En un giro abrupto a la tradicional política energética bilateral, el gobierno del presidente Michel Temer afina una estrategia para relegar la participación de Petrobras en el mercado brasileño y perfila un nuevo contrato por la mitad del volumen de gas natural que actualmente importa de Bolivia, además de otros tratos menores con consumidores privados.
El Gobierno Federal de Brasil viene considerando en firme la creación de un Operador Nacional del Mercado del Gas, similar al Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS) que controla actualmente su flujo de energía. De este modo, el Ejecutivo podrá controlar y regular el mercado del gas del vecino país, según informó la Folha de Sao Paulo.
“Ya se informó al mercado que (Brasil) no renovará totalmente el contrato de importación de gas de Bolivia, que expira en 2019”, subraya la investigación de la periodista Nicola Pamplona que cita fuentes gubernamentales creíbles que participan de las tratativas iniciadas hace varias semanas.
De acuerdo a los informes anticipados, “la expectativa es que la compañía reduzca a la mitad el volumen contratado con el país vecino (Bolivia), actualmente de 30 millones de metros cúbicos por día (MMmcd), equivalentes al 37,5 por ciento del consumo diario del Brasil”.
“En medio de las negociaciones sobre la renovación del contrato de importación (de gas) con Bolivia, la estatal brasileña ha señalado que no va a tomar más la delantera en la mesa de negociación y será, del gobierno y los actores de la industria, la tarea de negociar, directamente, con los bolivianos, la extensión de los contratos que expiran en 2019”, expuso, el periódico Valor Económico del Brasil, ya hacia fines de julio.
Según este medio, la idea de Petrobras es no asumir más los riesgos de importación de Bolivia pues en la actualidad es quien compra y entrega gas a los distribuidores brasileños, asumiendo no solo la tarea de asegurar el abastecimiento del mercado interno sino también los riesgos asociados con la cláusula “take or pay” del contrato que establece volúmenes mínimos de compra de gas de 24 MMmcd.
Actualmente, la estatal brasileña sustenta prácticamente el monopolio de la producción y el transporte de combustible y gestiona los flujos de gas entre los campos de producción y los mercados de consumo, a través de su centro de control y operaciones en Río de Janeiro.
En Brasil, las principales entidades de regulación energética, avanzan analizando la factibilidad de autorizar directamente a los distribuidores de gas natural y a las grandes industrias de consumo, la negociación de nuevos contratos de consumo para el gas boliviano.
“Los distribuidores de gas y las industrias de consumo se preparan para negociar directamente los contratos con el Gobierno de Bolivia, para la próxima década”, apunta el diario paulista.
Los consumidores Sulgás (RS), SCGás, Compagas (PR) y MSGás (MS) ya han comenzado a organizarse para negociar con Bolivia. “Hoy en día tenemos una relación comercial con un suministrador, Petrobras. A partir de 2019, habrá otros jugadores como YPFB”, acota Cosme Polese, presidente de SCGás.
En este sentido, los contactos con Bolivia comenzaron hace meses e involucran también al Ministerio de Minas y Energía.
Rudel Trindade, presidente de MSGás, ve conveniente que el acuerdo con los bolivianos avance rápidamente. “Nuestros clientes están pidiendo más gas. Es por eso que estamos trabajando para tener lo más antes posible una definición. Para asegurarse que el cliente pueda firmar un contrato durante muchos años, a un precio tal, mejor”, subrayó.
En Brasil se alistan una serie de cambios para “preparar el mercado para la salida de Petrobras del sector”, en el marco de un millonario plan de desinversiones que se viene ejecutando mediante una serie de recortes, venta de activos y negocios, dentro y fuera de Brasil.
En paralelo, el Estado brasileño viene “negociando la venta de sus terminales de la red de gasoductos y la importación de gas”.
La idea de introducir el operador del gas, en consenso con el mercado está relacionada a la necesidad de reducir los riesgos para los nuevos proveedores, según trascendió de las negociaciones que hasta ahora se llevan adelante, en reserva.
Las directrices para ejecutar el paquete de nuevas medidas en Brasil serán presentadas al mercado a fines del mes de septiembre, mediante una propuesta de resolución del Consejo Nacional de Política Energética (CNPE).
“En un entorno con múltiples operadores y proveedores de gas, se necesita un sistema de organización”, indicó el consultor Marcio Balthazar de Gas Natural quien adujo que el futuro operador además de configurar los flujos de gas, de acuerdo con los contratos, actuaría como centro de intercambio y coordinación de las operaciones de compra y venta.
“Una empresa va a inyectar gas a Rio (de Janeiro) para la venta a los clientes en Río Grande Do Sul, pero no es el mismo gas para llegar allí. Tienes que tener a alguien para administrar esta compensación”, ejemplificó el experto.
En concordancia, la Asociación Brasileña de Grandes Consumidores de Energía (ABRACE), anticipa que otra misión de la nueva entidad será regular y garantizar el acceso no discriminatorio de los nuevos proveedores al gasoducto, además de planificar la expansión a la red de ductos.
Los grandes consumidores de gas argumentan que la figura del operador nacional ya se utiliza en países de Europa como Inglaterra, España y Noruega.
Aunque aún no existen mayores definiciones sobre el nuevo ente del gas, así como la forma en que será financiado, se conoce que la CNPE está discutiendo lo pormenores con los partícipes del mercado, los cuales podrán realizar sugerencias en una audiencia pública fijada para octubre.
En la actualidad, un paquete de medidas para el sector energético brasileño está siendo estudiado por un grupo de alto nivel formado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil, en coordinación con la Empresa de Investigación Energética (EPE) y la Agencia Nacional del Petróleo (ANP).
Este equipo de evaluación fue creado por el Ministerio de Minas y Energía, a fines de junio de este año, en el objetivo de “mitigar riesgos de orden regulatorio y desestimar obstáculos innecesarios a la entrada de nuevos agentes”, según una nota oficial.
En este contexto, el gobierno del presidente Michell Temer apura la consecución de lo que se ha denominado un multimillonario mega plan de privatizaciones y concesiones destinado a reactivar la deprimida economía brasileña, propósito oficial que prioriza el rubro de hidrocarburos y energía.
El contrato Gas Supply Agreement (GSA) de compra venta de gas que sustentan YPFB y Petrobras, desde 1996, estipula la entrega de un volumen mínimo de 24 MMmcd y un máximo de 33 MMmcd. Aunque en los últimos meses, las nominaciones diarias de Bolivia oscilaron entre 24 MMmcd a 27 MMmcd por dificultades en la producción.
El GSA concluye en 2019 y establece un periodo de conciliación que podría extenderse por otros dos años, en los cuales se negociarán los nuevos términos y condiciones para la comercialización del energético en función de las reservas probadas de Bolivia.
Una comitiva de Petrobras, arribará a La Paz el 15 de septiembre, a La Paz para negociar la “ampliación” del vigente contrato de compra venta de gas natural con Brasil. Estas tratativas estarían destinadas a compensar los volúmenes máximos no tomados por Brasil en los últimos años, en función de las cláusulas contractuales de garantía.
El encuentro adquiere particular expectativa en medio del impasse diplomático suscitado entre Bolivia y Brasil, hace poco, a raíz del denominado “impeachment” que destituyó a la presidenta Dilma Rousseff y consolidó la administración de Michel Temer. La protesta del gobierno boliviano, junto a Venezuela, Ecuador y Cuba, motivó la convocatoria de sus embajadores para consultas. Similar procedimiento fue adoptado por el Estado brasileño.
Poco después, el canciller de Brasil José Serra salió al paso advirtiendo que “Bolivia se dio un tiro en el píe”. Asimismo, señaló que la reacción boliviana tenía el objetivo de distraer sobre problemas internos y sugirió a las autoridades bolivianas “aprender de la experiencia democrática brasileña”.
El Canciller David Choquehuanca, considera que ”no se debe ser tan pesimistas sobre la relación con el Brasil”. Calificó como apresurada la reacción de su homólogo brasileño y mencionó la necesidad de trabajar mancomunadamente en temas trascendentes de la agenda bilateral como el energético, entre otros. Optimista, anticipó que Brasil respetará el contrato vigente.
Por su parte, el Ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, piensa que existen avances importantes en la renovación del contrato. En tanto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá considera que la situación política brasileña “no afectará las negociaciones para ampliar la venta de gas”.
