La gobernadora Lucía Corpacci calificó como "grave" la decisión del CD de Andalgalá de prohibir la minería a cielo abierto. A su vez, les cargó la culpa a los ediles que aprobaron la ordenanza por las pérdidas de trabajo que podría haber en el sector minero si no se concreta el proyecto Agua Rica.

Corpacci realizó estas declaraciones en el acto donde se impuso el nombre de "Abraham Lejtman" al Laboratorio Central del Ministerio de Salud. También, entregó un equipo de alta tecnología, indicó El Ancasti.

En diálogo con la prensa, la primera mandataria indicó que lamenta que  "se tomen esta decisiones que en realidad son anticostitucionales".

"Está el comentario que se lo hace para llamar la atención del Gobierno. Si tomaron decisiones tan drásticas solamente para llamar la atención es grave, porque hay otros mecanismos", consideró. 

También señaló: "Nosotros venimos trabajando en una época difícil donde se está terminando un yacimiento importante como Alumbrera, que va a significar mucha gente sin trabajo si no encontramos otro emprendimiento.  Hay emprendimientos que van a empezar pronto, pero el más grande es Agua Rica". 

Volvió a cargar contra los concejales al señalar que "si esto se hace para llamar la atención al Gobierno se confunden, porque esta Gobernadora va a estar tres años más pero Catamarca tiene que seguir creciendo y los que se perjudican son los catamarqueños".

"Hay que hacerse cargo de todas personas que van a quedar sin trabajo, porque no se puede, por una cuestión personal, tomar decisiones tan drásticas. Uno puede estar enojado pero siempre hay que poner el bienestar de la Provincia", lanzó. 

Más adelante, recordó que "durante muchos años no se utilizó el dinero de regalías cómo se debía". En esa línea, sostuvo que "fue este gobierno el que reglamentó el uso de los fondos de regalías porque son recursos que se agotan y tienen que ser utilizados en obras que perduren para la sociedad". En ese marco, también cuestionó al intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, al sostener que "hay que recordar que el intendente es el que presentó un amparo ante la Corte, que no le dio lugar, por lo que pudo hacer uso de ese dinero como quiso". 

Finalmente, resaltó que desde su gobierno "se estableció una relación distinta con las empresas". 

"Hemoshecho que paguen canon de agua, que contraten catamarqueños, que sea una actividad controlada en lo que hace al impacto ambiental. Hemos trabajado con una enorme responsabilidad", dijo.

La Secretaría de Estado de Minería reiteró una vez más que la información sobre la temática minera de la provincia es pública y que está a disposición de cualquier ciudadano que así lo requiera.

En este sentido, el titular del organismo, Rodolfo Micone, remarcó que en todo momento se mantuvo y mantiene las puertas abiertas para dialogar con los distintos actores, tanto públicos como privados. Confirmó que esta política de comunicación es implementada sin excepción y que siempre se respondieron  requerimientos y consultas efectuadas.

Tal es el caso del Concejo Deliberante de Andalgalá y sus integrantes, con quienes Micone mantuvo una serie de reuniones desde que asumió su gestión. La última de ellas fue el 5 de agosto pasado, con los concejales Gustavo Álvarez y Juan Gerrero, de la que participó también el secretario de Asuntos Municipales, Gustavo Aguirre y donde se trató –entre otros temas- el monto de regalías mineras que recibió el departamento y los proyectos que pueden ejecutarse a partir de la reglamentación de la ley 5128 y el decreto 202/13 del Gobierno de Catamarca, tal como se informó oportunamente. 

Por otra parte, con anterioridad, se había invitado a diversos representantes de la comunidad andalgalense, entre ellos los concejales, para participar de la jornada informativa que se llevó a cabo el 2 de junio sobre cierre de mina; disertación a la que concurrieron actores de diversos ámbitos (judicial, legislativo, organismos públicos, empresas privadas, colegios profesionales, medios de comunicación), tanto del oficialismo como de la oposición. No obstante dicha invitación, se elevó al CD, a través del concejal Gustavo Álvarez, la documentación requerida y la información expuesta en esa jornada informativa.

“En abril de 2012 presentamos en el Concejo Deliberante de Andalgalá el proyecto Agua Rica y explicamos claramente lo que pasaba con el  proyecto, que en su momento la Secretaría de Minería había suspendido los trabajos que se podían llegar a hacer porque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) carecía de fundamentos técnicos, y efectivamente más adelante emitimos la resolución dando de baja ese Informe de Impacto Ambiental. Es decir que desde  2012 el Concejo ya estaba al tanto de lo que sucedía con Agua Rica”, recordó Micone.

“Cuando asumimos esta gestión encontramos que la gente no tenía información, no sabía qué pasaba con la minería y decidimos abrir los centros de control en Andalgalá, Santa María, Belén, Tinogasta, Antofagasta de la Sierra, y además estamos en todos los lugares de la provincia. Es decir, la información está a disposición de cualquiera ciudadano y sobre todo del CD. Así que por esto (la ordenanza de Andalgalá que prohíbe la minería a cielo abierto) deberán dar explicaciones los concejales porque se les dio información a todos, se los atendió a todos en tiempo y forma y se les prestó toda la atención que ellos han necesitado.Hemos trabajado también en el decreto de reglamentación del uso de las regalías, hemos hablado de los estudios de impacto ambiental que estábamos por hacer… A mí me sorprendió esta situación, pero son los concejales los que deben dar explicaciones sobre qué hicieron con la información que les dio la Secretaría”, apuntó el funcionario.

Consecuencias

Micone no descoció el impacto que puede tener en la actividad la ordenanza del municipio de Andalgalá -“todas estas cuestiones causan algún ruido”, consideró- pero destacó el hecho de que “Catamarca es minera, tenemos muchos recursos minerales, estamos trabajando en toda la provincia para poner en valor esos recursos. Una de las empresas más importante del mundo en el tema litio ya está en Catamarca, en Antofagasta, junto con otra operadora, FMC, también tenemos dos proyectos más con factibilidad en esa zona.Estamos trabajando arduamente para que la minería sea el desarrollo de la provincia y creo que en algún momento nos tenemos que sentar nuevamente con los concejales y la comunidad de Andalgalá para conversar sobre esto. Pero hay que ser concretos, en Agua Rica no se está haciendo absolutamente nada, hace muchos años que no se hace nada”.

Trabajo conjunto

Por último, el secretario de Minería destacó el trabajo que desde el organismo se realiza con los  intendentes de Santa María, Tinogasta, Fiambalá, Belén, “para el desarrollo la minería con las herramientas que tenemos y de acuerdo la ley, como corresponde, haciendo las audiencias públicas, presentando los informes de impacto ambiental a la comunidad para que sean evaluados en conjunto”. Y remarcó la buena recepción por parte de los intendentes, quienes “ven con buenos ojos cómo se está fijando la política minera”. 

Luego de que se promulgara la ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en Andalgalá, intendentes tanto del Frente Cívico y Social como del Frente para la Victoria salieron a cuestionar la decisión delos concejales y del jefe comunal de ese municipio, Alejandro Páez.

En este sentido, el intendente de Belén (FCyS), Daniel Ríos, aseveró que hubo una falta de “coherencia” por parte de Páez, yconsideró que la norma puede traer consecuencias para toda la provincia.

“Nos preocupa mucho esta situación. Ya tenemos muchos problemas con el cierre de mina y esta ordenanza nos deja con una total incertidumbre. Si no hay futuro minero, hay que analizar las consecuencias que habrá en el futuro, la mano de obra que quedará desempleada”, arremetió el jefe comunal de Belén

De igual modo, manifestó que “si una sociedad no acepta los emprendimientos mineros, tampoco debería haber aceptadolos fondos de regalías mineras que recibió durante tanto tiempo”. “Nos parece que son incoherentes en este sentido”, apuntó.

Por último, el intendente radical indicó que “no creo que toda la sociedad andalgalense opine lo mismo”, y que la ordenanza “puede ahuyentar a los inversores”.

“Ambientalistas somos todos”
Por su parte, la intendenta de Fiambalá del Frente para la Victoria, Roxana Paulón, también cuestionó la ordenanza antiminera, y señaló que lo ocurrido en Andalgalá “es una locura”.

“Uno siente que se levantan las banderas antimineras sin mucho conocimiento”, remarcó.

“Se dicen ambientalistas,pero ambientalistas somos todos, porque todos queremos cuidar nuestro ambiente. La ordenanza de Andalgalá es una locura, lógicamente podría ahuyentar inversores. Pero si todos tomamos el papel que nos corresponde, no tenemos por qué estar hablando de contaminación. Debemos instruirnos y acompañar. El desarrollo de los pueblos llegará con el de la minería, pero entendemos que hay que ser respetuosos de todas las opiniones”, arremetió la jefa comunal oficialista.

Recordemos que días pasados, el intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, del FCyS, promulgó la odenanza antiminera aprobada en el Concejo Deliberante de ese municipio.

En la oportunidad, indicó que “hay mucha desinformación al respecto”, y aclaró que la prohibición sólo incluye los proyectos ubicados en cercanías de la cuenca del río Andalgalá. Admitió que la suya es “una postura complicada”, y dijo que se consideró a la ordenanza legal “porque actúa según manda nuestra Carta Orgánica”. “Creemos que las condiciones para la explotación de Agua Rica no están dadas”, expresó el jefe comunal.