HUMBERTO CAMPODÓNICO
La posibilidad de un consenso positivo de largo plazo para Petroperú ha sonado las alarmas en las filas privatizadoras. En efecto, las cinco fuerzas políticas presentes en el Congreso han manifestado su voluntad de fortalecerla –y no privatizarla–.
Por eso la campaña de desprestigio arrecia. Comencemos con la Refinería de Talara. Se dice que fue asignada a dedo a un solo postor. Falso. Hubo cuatro postores para la refinería y al final quedaron dos, saliendo ganador Técnicas Reunidas, de España. El contrato se firmó en mayo del 2010, con presencia de Alan García incluida (1).
También se dice que la refinería está sobrevalorada, dando a entender que hay un negociado detrás. Pero no dicen que Arthur D. Little, en el 2012, validó la ingeniería y, también, el monto de inversión. Lo mismo hizo en el 2013 la francesa Technip.
¿De dónde sale la sobrevaloración? De un artículo escrito por Ricardo Lago donde hace comparaciones de reglas de 3 con costos de otras refinerías sin ningún criterio técnico, lo que es repetido por otros columnistas para convertirlo en leyenda urbana: “como muchos lo dicen, entonces será verdad, pues”.
Con este argumento, Castilla y Segura también serían parte de la “trafa”, pues impulsaron la Ley 30130 en el 2013 que proporciona un aval para la refinería. ¿O también los engañaron a ellos? Recordemos que Castilla dijo que era un proyecto de clase mundial (2). También se dice que el Estado podría destinar ese dinero para otros fines. Falso. Los préstamos van a la empresa y se pagan con sus ingresos. ¿Entonces?
El otro eje de la campaña es la ineficiencia de Petroperú para manejar el Oleoducto Norperuano (ONP), que ha tenido varios derrames en los últimos meses. Digamos, de inicio, que condenamos estos derrames, que contaminan el medio ambiente, los ríos, la flora y la fauna de la amazonía, así como las fuentes de alimentación de las comunidades nativas.
La principal acusación es que se deben a la falta de mantenimiento de un oleoducto que ya tiene 40 años. Por ello, Petroperú debe ceder el ONP a privados. Eso acaba de proponer el congresista Meléndez, de PPK, con el PL 176-2013: una alianza estratégica con empresas privadas. Por aquí viene la cosa.
Es evidente que Petroperú debe mejorar el mantenimiento, lo que cuesta US$ 200 millones (en varios años). Siendo esa la prioridad, la campaña negativa impide un análisis objetivo. Veamos.
Los derrames producidos entre 1977 y 2016 se debieron en un 50% a fenómenos naturales, un 23% a actos de vandalismo, un 22% a hechos de terceros, un 5% a la corrosión de los tubos (y un 1% está en evaluación). De aquí salen varias cosas: uno, que el 50% de fenómenos naturales es justamente aquello en que hay que mejorar con mantenimiento y el afianzamiento; dos, que la corrosión solo asciende al 5%, o sea que el estado de los tubos no está para “botarlos y reemplazarlos todos”, como dicen algunos.
Tres, que el vandalismo y los hechos de terceros son el 45% de los derrames. Dice Petroperú que de los 8 derrames de los últimos años, cinco (5) son por acción de terceros, uno por abrasión (corrosión), uno (1) por fenómenos naturales y el último está en fase de análisis de falla. Este reciente informe de Petroperú –al cual hemos tenido acceso– debe ser publicado para que sea ampliamente discutido.
Algunos dicen que las comunidades nativas provocan los derrames para luego cobrar un jornal de 150 soles diarios para la limpieza. Cierto lo de los 150 soles, pero no creemos que contaminen sus propias tierras. Afirman quienes conocen la zona que sí puede tratarse de algunos nativos “acriollados”, que estarían siendo pagados por terceros. Y que ya están identificados. Es vital una política social de la empresa para terminar con el vandalismo.
Para concluir, el gobierno debe explicitar que las facultades legislativas para Petroperú no tienen el objetivo de tercerizar el ONP (proyecto Meléndez), sino fortalecerla con una inyección de capital para su mejora y mantenimiento, lo que debe ser certificado por una auditoría técnica independiente. La suspensión del serivicio del ONP –que es el eje de todo un desarrollo petrolero de carácter estratégico– afecta profundamente a todo Loreto, que ya casi no tiene canon, lo que va a activar protestas sociales. También que se activará el financiamiento de Talara y su acceso a los lotes petroleros (Lote 64 y Lote 192), tema que no hemos tratado aquí.
En esa línea, y con una reingeniería de Petroperú, se podrá plasmar el consenso positivo de largo plazo para Petroperú, como en Colombia y Chile. Y la campaña de desprestigio, que oscila entre la ignorancia y el complot, podrá ser superada.
El gobierno ha solicitado facultades delegadas para reorganizar Petroperú, la empresa de mayores ventas del país propiedad del Estado. La excusa son los derrames del Oleoducto Norperuano (ONP). A esta solicitud se ha sumado toda la campaña promovida por el decano de la prensa nacional y otros medios contra la empresa. Se trataría, en la versión máxima, de desaparecerla como empresa pública y abastecer toda la demanda de productos petrolíferos nacionales por productos importados y en el escenario mínimo dejarla como empresa refinadora sin poder participar en las actividades de explotación de hidrocarburos (upstream). El gobierno pareciera va por el objetivo de circunscribirla a la actividad menos rentable de la actividad que es la refinación de petróleo, impidiéndole que participe, como dispuso el Congreso de la República, en el Lote 192. Asimismo, eliminar de una sóla vez la posibilidad en participar en el Lote 64 donde se tiene socio (Geopark) que asumiría integramente la inversión a cambio del 25% del crudo. Este contrato que no puede ejecutarse por el MEF tiene casi tres añosde antiguedad. Ambas alternativas serían funestas para la empresa y la economía nacional.
Es obvio que todos estamos en contra de que se afecte el ambiente y las condiciones de vida de las poblaciones por culpa del ONP. La petrolera debe evitar cualquier derrame, actuar rápidamente, remediar y compensar adecuadamente por los daños directos e indirectos que se produzcan. Se debe mejorar de manera drástica el mantenimiento del ONP, las relaciones con las poblaciones por donde este atravieza y establecer con estas comunidades adecuados sistemas de vigilancia ciudadana y supervisión. Sin embargo, no se debe olvidar que más de la mitad de los derrames se han producido por daños de terceros, leáse atentados o intentos de robo en la costa. Este es un tema que se coloca en letras pequeñas en la prensa o simplemente se omite. La semana pasada arreció esta campaña en contra de la empresa. Hubo un editorial de El decano, una respuesta a a una carta de rectificación, una entrevista a un nuevo importador de combustibles y ayer domingo los resultados de una encuesta donde “el 82% de las personas señalan que debe reorganizarse Petroperú”.
De partida, es interesante señalar que este “gran porcentaje de la población” que señala que la empresa debe reorganizarse no es del 82%. En realidad, como dice la letra chica de la interrogante, este porcentaje se calcula sobre el total de entrevistados que están enterados de que el Presidente del Consejo de Ministros ha solicitado facultades legislativas al Congreso. Al respecto, sólo 30% señaló que si está enterado de esta solicitud, por lo que el porcentaje de la población que avalaría la reorganización de la empresa es sólo del 82%* 30%= 24.6% del total de los entrevistados. Este resultado habría que contrastarlos con dos encuestas previas encargadas a la misma empresa encuestadora hace cinco y cuatro años atrás donde más del 60% de los entrevistados señalaban que la empresa petrolera estatal debía mantenerse y fortalecerse.
El tratamiento maniqueo de la información fue extremo en el caso de la entrevista al gerente general de la empresa importadora de combustibles. Esta fue publicado el día jueves 15 de setiembre (p.19). De arranque el titulo resaltó que la refinería de Talara era una incognita. Gran mentira, ya que todos los detalles técnicos del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT) son totalmente transparentes, mismos que se han explicado en muchas oportunidades y que pueden consultarse en la página web de la petrolera estatal. De ahí se dijo que la refinería de Talara no podría procesar crudo pesado de la selva peruana. Otra gran mentira, ya que precisamente uno de los objetivos clave del PMRT es eso. La siguiente mentira fue que Talara no ampliaría la capacidad de producción. Falso, aumentaría en 30,000 barriles diarios. Se dice el Estado subsidia sus inversiones. Falso, el que se ha endeudado es la empresa petrolera estatal, no el Estado y efectivamente va a haber crédito garantizado a la empresa cuyo accionista tiene la obligación de capitalizarla. ¿Cómo hace la inversión el sector privado con sus empresas?, ¿acaso no hay créditos y aportaciones de capital?, ¿por qué si puede hacerlo el sector privado porque no lo haría el Estado?, ¿todo esto no lo concoe acaso el periodista de El decano de la prensa nacional?
Llama la atención la insistencia de que “los despilfarros y las multas ” de la empresa los pagan los contribuyentes. Gran mentira, que se resuelve con conocimientos básicos de contabilidad. Los pagos corresponden a la empresa, no al gobierno. La empresa no ha recibido sol alguno, por el contrario ha sido descapitalizada con la enajenación de sus activos en los últimos treinta años (esta no recibió dinero algunos por las privatizaciones y otras deudas pendientes). Por otra parte, se repite insistentemente sobre una pérdida de S/. 200 millones, cuando en los últimos diez años no habido perdida alguna, sino al contrario utilidades, a excepción de ese número en un año particular. En estos números no hay ideología alguna, son números. Asimismo, no se dice que Petroperú ha sido históricamente más rentable que Relapasa (Refinería La Pampilla) que incluye otros negocios. También se olvidan, a pesar de que lo saben, de que el PMRT tuvo en sus escenario financiero más castigado una tasa interna de retorno financiera (TIR) del 9.6% a 25 años por encima del costo de oportunidad del capital.
Reorganización a cargo de expertos
Es inaceptable que el gobierno pretenda “reorganizar” Petroperú en 120 días. Ni este ni el Directorio tienen conocimiento alguno de la actividad de hidrocarburos y menos en la compleja actual coyuntura internacional a nivel macro y sectorial. El Congreso debe denegar el otorgamiento de las facultades delegadas en el tema. A propósito, no nos oponemos que se realice una reorganización, pero esta debe darse a partir de empresas y voces expertas. Debe recordarse que de acuerdo a la Ley 30130 se contrató una empresa de consultoría internacional Wood Mackenzie que estableció un diagnóstico y propuestas integrales para la empresa: estratégicas, administrativas, operativas y financieras (2014). Eso es lo que debe aplicarse que incluiría, como en toda empresa internacional, la participación inmediata en la explotación de petroleo: lotes de Talara, Lote 64 y 192.
Efectivamente el tema del ONP debe ser abordado de manera explícita para plantear las soluciones técnicas que correspondan. La operación del ONP es onerosa para la empresa, ya que esta se realiza en promedio al 10% de su capacidad instalada; asimismo hay que agregar los gastos de mantenimiento mayor en proceso. En realidad el ONP debe ser considerado en el marco del artículo 18 del Estatuto Social de la empresa como una función social de Petroperú que debería ser financiada por el gobierno, ya que todo el crudo transportado corresponde a terceras empresas de las cuales la petrolera estatal no realiza aprovechamiento alguno. Sólo cuando se termine el PMRT se podría aprovechar el petroléo crudo del Lote 64, 192 y el crudo pesado de los otros productores de la selva. ¿por qué hay subsidios cruzados a favor de las empresas privadas?, ¿si estos existen no deberían estar a cargo del gobierno?
Por último, solo seis interrogantes finales. ¿Que ocurriría con el valor agregado generado en el país si se dejara de refinar localmente y se importaran todos los productos petrolíferos (estamos hablando entre 0.5 y 0.6% del PBI anualmente)?; ¿por esta mayor importación bajarían los precios finales a los consumidores locales?; ¿no sería esta una estrategia de reprimarización de la economía peruana?; ¿qué ocurriría con los encadenamientos productivos locales si se importa todo?; ¿cuál sería el balance total en términos del empleo?; ¿no sería acaso la misma estrategia que aplica la tan criticada economía venezolana de importarlo todo en lugar de producir internamente?
