Pasaron algunos años. Pero, para muchos, la experiencia del programa Genren -aquella licitación para proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes renovables que tanta expectativa generó en el mercado- continúa fresca en la memoria.
Fue en 2009 cuando se llevó a cabo, recibiendo ofertas por 1.436,5 MW que superaban cómodamente los 1.000 MW en contienda. De los 895 MW que fueron adjudicados, sin embargo, no más del 15% generan energía en la actualidad. Lo que podría haber sido el primer paso para ampliar la participación renovable en la matriz eléctrica nacional se vio entorpecido, en dicho momento, por las restricciones que limitaban el acceso al financiamiento internacional.
Ahora, con la Ronda 1 del programa RenovAr ya cerrada y las ofertas económicas prontas a ser conocidas, aquella experiencia actualiza su vigencia y los fantasmas de ciertos temores vuelven a materializarse, precipitados principalmente por los vaivenes a los que el sinceramiento tarifario -o tarifazo- de la energía eléctrica ha sido sometido.
Discusiones acaloradas en todo el arco político, amparos judiciales, fallos de la Corte Suprema, relanzamiento de cuadros tarifarios, citaciones a audiencias públicas... todo parece imponerse como telón de fondo del envión que el gobierno de Mauricio Macri intenta darle a las renovables. De allí, la pregunta obligada: ¿Se estará ante las puertas de un nuevo paso en falso o podrá esta licitación dar nacimiento al real desarrollo de estas energías en la Argentina?
"Claramente, los vaivenes y las expresiones de la dirigencia política en general, que no muestra con claridad una convicción de que las tarifas energéticas tienen que confluir hacia valores más razonables, son una mala señal para el mundo", reflexiona el diputado de Cambiemos Juan Carlos Villalonga. "Esto pone a los inversores en alerta. A veces, se hace política o se generan polémicas creyendo que eso solo tiene efectos políticos internos, y no. La verdad es que, en este caso, ciertas políticas tienen implicancias o rebotes a nivel internacional que dañan al país. No es bueno que en un sector como el energético, que necesita tantas inversiones, aparezcan opiniones de la dirigencia política tan, a veces, disímiles. Eso quita confianza", añade.
Ahora bien, más allá de los ruidos con los que el contexto está musicalizando al proceso licitatorio, las expectativas -coinciden los especialistas consultados- permanecen altas y abundantes. Si bien los precios ofertados se conocerán recién el 7 de octubre, el que los 1.000 MW hayan sido sextuplicados -alcanzando un total de 6.346,3 MW- es una señal que no puede ser pasada por alto, seún informó El Cronista.
"La Ronda 1 del programa RenovAr superó todas las expectativas. Hasta el Gobierno está sorprendido por lo recibido", enfatiza Marcelo Alvarez, presidente de la Cámara Argentina de Energía Renovable (Cader). Con estos resultados, se entusiasma, este "puede darse el lujo de elegir los proyectos más creíbles y sólidos, así como de menores precios". No obstante, advierte, y por experiencias como la del Genren, la actual gestión recién podrá felicitarse a sí misma "cuando esté todo hecho".
Estos números, para Villalonga, demuestran que "sigue habiendo una enorme expectativa y confianza", algo que, en parte, está sustentado en "la ingeniería financiera que se armó" para esta primera licitación. "Este es un elemento que está dando bastantes garantías y, de algún modo, supera los ruidos que a veces mete la política", confía, al tiempo que Alvarez acota: "Que se brinden garantías externas muestra credibilidad".
Ambos se refieren al mecanismo en tres etapas con el que el Gobierno reforzó la licitación. La primera garantía de impago está incorporada al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder); es por $ 6.000 millones y cuenta con liquidez para garantizar 12 meses de incumplimiento del contrato. La segunda son Letras del Tesoro en garantías que posee el Foder. Y la tercera es una, opcional para el oferente que quiera pagar por ella, del Banco Mundial por u$s 500 millones (u$s 500.000 por MW).
Pero no todo es confianza. Si bien los resultados, hasta el momento, superan hasta las previsiones más optimistas, hay quienes han optado por la cautela en esta primera ronda.
"Noticias como que la Corte tenga que intervenir en el valor de la tarifa son muy difíciles de explicar para los extranjeros y crea cierta incertidumbre, que, para algunos, puede hacer demorar su interés por invertir, aunque hay otros absolutamente convencidos de jugar a favor de este proceso", comentaba a Energías Renovables Doris Capurro, presidenta de LUFT Energía, antes que se abrieran los sobres del RenovAr. Si bien anticipaba que serían muchos más los MW ofertados que los que están siendo licitados, consideró que "al proceso argentino le viene mal este tipo de errores de implementación [en el aumento de las tarifas eléctricas], que genera todo un proceso de incertidumbre en los inversores que es inevitable".
"Los vaivenes vinculados a las tarifas impactan en las noticias internacionales, y hay inversores internacionales que miran y dicen wait and see", describe. Y completa: "Me consta que algunos frenaron el envión que tenían, pero hay otros que están muy entusiasmados con el proceso y creen que, a la larga, el tema tarifario se va a ir normalizando y va a encontrar una solución. Ha sido una pena que ocurra porque, de algún modo, demora o agrega incertidumbres a un proceso que de por sí tiene incertidumbres".
Las similitudes entre lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió en 2009 son muchas, pero también lo son sus diferencias, y es en ellas donde los actores del mercado energético parecen encontrar fundamentos para renovar su confianza en el proceso actual.
"Creo que hay muchas diferencias importantes entre la realidad macroeconómica del Genren y la de ahora", confirma Juan Bosch, presidente de SAESA. Entre ellas incluye que la licitación desarrollada en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner se basaba en una negociación privada, en que "el Estado revisaba los costos declarados por el generador y llegaba a un número, que no era cotizado por el mercado". Hoy, en cambio, los precios sí son impuestos por el mercado.
Por otra parte, indica el especialista, en el proceso previo los generadores ponían garantías bastante livianas (que, hasta donde tiene entendido, no se ejecutaron) en caso de que no construyeran las obras que lograran adjudicarse, mientras que, en este, sí existe una garantía de mantenimiento de oferta, que asciende a u$s 35.000 por MW instalado. "No da para jugártela a ver si después lo podés construir", apunta. Y suma: "Los PPAs (Power Purchase Agreement) en el Genren los tomaban desarrolladores; ahora, están en manos de generadores".
Otra de las condiciones que ha cambiado en los últimos siete años es el retorno de la Argentina a los mercados de capitales, luego del acuerdo alcanzado con los holdouts. Tal como apunta Alvarez, esto lleva a que bajen las tasas de financiamiento.
También para Villalonga el antes y el después muestran escenarios muy distintos. "Hoy contamos con un Gobierno con otro nivel de credibilidad, y hay una vocación, primero, por parte del Ministerio de Energía, de haber dotado a la licitación de esta ingeniería financiera que está buena, pero, además, hay un convencimiento por parte del Gobierno de que este camino hay que emprenderlo. En la gestión anterior, el Genren tenía una apoyatura política dispersa o, por lo menos, diversa. No era unánime. Esto hoy no ocurre", sostiene.
Si bien, para el presidente de Cader, los vaivenes tarifarios no afectarán esta primera y una potencial segunda licitación renovable, estos sí se hacen sentir en los proyectos de energía distribuida que hoy esperan a ser debatidos en el Congreso Nacional. En este caso, explica, el subsidio a las tarifas eléctricas sí se impone como una barrera, y sería necesario sacárselo a las que se pagan de térmica o colocárselo -a modo de compensación- también a las de renovable, para "equiparar las reglas de juego" y hacer posible su desarrollo.
En este sentido, enfatiza, "la distribuida es lo que está en juego cuando el precio difiere del costo; en el RenovAr, que haya precios al usuario final más bajos, al tomador de PPA no le cambia tanto".
"Con tarifas bajas, el incentivo para la distribuida es bajo", coincide Bosch, quien señala otro faltante del proceso actual: alguna normativa para regular el mercado entre privados. "Si esto estuviera, habría muchos más proyectos por fuera del RenovAr", asegura.
Si bien, explica, "no hay ninguna norma que pueda invocarse que prohíba los contratos entre grandes usuarios y traders, faltan reglamentar detalles". Entre ellos, cómo se va a remunerar el transporte de la energía, y quien asume la pérdida eléctrica. "Son cosas que están conversadas y bastante resueltas, pero falta que estén en papel. Estas dudas hacen que muchas inversiones no se concreten", califica.
Mirando más a mediano y largo plazo, por último, uno de los aspectos en que la gestión Cambiemos deberá trabajar es en distribución. Así lo explica Capurro: "Yo creo que el problema de la Ronda 2, de la 3, de la 4 del RenovAr, es que el Gobierno va a tener que invertir en las redes eléctricas de alta tensión, porque lo que va a faltar es capacidad de conexión.
Por ejemplo, toda la Patagonia tiene los mejores vientos del planeta, pero no se puede hacer más, porque faltan redes de conexión y eso es una inversión que solo puede hacer el Gobierno. Es un proceso lento, difícil, de gran oportunidad, pero hay mucho trabajo por hacer de parte del Estado en la infraestructura de las redes eléctricas y eso, ojalá, se dé en simultáneo cuando las inversiones lleguen más fluidamente".
CRONISTA
La avalancha de ofertas que recibió el Ministerio de Energía en la primera licitación de energías renovables lanzada a fines de julio (6000 Mw ofertados, para un cupo de 1000 Mw fijado inicialmente), se concentró principalmente en eólica y solar, mientras que los proyectos de biogás y biomasa no alcanzaron a cubrir el cupo. Sin embargo, estas fuentes energéticas limpias tienen un enorme potencial, especialmente en el sector de la agroindustria, ya que permiten reconvertir los residuos orgánicos en energía para el autoconsumo, y en muchos casos también volcarla a la red y generar ingresos adicionales.
Según datos preliminares del programa RenovAr, de los 65 Mw licitados para biomasa, se presentaron proyectos por 44.6 Mw; y de los 15 Mw para biogás, sólo hubo ofertas por 8.4 Mw. Empresarios y analistas del sector consideran que el escaso interés de los inversores tuvo que ver con "condiciones del pliego licitatorio que no contemplaron las particularidades de este tipo de proyectos, que son generalmente de baja escala, y tienen un plazo de amortización más largo que las inversiones en otro tipo de energías renovables".
Es por esto que "se está evaluando modificar las condiciones de los pliegos para la próxima licitación de RenovAr, o bien lanzar una compulsa pública específica para este tipo de proyectos", señaló a El Cronista Néstor Roulet, secretario de Agregado de Valor del Ministerio de Agroindustria. "Es algo que se está evaluando, todavía no tenemos los plazos ni las condiciones", señaló por su parte un vocero de la cartera energética. La generación de este tipo de energías tiene un costo de aproximadamente u$s 2 millones por cada Mw (megawatt) instalado, por lo que, de cubrirse el cupo de 80 megas ya licitado, se generarían inversiones por u$s 160 millones. Se trata, en primer lugar, de dos formas de aprovechamiento de la materia orgánica, con tecnologías bien diferentes.
En el caso de biomasa, se utilizan residuos orgánicos, restos de poda, desechos de cultivos, entre otros, para generar calor y electricidad a partir de su combustión. El biogás, en cambio, requiere para su obtención la construcción de un biodigestor, donde el material orgánico es fermentado en un medio anaeróbico (sin oxígeno), y así se obtiene gas, y otros subproductos como fertilizantes y abono. De acuerdo a un relevamiento del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), en la Argentina hay más de 100 empresas que utilizan plantas biodigestoras para el tratamiento de efluentes, pero sólo un 15% de ellas aprovecha el biogás que genera. La energía desperdiciada equivale a 23,8 Kw/h de electricidad, o 26,8 Kw/h térmicos, lo que alcanzaría para abastecer el funcionamiento de 10 industrias medianas, según cálculos del INTI.
"Hay múltiples ejemplos a lo largo del país, de empresas que podrían transformar sus residuos en energía. Muchas no lo hacen por una cuestión de costos, y otras sólo lo utilizan para autoconsumo, sin volcarlo a la red, por falta de incentivos específicos", señaló Roulet. El aprovechamiento energético del biogás también permitiría reducir la dependencia del gasoil importado.
El programa Probiomasa, de los ministerios de Agroindustria y Energía, con apoyo de la FAO, impulsa la generación de energía eléctrica y térmica a partir de biogás y biomasa en establecimientos agroindustriales. Los municipios también pueden aprovechar los residuos urbanos para transformarlos en energía. Por cada Mw de biogás, se puede satisfacer el consumo de 6000 habitantes.
En 2012 tuve la oportunidad de participar en uno de los eventos más importantes de energía eólica del mundo, la exposición anual organizada por la American Wind Energy Association (AWEA). Allí, presenté un póster titulado "Oportunidades en la Argentina para proyectos eólicos".
El póster lo había sometido a consideración de AWEA en 2011, con un año de antelación, tal como se estila en esos casos. Pero el evento tuvo lugar en 2012 y quiso la suerte que fuera solamente unos días después de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.
Fue entonces en vano que, en aquel momento, hablara del viento que sopla en nuestro territorio o de los amplios terrenos disponibles. Mi presentación fue recibida con un previsible escepticismo. Es que para el desarrollo de proyectos de energía eléctrica de fuente renovable no alcanza con que sople el viento o haya radiación solar. Y la disponibilidad de tierras, caminos y líneas de transmisión es condición necesaria, pero no suficiente.
El recurso que es decisivo no es uno natural, sino creado por el hombre, y se trata nada menos que de tener un marco institucional que proporcione la seguridad jurídica adecuada que requieren proyectos en donde los desembolsos de capital se efectúan en el día uno, pero su repago es en el largo plazo.
La Argentina ha tardado más que muchos de sus países vecinos en alcanzar ese marco institucional idóneo, pero finalmente parece estar llegando a esa meta.
En 2015, se sancionó la Ley 27.191 que actualiza el régimen en materia de energía eléctrica de fuentes renovables. El Gobierno a cargo desde el 10 de diciembre decidió, con buen criterio, no modificarla, lo que hubiera implicada una demora de meses o años, sino avocarse a su reglamentación y puesta en práctica.
La ley fija una meta de consumo creciente de electricidad de fuentes renovables que implica que, al 31 de diciembre de 2017, este debe alcanzar el 8% del total y que, en 2025, debe llegar al 25%.
Si tenemos en cuenta que el porcentaje actual es inferior al 2%, la magnitud de la tarea por delante resulta evidente.
Con ese fin, el Gobierno puso el acento en lograr una licitación exitosa para celebrar contratos compra de energía eléctrica de fuentes renovables. Así fue creado el programa RenovAr, en virtud del cual se licitaron 1000 MW de potencia.
El pasado 5 de septiembre, el Gobierno recibió 123 ofertas por 6.346 MW, más de seis veces de lo requerido. Su adjudicación está prevista para el 12 de octubre y solo entonces se podrá tener una medida cabal de su resultado, no obstante, la cantidad de proyectos ofrecidos es ya una muy buena señal.
Ahora bien, la ley y su reglamentación han estipulado que los grandes usuarios con demandas de potencia mayor a 300 KW deberán cumplir con las metas de consumo y, a tal fin, pueden autogenerar o contratar la compra de energía proveniente de diferentes fuentes renovables, pudiendo efectuarse dicha compra al generador, mediante un distribuidor, de un comercializador o Cammesa.
Luego del notable avance del Programa RenovAr, debe encararse la forma de instrumentar la regulación necesaria para posibilitar un mercado de energías renovables entre privados.
Tal instrumentación tiene aspectos específicos, pero toca también otros aspectos más generales del sector eléctrico.
En tal sentido, sería deseable que el Gobierno replique la encomiable rapidez y eficacia con la que avanzó en materia de renovables, y proceda a restaurar el pleno imperio de la Ley 24.065 y el funcionamiento de un mercado eléctrico mayorista (MEM), en donde, contrariamente a lo que sucede en el día de hoy, los grandes usuarios contraten libremente con los generadores, y estos últimos contraten libremente su combustible y sean remunerados acordemente.
Ello es una parte importante del objetivo de contar con un marco institucional sólido y previsible para el pleno desarrollo de las energías renovables en la Argentina de modo acorde con el potencial de sus recursos, un objetivo que hoy está más cerca de lograrse.
Así se manifestó la legisladora Tania Lastra, respecto del proyecto de Ley 741/2016 que tiene por objeto la adhesión a la ley nacional n° 27191, modificatoria de la ley nacional n° 26190 que regula el “Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica”, también llamada "energía Limpia o verde”, que propone lograr que un 8% de la matriz nacional de la energía eléctrica sea aportada en 2017 por fuentes renovables, y alcanzar el 20 % en el 2025.
A través de los Artículos 15° de la Ley N° 26.190 y 21° de la Ley N° 27.191, en términos similares, se invita a las Provincias a adherir a ambas leyes, y a dictar en sus respectivas jurisdicciones su propia legislación destinada a promover la producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, tales como la exención de tributos locales que puedan incidir sobre estos proyectos de inversión, entre otros, materia que será regulada por la Agencia de Recaudación de nuestra provincia. Entre las premisas fundamentales de esta norma es la incorporación de energías renovables en la matriz energética, logrando una amplia distribución federal de esta energía, y sobre todo atraer mayores proyectos de inversión.
En el diario El Cordillerano Lastra explicó que las fuentes de energía limpia son las fuentes renovables de energía no fósiles idóneas para ser aprovechadas de forma sustentable en el corto, mediano y largo plazo: energía eólica, solar térmica, solar fotovoltaica, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, de las corrientes marinas, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración, biogas y biocombustibles, con excepción de los usos previstos en la ley 26.093.
Es en este contexto en el que el gobierno de Río Negro, junto a las dos empresas provinciales INVAP y TRANSCOMAHUE, que conforman la Eólica Rionegrina SA proyecta el parque eólico modular de la meseta de Cerro Policía.
Esto se complementa a otros proyectos hidroeléctricos que ya se encuentran avanzados en la provincia, como es el de Patagonia Energía, el proyecto de la central de pasada en el arroyo Lindo, aprovechamiento hidroeléctrico arroyo Quemquemtreu, aprovechamiento hidroeléctrico Cuesta del Ternero, Central Hidráulica Emilio Frey, aprovechamiento multipropósito Belisle, aprovechamiento hidroeléctrico Mallín Ahogado, aprovechamiento hidroeléctrico La Mosca, del Río Villegas y que impulsan a Río Negro como una provincia productora de energía renovable, considerando este gobierno una política de Estado el desarrollo y uso de energía renovable.
En este sentido, la legisladora de JSRN destacó las ventajas del fomento de sistemas de energías renovables tales como: la estabilidad a largo plazo de tarifas competitivas, la reducción de la vulnerabilidad ante interrupciones en el abastecimiento de combustibles, la flexibilidad de la distribución y suministro de energía a los hogares de las zonas periféricas y rurales, la minimización de la emisión de contaminantes que producen efecto invernadero, la atracción de inversiones destinadas a proyectos de infraestructura local y la creación de empleos en el sector de la alta tecnología, entre las principales.
