Los parlamentarios de la Comisión de Defensa afirmaron que es necesario derogar la Ley Reservada del Cobre, luego de que el comandante del jefe del Ejército, Humberto Oviedo, afirmara que hay que solucionar el problema, pero sin vulnerar los derechos de las Fuerzas Armadas.
El ministro de Defensa Nacional, José Antonio Goméz, aseguró que como Gobierno están evaluando como financiar a las Fuerzas Armadas del ejército, ya que, para que exista soberanía es necesario buscar una solución adecuada.
En la misma línea, el diputado del Partido por la Democracia, Guillermo Ceroni, afirmó que es necesario reformar esta ley y transparentar los gastos de las Fuerzas Armadas. Además, aseguró que en un país democrático no puede existir una ley que se base en el ocultismo, según lo informado por BioBio.
Todo esto en medio de la polémica de la presunta estafa del Ejército, indagada por el mismo comandante, Humberto Oviedo, ya que se determinó una pérdida de 5 mil millones de pesos desde la institución.
Septiembre es un mes complejo para el Ejército. Junto con conmemorar su aniversario -este año cumple 203 años de funcionamiento-, el país recuerda el Golpe de Estado.
Es en este contexto que el general Humberto Oviedo se refirió a las críticas de algunos sectores que hablan sobre la poca entrega de información que la institución ha dado a las diferentes investigaciones sobre delitos vinculados a derechos humanos y crímines de lesa humanidad. Al respecto el uniformado señaló que "el Ejército no acepta ni va a generar pactos de silencio por ningún motivo", enfatizó el militar en El Mercurio.
Oviedo también se refirió al momento que está enfrentando el ex comandante en jefe,Juan Emilio Cheyre, quien enfrenta cargos por el caso Carabana de la Muerte. "Es importante respetar la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso. Y como institución hemos prestado y seguiremos prestando toda la colaboración en las causas", sentenció el general.
La máxima autoridad del Ejército habló también sobre el financiamiento del sistema de armas y la polémica Ley Reservada del Cobre. Al ser consultado sobre si está de acuerdo con una posible derogación, el general señaló que "hay que mirarlo sin apasionamientos ni entrar en casuísticas de contingencia que pueden afctar la discusión" y agregó que "lo importante es no vulnerar las capacidades militares que Chile ha dado a sus fuerzas armadas".
El general también indicó la importancia de que los sistemas de defensa nacional cuenten con recursos que estén ajenos a la discusión del presupusto nacional y comentó que es una situación que se ha dado a lo largo de toda la historia. "En algún momento fue el salitre, en otros impuestos a la tierra, es decir, siempre ha habido una forma de financiamiento extra, por la complejidad de los ciclos que tienen los sistemas de armas", detalló.
Más de 5 mil millones de pesos fue la pérdida que registró la institución y el país el fraude al ejército, más conocido como "milicogate" y que le ha costado críticas a todas las fuerzas armadas por el mal uso de los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.
El general fue consultado sore los planteamientos de algunos parlamentarios pertenecientes a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y desde donde se ha planteado que se atribuyeron responsabilidades solo a personas con rangos inferiores. Al respcto, Ovideo señaló que "hay que esclarecer a la comunidad que no hay ninguna restricción ni secretismo respecto de posibles responsabilidades que puedan tener distintos niveles de mando" y agregó que "más del 50% de los 31 que enfrentan cargos son oficiales superiores y jefes. Hay amplitud de responsabilidades".
El comandante en jefe se refirió también a la situación del penal Punta Peuco, donde hoy se encuentran algunos militares condenados por delitos vinculados a vulneración a los derechos humanos durante el golpe. Respecto del debate que se ha generado sobre la necesidad de cerrar el centro de reclusión, el uniformado señaló que "es un penal que cumple con las medidas de seguridad".
Humberto Oviedo comentó la salida humanitaria que han solicitado algunos parientes, argumentando que algunos ex uniformados estarían presentando enfermedades graves. Al respecto, Oviedo señaló que "desde el punto de vista humanitario nadie se puede restar a una mirada de análisis de aquello", concluyó.
Cuarenta años después de que la dictadura de Augusto Pinochet promulgara la llamada Ley Reservada del Cobre, que otorga a las Fuerzas Armadas de Chile el 10 por ciento de los ingresos de la principal empresa cuprífera del mundo, arrecian las voces que exigen la derogación de esta controvertida norma.
Este mecanismo con el que se financian las Fuerzas Armadas, y que actualmente está en entredicho a raíz de un millonario desfalco, nació en 1958, cuando la minería del cobre era privada.
Pero fue la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) la que en 1976 profundizó en su alcance, al vetar su acceso público y dotarlo de un mínimo anual de 90 millones de dólares.
En virtud de esta ley, las tres instituciones castrenses (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) se reparten proporcionalmente el 10 por ciento de las ventas de la empresa estatal Corporación Minera del Cobre (Codelco), la principal productora mundial del metal rojo.
Pero en 2003, con el precio del cobre por las nubes, el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) decidió modificar el sistema de recaudación de las Fuerzas Armadas al establecer que los ministerios de Hacienda y de Defensa controlaran esos fondos.
Desde entonces, las Fuerzas Armadas reciben un monto específico para proyectos previamente autorizados por el Gobierno, y los excedentes se acumulan en un fondo destinado a usos civiles, como la reconstrucción de ciudades dañadas por catástrofes naturales.
Desde 1995 hasta los primeros seis meses de 2015 el monto entregado a las instituciones castrenses alcanza a 17.127 millones de dólares.
En la primera mitad de este año, el 93 por ciento de la aportación de Codelco al fisco, equivalente a 529 millones de dólares, se ha destinado a las Fuerzas Armadas.
Aunque la cifra pueda parecer significativa, es un monto bajo si se compara con la asignación de años anteriores. La drástica caída del precio del cobre, el alza del dólar y la volatilidad de la economía mundial son las razones de esta disminución de la recaudación.
La compañía estatal afronta actualmente la necesidad de invertir 12.000 millones de dólares en proyectos estructurales para modernizar la explotación de los yacimientos a fin de aumentar sus niveles de producción, que alcanzan 1,7 millones de toneladas anuales.
Codelco, cuyas ventas sumaron 13.827 millones de dólares en 2014, ha ajustado su plan de inversiones para dar prioridad a los proyectos más avanzados.
Además de las necesidades de inversión de la minera, la Ley Reservada del Cobre se encuentra en entredicho a raíz de varias operaciones de desfalco con ese fondo valoradas en más de 5 millones de dólares cometidas por oficiales y miembros del Ejército durante el Gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014).
El Ejecutivo de Michelle Bachelet se ha comprometido a modificar la ley y establecer un presupuesto plurianual para dotar de recursos a las Fuerzas Armadas, pero el asunto avanza lentamente.
En diciembre de 2015, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, anunció que el Gobierno estaba trabajando en la elaboración de un nuevo mecanismo que aseguraría la financiación para la defensa de Chile y dotaría a las Fuerzas Armadas de un presupuesto garantizado hasta 2026.
Pero en julio de este año, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, declaró ante una comisión parlamentaria que investiga la apropiación indebida de fondos procedentes de la Ley Reservada del Cobre que su modificación "no es una prioridad de corto plazo", porque el Ejecutivo en este momento está "centrado en otras cosas".
El jefe de las finanzas públicas también arrojó un balde de agua fría sobre la propuesta del presidente del Consejo de Administración de Codelco, Óscar Landerretche, de reinvertir en la minera los recursos que actualmente son destinados a las Fuerzas Armadas.
Y aunque su colega de Defensa sigue pensando que la Ley Reservada del Cobre debe ser "modificada o derogada", ahora admite que la financiación de las Fuerzas Armadas "no puede discutirse a la ligera" y sin establecer primero cuál debe ser el nivel de los gastos militares.
Algo bastante complicado considerando que se trata de un asunto especialmente controvertido tanto para los parlamentarios oficialistas y opositores como para el propio Gobierno, y que además los planes de defensa suelen superar los cuatro años del mandato presidencial.
También en el estamento militar han surgido voces que advierten sobre las consecuencias de una eventual derogación la Ley Reservada del Cobre.
El comandante en jefe del Ejército, Humberto Oviedo, considera que "hay que ser muy cuidadosos en el mantenimiento de la capacidad militar", porque "los ciclos de sistemas de armas implican recursos que tienen que estar ajenos a la discusión del trámite de presupuesto anual".
Cualquiera que sea el sistema de financiación, "no puede poner en peligro la capacidad militar para la defensa del país", porque "es peligroso" necesitar el equipamiento militar y no disponer de él, advierte el jefe castrense.
