio 20 días a la provincia para que informe al tribunal si ha requerido a las empresas demandadas MAGSA y BEASA, información sobre la existencia y alcance de los derrames de cianuro y metales pesados en Veladero.
GUALCAMAYO, CASPOSO Y SAAVEDRA
La Fundación Ciudadanos Independientes incluyó en su denuncia al Ingeniero Felipe Saavedra (titular de la Secretaría de Estado de Minería); las empresas Minas Argentinas Sociedad Anónima (MASA) en su carácter de concesionaria para la explotación del proyecto Gualcamayo, la empresa Intrepid Minerals como concesionaria de la explotación del proyecto Casposo, y al Estado Nacional.
Su demanda tiene por objeto obtener certeza acerca de la legalidad de las autorizaciones para explotar estos proyectos mineros ubicados en la zona de la cordillera sanjuanina, donde -según afirma la demandante- existirían glaciares y por ende debería cesar la actividad minera.
Alega que la provincia de San Juan habría autorizado la explotación minera en los tres emprendimientos sin considerar el daño ambiental que podría causar la minería.
La entidad civil reclamó, además, el cese la actividad en el emprendimiento Veladero-Pascua Lama hasta que se determine la inexistencia de riesgo o peligro para la salud y la vida de las personas.
Luego de que se produjera un segundo derrame de cianuro en San Juan, las diputadas nacionales Margarita Stolbizer (GEN) y Graciela Cousinet (Libres del Sur) le reclamaron al gobierno de Mauricio Macri el “cese de los emprendimientos” mineros que afectan la vida de los argentinos y anticiparon que presentarán un proyecto de ley para crear el fuero ambiental en el seno del Poder Judicial.
“El Gobierno nacional no puede hacerse el distraído frente a las tragedias ambientales que se vienen sucediendo en la provincia de San Juan. Dos derrames de cianuro en menos de un año demuestran la falta de controles y el abandono a que someten a la población de Jachal entre otras”, advirtieron las legisladoras del interbloque Progresistas.
Stolbizer y Cousinet participaron la semana pasada de la Asamblea de Jachal cuando se recordaba el derrame de cianuro de la Mina Veladero de septiembre del 2015 y cuando aún no se conocía el nuevo ocurrido apenas unos días antes.
En este marco, junto a las diputadas Alicia Ciciliani y Victoria Donda del interbloque Progresistas, las legisladoras exigieron al Gobierno nacional la información sobre el inventario de los glaciares de Jachal, que a su entender se verían afectados por la explotación mega-minería.
En igual sentido manifiestan su “solidaridad” con el pueblo sanjuanino y la asamblea de Jachal y advirtieron sobre la “persecución a que están siendo sometidos los vecinos” que lideran esa protesta.
“Estamos dispuestas a acompañarlos y a seguir exigiendo al Gobierno nacional que cesen los emprendimientos que afectan la salud, la vida y el desarrollo de nuestros pueblos”, manifestaron al respecto.
El proyecto para crear tribunales y fiscalías especializadas en delitos sobre el medio ambiente se dará a conocer en una conferencia de prensa programada para el lunes que viene.
